Exactamente en el momento que AMLO daba “El Grito” desde el balcón presidencial de Palacio Nacional la noche del martes pasado, representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas y agrupaciones de izquierda, completaban la entrega al Senado de la República de al menos 2.5 millones de firmas de ciudadanos solicitantes de una consulta popular sobre el eventual juicio a expresidentes.
Faltaban 59 minutos para que se cumpliera el plazo de entrega marcado por la Constitución para dar curso a una petición de consulta popular por cualquiera de las tres vías posibles: la del Presidente, la de al menos 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso y la de dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores. Si ésta es de 90 millones 36 mil 367, el mínimo requerido es de un millón 800 mil 727. De manera que si el INE valida las entregadas (en eso va el proceso que no debe pasar de 30 días), se habrían entregado casi 700 mil más de las requeridas.
Poco eco se hizo de la entrega de estas firmas. Se enfatizó falsamente —con ese atávico desprecio de las élites y de sectores de la clase media a la iniciativa popular—, en la incapacidad del gobierno de la 4T para conseguirlas, argumento que ignora el clamor de justicia proveniente de amplísimos sectores de la sociedad. Lo cierto es que fue un esfuerzo digno de mayor reconocimiento.
El lunes 14 de septiembre, AMLO había enviado al Senado su petición de consulta popular y éste la había remitido a la Corte para que juzgue su constitucionalidad a más tardar en veinte días. En la conferencia mañanera había dicho que la petición, por la vía ciudadana, solo llevaba hasta ese momento 800 mil firmas. Faltaban al menos un millón y el plazo de entrega vencía en día y medio.
Ese lunes se acopiaban las captadas por las mesas ciudadanas abiertas por la UAM y las promovidas por Omar García, normalista de Ayotzinapa sobreviviente de los hechos de Iguala. En la noche llegaron 359 mil firmas de Veracruz y 300 mil más de Morena Ciudad de México.
Ya el martes, con el tiempo encima, llegaron 45 mil de organizaciones de la sierra de Guerrero, 359 mil más de las de Veracruz, 450 mil de la Comuna de Oaxaca encabezada por Flavio Sosa y 300 mil recabadas por Mario Delgado y diputados de Morena.
Se habían conseguido en el muy breve lapso de quince días y sin ningún tipo de publicidad, solo con la organización popular y el uso de las redes sociales. El problema era ahora hacer una primera revisión de formatos, foliarlos y empaquetarlos.
Toda la tarde del 15 de septiembre, la sede de #JuicioAexpresidentes, en el número 14 de la calle de Tepeji de la colonia Roma Sur, trabajó a marchas forzadas, entre el apremio y el entusiasmo de decenas de jóvenes, muchos jóvenes. Se foliaba cada hoja de diez firmas. Un total de 280 mil folios. Se envolvieron con papel estraza en paquetes de mil que se metieron en cajas de cartón.
A las 11 de la noche del martes, el Comité Técnico para Consultas Populares de la mesa directiva del Senado, encabezado por Publio Rivera Rivas, recibía 64 cajas que salieron de la sede de Tepeji y 13 que llevaron representantes de Unidad de las Izquierdas. Las entregaron, con Notario Público dando fe, la joven desplazada de Guerrero, Norma Ariadna Sánchez Bahena, el normalista de Ayotzinapa Manuel Vázquez Arellano y la senadora con licencia Citlalli Hernández.
La pregunta que plantearon para la consulta y sobre la que dicen se trabajó mucho para quitarle cualquier carga militante o signo de inconstitucionalidad fue: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? Pregunta similar es la que plantea otra petición ciudadana también entregada al Senado: la de la exdirigente interina de Morena, Yeidckol Polevnsky.
Ambas ya fueron remitidas al INE que tiene un plazo de 30 días para validar formatos, firmas y el número de las requeridas para que transiten, así como cerciorarse de que no se trata de padrones del gobierno. Si el INE avala, las enviará a la Corte para que ésta determine la constitucionalidad de la pregunta.
Para entonces, el máximo tribunal del país estará llegando al plazo para definir si petición y consulta de AMLO no violentan derechos consagrados por la Constitución. El proyecto de resolución que votará el pleno será planteado por el ministro Luis María Aguilar.
Instantáneas:
1. CONSTITUCIONALIDAD. Como se sabe, la pregunta que plantea la petición de consulta popular de AMLO es: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto? Muchos especialistas en derecho constitucional han considerado durante la semana que la Corte la bateará. Aseguran que la investigación de delitos es obligatoria y no llevarla a cabo es otro delito. Otro, los menos entre los consultados por este reportero, argumentan que la consulta no es para que la gente juzgue a los expresidentes sino para obtener su acuerdo de proceder contra expresidentes corruptos.
2. LA OTRA CONSULTA. El Senado recibió antes de que venciera el plazo de las 23:59 horas del martes 15 de septiembre, otra petición de consulta popular. Ésta fue presentada por la senadora panista Xóchitl Gálvez, en representación de otros 43 senadores del opositor Bloque de Contención. La pregunta que plantearon es: ¿Estás de acuerdo en que el gobierno federal apoye un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID19? Esta petición, por proceder de senadores deberá seguir un proceso similar al que seguirá la petición del Presidente: esperar el aval de constitucionalidad por parte de la Corte y luego someterla al Congreso para que la apruebe por mayoría simple.
3. PREGUNTA. ¿Se contrapone la democracia representativa (que es nuestra forma de gobierno) con la democracia participativa o directa (como la consulta popular)? Quien esto escribe piensa que no, cree que se complementan.
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