Cierra Chiapas el sexenio en descomposición, como un estado atrapado por la inseguridad, con un gobernador que pasó de noche y que nunca supo entender la diversidad social y cultural de su gente.
La ausencia y las omisiones de Rutilio Escandón complicaron no sólo los añejos conflictos sociales de la entidad del sureste mexicano, sino que cedieron el paso a la delincuencia para que tuviera presencia en todas las regiones de la entidad.
Chicomuselo, La Grandeza, Motozintla y Frontera Comalapa son municipios de la fronteriza región Sierra, que han estado bajo el fuego del crimen organizado, que ha obligado a familias y comunidades a huir en desplazamientos masivos para salvar la vida.
Y a esa violencia criminal del narcotráfico se ha sumado la de los conflictos sociales con saldos fatales en comunidades como Tila, Chenalhó y Pantelhó donde en los últimos días fueron emboscados por un grupo armado los indígenas Ramiro Ruiz y Tomás Hernández.
Tila es otro ejemplo de la descomposición agravada por la inacción del gobernador Escandón. Su desconocimiento de la realidad chiapaneca y la indefendible ausencia de una estrategia para conciliar entre los grupos enfrentados no sólo mantiene un estado permanente de tensión, sino que ha propiciado que ésta escale a asesinatos como el de José Rodrigo Martínez Parcero, uno de los desplazados que fue levantado en Yajalón, municipio a donde se había ido a refugiar junto con su familia.
Ante la falta de un respaldo real garante de la protección de la gente en el desgobierno de Rutilo Escandón, los desplazados chiapanecos han expresado su temor a regresar a la comunidad de Tila, pues los matones andan libres y podrían volver a enderezar sus ataques contra mujeres, niños y hombres una vez se retiren los elementos de la Guardia Nacional desplegados en la zona.
La seguridad en las zonas rurales del estado es nula, por lo que durante los últimos años Chiapas, con Escandón y su desgobierno, no realizó ninguna obra de infraestructura en los municipios alejados, pues además de no haber recursos para su construcción, ninguna empresa quiere desplazarse hacia ellos para no exponer a sus trabajadores y evitar extorsiones.
En los seis años del primer gobierno morenista en el estado, Rutilio Escandón ha empujado a Chiapas a lo que parece ser un callejón sin salida en medio de un clamor generalizado de seguridad.
Y ya en el colmo de la falta de autoridad, no resistió el más mínimo amago del sector de trasporte público y le acaba de autorizar un aumento en el costo del pasaje, lo que atizó el malestar generalizado de los chiapanecos.
Instantáneas:
1. ¿HABRÁ RETRIBUCIÓN? Víctor Hugo Romo, candidato morenista ganador a una diputación del Congreso de la CDMX, está en espera de señales procedentes de la casa de transición de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Nos dicen que aún no ha llegado la confirmación de su eventual liderazgo de la mayoría de Morena en la legislatura capitalina. Pero tal desempeño sería poco relevante políticamente si, como parece, la diputación guinda y sus aliados quedarán a solo un asiento de completar la mayoría calificada. Romo, por lo tanto, espera jugar un papel más protagónico en el equipo de gobierno. Y no es para menos, pues nadie como el exjefe delegacional en la Miguel Hidalgo trajo corta y a raya a Xóchitl Gálvez, al documentar sus presuntos hechos de tráfico de influencias como el de los contratos entregados a empresas de su propiedad durante su gestión como servidora pública, así como la compra a precio de ganga de la “Casa Roja” de las Lomas.
2. TERCER PAQUETE. El próximo jueves Claudia Sheinbaum hará más designaciones para su gabinete. Se sabe que serán solamente dos más. Hasta ahora faltan nombramientos en Gobernación, Seguridad Pública, Defensa, Marina, Bienestar, Educación Pública, Trabajo, Cultura y Turismo. Las dos secretarías cuyo titular podría ser nombrado el próximo jueves podrían estar entre Educación, Cultura, Bienestar, Trabajo y Turismo. No hay mucha claridad respecto a la SEP luego de que, a Rosaura Ruiz, la aspirante natural al cargo, se le encomendó crear la nueva secretaría de Ciencias, Tecnología e Innovación. En Cultura se vislumbran como posibles: Susana Harp, quien ha manifestado su interés de permanecer en el Senado con miras a buscar la gubernatura de Oaxaca y Claudia Curiel de Icaza, quien se ocupó de esas tareas en la CDMX. Bienestar sería la compensación para Mario Delgado si, como se sabe, no es designado en Gobernación. En Trabajo todo apunta hacia quien fuera subsecretario de la dependencia, Marat Baruch Bolaños. Y a Turismo perfilan a Olivia Salomón, enlace durante la campaña con el sector empresarial o Karen Castrejón, presidenta del partido Verde. Parece que para el final van a quedar Gobernación, Seguridad Pública, Defensa y Marina. En Gobernación parece ganar terreno Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad y ex secretaria de Gobierno en la CDMX. En Seguridad no acaba de superar cierta poderosa reticencia Omar García Harfuch. Y en las Fuerzas Armadas no se sabe si se van a respetar sus escalafones sucesorios, cosa que no hizo AMLO en 2018. Pero de ser el primer escenario, la titularidad en la Defensa la estarían disputando los generales Gabriel García Rincón, actual subsecretario; Ricardo Trevilla Trejo, jefe del Estado Mayor Conjunto; y René Trujillo Miranda, actual director del AIFA. En el caso de Marina, las opciones son los almirantes Alfredo Hernández Suárez, jefe del Estado Mayor General de la Armada; Guillermo Escamilla Cázares, mando de la Segunda Región Naval; Raymundo Morales Ángeles, director del Corredor Interoceánico; y José Luis Vergara, ex oficial mayor.
3. ¿LIMPIEZA POLITÉCNICA? Esta semana volvió a dar nota el IPN con su contrato para servicios de limpieza integral que le fuera asignado en diciembre del 2023 al llamado “cártel de la limpieza” con la firma “Armot Seguridad Privada y Servicios”, pero que mediante una resolución del Órgano Interno de Control dejó el servicio a la empresa de Enrique Gómez Mandujano “Gott und Glock, quien jamás imaginó que Javier Tapia Santoyo, actual Secretario de Administración haría todo lo necesario para que tan solo cuatro meses después le regresara el contrato al dueño de una docena de empresas que integran el cártel, José Juan Reyes, conocido como el J.J. Éste convenció a su socio y amigo Tapia Santoyo de no pagar los servicios recibidos por el IPN y de fabricar supuestos incumplimientos de contrato, los cuales hoy se traducen en penalizaciones millonarias que pretenden aplicar a “Gott und Glock”. Con esta especie de sabotaje, el llamado “cartel de la limpieza” retomara el servicio a partir de mañana primero de julio con la firma “Servicios de Nano Limpieza”. El millonario contrato está siendo asignado una vez más de manera directa, sin licitación alguna y a sobre costos, situación que nos hace recordar que este es el modus operandi en el IPN desde la llegada de Arturo Reyes Sandoval al Instituto, por lo que bien valdría la pena preguntarse si la futura secretaria de la Función Pública, Raquel Buenrostro seguirá tolerando tales prácticas de posibles corrupción.
@RaulRodriguezC