A los indicios de la probable existencia de un nuevo cártel inmobiliario en la alcaldía Álvaro Obregón de la ciudad de México denunciados aquí hace casi un mes por vecinos de la demarcación (https://bit.ly/40Xw8Y5), se sumó esta semana un hecho trágico: Darío Villeda Rodríguez, de 37 años, exempleado de la alcaldía, se suicidó de un tiro en el pecho el pasado miércoles 29 de marzo.
En una nota póstuma y en un dramático video que grabó momentos antes de inmolarse (https://bit.ly/3GbXvpb), Villeda Rodríguez culpó de su fatal decisión a las amenazas de muerte que presuntamente recibió de la alcaldesa Lía Limón y de su directora general de Gobierno, Mariana Rodríguez Mier y Terán, “porque no encontré salida -dijo- del daño que me causaron a mí y mi familia por el simple hecho de denunciar toda la maldita corrupción”.
Antes de quitarse la vida, Villeda escribió una nota póstuma para dejar constancia -según indicó- que Limón y Rodríguez Mier y Terán “fueron las causantes de mi decisión”, para más adelante señalar: “acuso a Mariana (Rodríguez Mier y Terán) por todo lo que se vive en establecimientos mercantiles, en la vía pública y la maldita corrupción en obras, donde cobran hasta medio millón de pesos por tolerarlas”.
Por tales denuncias, Villeda perdió su trabajo en la alcaldía. Su madre asegura que se negó a firmar la conclusión de una obra incompleta (https://bit.ly/40yPTFw). Para dar sustento a su familia puso un puesto de carnitas en la colonia Paraíso, pero las amenazas siguieron, incluso la de clausurarle el negocio ambulante, cosa que ocurrió el pasado miércoles 22 de marzo, una semana antes del suicidio.
La investigación de estos hechos ya está en manos de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, según pidió el pasado jueves 30 de marzo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
Esta columna buscó a la alcaldesa Lía Limón a través de su oficina de comunicación social, para conocer su posición respecto a lo acontecido, sin que hasta el momento de redactarla respondiera a la petición.
Mientras tanto, vecinos de la colonia Jardines del Pedregal, quienes denunciaron la tala de cientos de árboles sobre una superficie de cinco mil metros cuadrados en el número 245 de Avenida de las Fuentes, sitio donde se construye una obra, presumiblemente cinco residencias de súper lujo con estacionamiento subterráneo (todo esto en contra de lo establecido por los reglamentos de construcción de la ciudad), hicieron llegar una nueva queja recibida el pasado jueves 30 de marzo en la oficina de la directora general de gobierno de la alcaldía, Mariana Rodríguez Mier y Terán.
En ella reiteran su inconformidad, “por enésima vez” y señalan que “con la denuncia del extrabajador de esa demarcación y su posterior suicidio por amenazas de muerte de Lía Limón… se corrobora por qué han proliferado construcciones no solo en la colonia Jardines del Pedregal, sino en muchas otras de la alcaldía”.
En el contexto de la pugna política que la panista Lía Limón sostiene con su antecesora Laida Sansores, la hoy gobernadora morenista de Campeche ha hecho públicos señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito y negocios con empresas familiares y fantasma de la alcaldesa en Álvaro Obregón.
Sansores, en su controversial y ya en varias emisiones tendencioso programa de la televisión estatal de Campeche “Martes del Jaguar”, acusó el pasado 14 de febrero a Lía Limón de falsear sus declaraciones patrimoniales y ocultar la adquisición de bienes inmuebles de su propiedad por más de 20 millones de pesos los cuales registró como “donaciones” (https://bit.ly/3KreEOn).
Dos semanas después, el 28 de febrero, la gobernadora morenista también presentó información sobre la asignación de presuntos contratos para la prestación de servicios diversos en la Álvaro Obregón, a la empresa “Soluciones Empresariales Klee, S.A., de C.V.” por más de 22 millones de pesos. Señaló entre varios contratos, el CAPS 2111029, por siete millones 418 mil pesos, para “eventos de Día de Reyes con rosca” (31 de diciembre de 2021); el CAPS 2111027, por 399 mil 999 pesos, para adquisición de medicamentos para la población canina, felina y mascotas (15 de noviembre de 2021); y el CAPS 2110001, por 284 mil 922 pesos, para “arrendamiento de logística” (28 de octubre de 2021).
Sansores infirió que se trata de una empresa fantasma, pues en su domicilio fiscal, que no precisó, no existe ninguna oficina y nadie supo dar razón de sus propietarios o representantes legales, según descubrieron empleados de su programa de TV. En su página internet Klee señala como domicilio Coscomate 264, colonia Toriello Guerra, alcaldía de Tlalpan.
Quedamos en espera de alguna declaración o posicionamiento de la alcaldía Álvaro Obregón sobre los señalamientos expuestos.
El incendio a Juárez Tiznó a corcholatas
¡Fue el Estado!, acusaba la oposición, hoy gobierno, en 2005 y 2014, tras el incendio de la Guardería ABC que cobró la vida de 49 bebés en Hermosillo, Sonora y tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, respectivamente.
¡Fue el Estado!, debe aceptar el gobierno de hoy, antes oposición, tras el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez que el pasado lunes 27 de mayo calcinó y asfixió a 39 de los migrantes centro y sudamericanos ahí retenidos.
En este dramático hecho el gobierno de AMLO no tiene para donde hacerse ni en las causas inmediatas ni en las de fondo. Vayamos por partes a partir de lo que se sabe hasta ahora.
Transitar por México sin documentos no es un delito, sino una falta administrativa. Por lo tanto, las estaciones migratorias no son cárceles y la estancia en ellas no es un castigo por haber cometido un crimen, sino una necesidad temporal para que el Instituto Nacional de Migración (INM) pueda resolver la situación migratoria del retenido.
Esa retención temporal obliga a las autoridades al respeto total y absoluto de los derechos humanos de los migrantes. Estos, sin embargo, se quejan de las condiciones de hacinamiento de su retención, lo que ha llevado a que protesten.
Fue una de esas protestas la que llevó -según la secretaría Federal de Seguridad Pública- a que uno de los migrantes quemara una colchoneta, con la intención, por supuesto, que se les desalojara. Pero eso no ocurrió. Los custodios huyeron de las llamas sin abrir la reja a los migrantes, según lo corroboró un dramático video que se viralizó en redes sociales.
A cinco de los ocho presuntos responsables se les dictó el pasado viernes 31 de marzo prisión preventiva acusados de homicidio. Se trata de una mujer y cuatro hombres cuya situación jurídica será determinada por un juez pasado mañana martes 4 de abril.
Son empleados de la empresa de seguridad privada contratada por el INM para la vigilancia de la estación. Esa empresa -de acuerdo con el más reciente informe de la secretaria Rosa Icela Rodríguez- se llama “Grupo de Seguridad Privada CAMSA” con registro el 3 de septiembre de 2020 y permiso vigente hasta febrero de 2024. El contrato firmado con el INM por 460 millones de pesos obliga a CAMSA a proporcionar 503 elementos para 23 Tank.
Acaso por ahí esté el vínculo que tiene, de acuerdo con versiones periodísticas, con Servicios Especializados de Investigación y Consulta (SEICSA), una empresa cuyo propietario sería Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario en México del gobierno del dictador nicaragüense, Daniel Ortega.
¿Por qué no recurre Migración al Servicio de Protección Federal, cuya función sustantiva es precisamente la de salvaguardar instalaciones estratégicas del gobierno? Acaso porque el negocio está con las empresas de seguridad privada, más de cuatro mil 800, muchas sin permisos y sin control, según la propia Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Toda esta cadena de responsabilidad desemboca, incontestablemente, en Francisco Garduño Yáñez, director del INM y señalado, no en pocas ocasiones, de opacidad en el ejercicio de partidas presupuestales adicionales, al amparo de que opera temas de seguridad nacional.
Pero sobre él hay responsabilidades políticas al más alto que incluso alcanzan al propio AMLO, pero que antes pasan sobre dos aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.
Migración depende orgánicamente del secretario de Gobernación, en este caso Adán Augusto López. Pero debe recordarse que convertida en asunto neurálgico en la relación con Estados Unidos, la atención del asunto fue encargada directamente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard quien encabeza la creada exprofeso Comisión Intersecretarial de Atención Integral al Migrante.
Y en el mero fondo del asunto está una política pública, la que resultó de que México aceptara frenar la migración centro y sudamericana en su frontera sur y acoger, temporalmente en la norte a los que Estados Unidos deporta en forma definitiva o mientras resuelve sus peticiones de asilo, a cambio de evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas con que el gobierno del hoy indicado Donald Trump amenazó a mediados de 2019.
Por lo pronto y de todos modos, las llamas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez ya tiznaron a dos corcholatas y marcaron al gobierno de la 4T.
Los consejeros y la corta memoria
Como lo advertimos en esta columna desde el pasado 22 de enero, la elección de cuatro consejeros electorales, incluida la de quien presidirá el Consejo General del INE, se dirimió por la vía del azar, recurso considerado por la legislación correspondiente tras la aprobación de una reforma electoral en 2014 contra la que se oponían quienes hoy gobiernan y promovieron quienes hoy la impugnan.
El proceso pasó por la rigurosa selección de aspirantes de un Comité Técnico que propuso cuatro quintetas que no obtuvieron el consenso de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados bajo el método conocido como “cuotas y cuates”, por lo que tuvieron que someterse a la insaculación.
Fue así que resultó electa como nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, con larga experiencia en la materia, pero con vínculos familiares con personajes de la 4T en Sonora (prima del delegado de Bienestar y tía del anunciado director de la nueva paraestatal Litio por México). El PAN anunció el viernes que impugnará su designación.
Otro impugnado será Jorge Montaño Ventura, fiscal especializado en Delitos Electorales de Tabasco, con sólidos vínculos con el gobierno estatal morenista, no así Rita Bell López Vences, exconsejera del Instituto Electoral de Oaxaca, y Arturo Castillo Loza, secretario de tesis adscrito a la ponencia del magistrado José Luis Vargas.
¿Es posible que haya para esos puestos aspirantes químicamente puros, sin vínculos familiares y políticos?
No, por cierto, y aquí adolecemos de una corta memoria.
Vayamos a 2013, cuando se eligió a tres de ellos: Lorenzo Córdova, María Marbán y Sergio García Ramírez. De este último, que finalmente renunció al encargo, eran innegables sus vínculos con el PRI, entre ellos los que habían apuntado su posible candidatura a la Presidencia.
O a 1994, cuando José Woldenberg (el mejor presidente que ha tenido el instituto electoral según opinión de quien esto escribe) y después en 1996 cuando fue electo para presidir el Consejo General. En aquellos ayeres, Woldenberg era pareja de Julia Carabias, secretaria del Medio Ambiente del gobierno del presidente Ernesto Zedillo.
Luis Carlos Ugalde, recién designado presidente del IFE en 2003 durante el gobierno de Felipe Calderón se casó con Lía Limón, hija de Miguel Limón Rojas, secretario de Educación en la administración de Zedillo y hoy panista de prosapia.
Leonardo Valdez Zurita, presidente del órgano electoral de 2008 a 2013, fue militante del Partido Mexicano Socialista (PMS) junto con Woldenberg. Y así muchos otros personajes que han sido consejeros electorales y antes o después, tenido vínculos y preferencias políticas. Es el caso, por citar a algunos, de Santiago Creel, Alonso Lujambio, Jaime Cárdenas y Virgilio Andrade, entre otros.
Por qué no, entonces, no darle el beneficio de la duda a los recién designados consejeros electorales.
@RaulRodriguezC
