Hace unas semanas, la Comisión Federal de Electricidad, a través de su filial CFEnergía, presumió con bombo y platillo haber “renegociado” ocho contratos de suministro de gas natural, los cuales, informó, le generaron ingresos por 200 millones de dólares.
Lo que el director general de CFEnergía, Miguel Reyes Hernández, olvidó mencionar es que dichas “renegociaciones” se lograron por medio de amenazas legales y demandas a consumidores privados y usuarios finales de gas, según denunciaron algunas empresas afectadas como Gas Natural Industrial, liderada por Salomón Issa; y Emerging America, de los hermanos Gildardo y Daniel Gutiérrez.
Información llegada a esta columna precisa que la filial de la CFE fundamentó dichas acciones legales en el argumento de que esas y otras empresas no le compraron el gas natural al que se habían comprometido por contrato. Pero el problema, explicaron los quejosos, es que el gas natural que se habían comprometido a adquirir, no podía ser entregado en tiempo y forma, ya que el sistema de ductos para su distribución no había sido concluido en su totalidad. En otras palabras, explicaron las empresas afectadas, CFEnergía los amenazó y obligó a pagar por un producto que no puede ser consumido porque no es entregado.
¿Por qué los ductos no estaban concluidos o su operación suspendida? Se trata, al parecer, de una secuela del litigio que a principios de actual gobierno (febrero de 2019) inició la CFE de Manuel Bartlett contra una serie de contratos para la construcción de gasoductos de empresas como IEnova, TransCanada, Carso Energía y Fermaca.
La construcción de esa red de gasoductos fue concebida durante el gobierno de Felipe Calderón y desarrollada por el de Enrique Peña Nieto para traer gas natural importado en el contexto de la reforma energética. Por contrato, su propiedad quedó en manos de las constructoras y se estableció que la CFE debía pagar rentas crecientes de suministro y penalizaciones, cuando el servicio se suspendiera por razones ajenas a los operadores. Fue el caso de una explosión y de demandas de grupos ambientalistas, que llevaron a la suspensión de la construcción de algunos de los gasoductos y del suministro en el caso de los ya terminados.
El gobierno de la 4T consideró que se trataba de contratos “leoninos”. Su principal argumento fue que en 2018 la CFE tuvo que pagar 5 mil 800 millones de pesos por una infraestructura inconclusa, debido a las llamadas “cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito”. Por eso planteó la modificación de los contratos e incluso amenazó con llevar el caso a panales internacionales de controversias.
Los gasoductos y la CFE finalmente llegaron a un acuerdo (agosto de 2019): rentas parejas, reducción de penalizaciones y acuerdos equilibrados en casos fortuitos y de fuerza mayor.
¿Acaso no se han cumplido esos acuerdos? No, por lo visto. Los clientes de la CFE —según la denuncia aquí presentada— no pueden recibir el gas natural que contrataron por un problema creado cuando comenzó el litigio con los constructores de los gasoductos. Aquel pleito —según la Auditoria Superior de la Federación— acabó siendo más caro para la CFE, pues resultó en un perjuicio para el país de 600 millones dólares, derivado del incremento en costos a valor presente.
Terminó pagando más dinero y sin poder surtir de gas natural a sus clientes.
Tener una concepción distinta a la de la apertura energética es legítimo, pero eso no justifica incompetencia y errores que, por lo visto, se quieren atribuir a los privados. Errores que ahuyentan inversiones y generan desconfianza.
Instantáneas:
1. METRO. Una línea discursiva sostenida por AMLO ha sido la de culpar a los gobiernos anteriores de todos los males que enfrenta el país. A tal recurso también se ha recurrido tras el incendio del sábado pasado en transformadores del centro de mando del Metro que dejó sin servicio hasta ayer a las líneas 4, 5 y 6, y hasta el próximo fin de semana, en el mejor de los casos, a la 1, 2 y 3. Nadie parece poner en duda que ha sido la innumerablemente denunciada falta de mantenimiento la causa de estas graves fallas en el eje del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Si la responsabilidad, como se ha dicho, es de los gobiernos anteriores al que actualmente encabeza Claudia Sheinbaum, la culpa es entonces de las administraciones del propio AMLO, de Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera.
2. TRANSPARENCIA. En medio del debate de la eventual desaparición del INAI y del aserto de la 4T de que es uno de los gobiernos más transparentes del pasado reciente, se atravesó la decisión de reservar por cinco años el contenido de los contratos para la compra de las vacunas contra el virus SARS-COV-2. Cabe precisar en este asunto que son las farmacéuticas las que por contrato obligan a la confidencialidad. El canciller Ebrard explicó que las restricciones de información son exigidas, en este caso, por Pfizer y AstraZeneca, para proteger precios y otros datos en el contexto de la actual pandemia. El gobierno está dando a conocer número de vacunas, sus características y la inversión agregada y, de acuerdo con Ebrard, se darán a conocer los contratos con todas sus características, una vez que se cumpla el término de su vigencia.
3. MADRAZO, ¿CASA-TENIENTE? Buscó la presidencia de la República en 2006 bajo las siglas del PRI, desde donde montó una campaña contra su propio partido: “Dale un Madrazo al dedazo”. En la contienda electoral de ese año, el entonces “partidazo” quedó en tercer lugar por lo que la política jubiló al tramposo maratonista, con su respectiva pensión vitalicia. A Roberto Madrazo hoy se le ve poco en corrillos políticos, pero los enterados aseguran que se dedica, con su hermano Sergio, a la adquisición de bienes inmuebles que los bancos quitan a quienes no pudieron pagar las respectivas hipotecas. Los obtienen a precios de remate y los venden al doble o al triple, o bien los ponen en renta. ¿Será que estamos ante un posible casa-teniente en la Ciudad de México?
4. QUIEBRE. En Oaxaca se resquebraja la alianza PAN-PRI-PRD. Y es que el octavo pleno extraordinario del partido del sol azteca desconoció como director Ejecutivo Estatal a José Julio Antonio Aquino y lo sustituyó por Carlos López Jarquín. El remplazo fue consecuencia de la inconformidad de 76 de los 102 consejeros con la alianza de marras empujada por el hoy sustituido Antonio Aquino quien, se dijo, perdió la confianza de la militancia al aprobar la coalición con el PRI. López Jarquín es hermano del edil de Santa Cruz Xoxocotlán, uno de los principales opositores de la alianza electoral. ¿Se mantendrá a pesar de este quiebre?
5. IZQUIERDA. A pesar de los tropiezos en la designación de algunos candidatos impresentables, Morena no ha dejado a un lado a aspirantes jóvenes y claramente identificados con la izquierda. Uno de ellos es Erick Rafael Valdepeñas, quien fuera coordinador del tema Migrantes y Estados Unidos en el Foro de Sao Paulo celebrado en 2015. Ahora, a sus treinta años, busca ser el próximo diputado federal por el distrito 19 del Estado de México, con cabecera en Tlalnepantla.
