Tómelo con reserva, pero al más alto nivel del gobierno se analiza la posibilidad de que, dentro de un paquete de ajustes en el gabinete que se anunciaría pronto, Marcelo Ebrard deje la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacerse cargo de la de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de Alfonso Durazo.
El remplazo tendría el objetivo de aprovechar el fluido canal de comunicación que Ebrard ha construido desde la Cancillería con el gobierno de Estados Unidos –tras la aceptación mexicana de control migratorio para evitar la imposición de aranceles estadounidense– a fin de frenar, si no la inminente designación de terroristas de los cárteles mexicanos de la droga –anunciada por Donald Trump la semana pasada–, sí las operaciones militares y policiacas del vecino país en nuestro territorio que Washington reclamaría luego de tal declaratoria, de acuerdo con sus leyes.
Claro que estaría en sus atribuciones hacerlo desde su actual puesto, pero un eventual relevo –explican las fuentes consultadas– es bien visto o hasta sugerido por el Ejército y la Armada, donde no ha resultado fácil la relación con Durazo quien, por ley, está al frente de la recién creada Guardia Nacional conformada en su mayoría por militares, y menos después de los errores cometidos y reconocidos por el secretario de Seguridad y el alto mando de las fuerzas armadas, durante la abortada detención de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” en Culiacán, el pasado 17 de octubre.
Al tristemente célebre “Culiacanazo” siguió la masacre de nueve integrantes de las familias Le Barón y Langford (seis niños y tres mujeres) ocurrida el 4 de noviembre en Bavispe, Sonora. Bryan Le Barón, quien reside en California, fue quien solicitó a la Casa Blanca, como parte de ese clan mormón de mexicanos-norteamericanos que desde hace años vive en la frontera norte de nuestro país, que declare terroristas a los cárteles mexicanos (https://bit.ly/2RrNMTp). Y en abono a los argumentos esgrimidos en la petición, de que el Estado mexicano enfrenta un enrome desafío de las organizaciones criminales, ocurrió este fin de semana el enfrentamiento armado en Villa Unión, Coahuila, con saldo hasta ahora de 23 muertos.
Trump confirmó la petición de los Le Barón, pero explicó que ya trabajaba en eso desde hace noventa días, mucho antes aún de los críticos hechos de Culiacán. Y es que el proceso para hacerlo es largo y se cruza con las legislaciones de otros países y la internacional. La declaratoria puede tomar hasta seis meses de acuerdo con la Sección 219 del acta o ley de Inmigración y Nacionalidad de EUA que establece el procedimiento para hacerlo y medidas específicas de congelamiento de cuentas y bienes que, ojo, también aplicarían a instituciones empresariales o financieras estadounidenses. (https://bit.ly/2LgvGj6).
Son varias las características enunciadas por esa norma para declarar terrorista a determinada organización. En el caso de los cárteles mexicanos de la droga aplicaría la de que pone en peligro la vida y la seguridad nacional estadounidense (https://bit.ly/361i8jv).
Y la opción de intervenir militar o policiacamente en territorio extranjero es avalada por la Orden Ejecutiva 32224 de la Casa Blanca (https://bit.ly/2OLyU0h), lo que, en términos de derecho internacional, debería estar sometido al visto bueno de la ONU conforme a la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad.
AMLO fijó ya su posición al respecto: cooperación sí, intervencionismo no, lo que cierra la puerta a misiones militares en nuestro territorio, por más quirúrgicas que sean.
La anunciada visita en esta semana del fiscal general estadounidense, William Barr, para tratar el asunto, parece flotar en el aire, embrollado como está en el procedimiento de juicio político del Congreso contra Trump por el Ucraniagate.
Mientras tanto, también se estudia la posibilidad de un plus para la negociación en puerta: entregar en extradición, dentro de los próximos 15 días, a Rubén Oseguera González alias “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La fuente consultada por este reportero no precisó, en caso de que se diese el cambio de marras, a dónde iría Durazo ni quién sustituiría a Ebrard. Éste, por lo pronto, seguiría siendo el apagafuegos de la 4T, una especie de vicepresidente. Pero vivo como es, lanzó ayer este muletazo durante su comparecencia en el Senado: “tenemos mucho presidente, no necesitamos un vicepresidente”.
Instantáneas:
1. NEPOTISMO. Uno de los propuestos para magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (al que le corresponderá sancionar los temas de corrupción) es Alfonso Pérez Daza quien, como consejero de la Judicatura Federal fue señalado como responsable de presionar a jueces y magistrados en diversos asuntos, para favorecer a su pariente Carlos Daza en casos que representó como abogado litigante. Éste último, por cierto, está incluido en la lista de propuestos para ser el primer fiscal general de la Ciudad de México.
2. CURSO COMPLETO. Si lo vemos con perspectiva histórica, el dato no es menor: por primera vez en el año Oaxaca registró un ciclo escolar completo. La suspensión de clases ha sido parte de las herramientas de presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). De ahí que el gobernador Alejandro Murat informe este resultado como: “la gobernabilidad es un hecho que cambia el rostro de Oaxaca”.
3. INCONSTITUCIONAL. A pedido de la Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envió su opinión sobre la llamada Ley Bonilla de Baja California. En ella determina que es inconstitucional que se haya ampliado de 2 a 5 años el periodo del gobernador Jaime Bonilla al violar los principios de certeza en los procesos electorales y no reelección, así como el derecho a votar y ser votado. La Corte estudia las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. (rrodriguezangular@hotmail.com , @RaulRodriguezC , raulrodriguezcortes.com.mx )
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