Indignante y desesperanzador es que AMLO haya puesto en juego todo su capital político para sacar adelante la reforma constitucional del Poder Judicial, sin esforzarse más por cumplir con la promesa de dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos en Iguala y procurar justicia para ellos y sus familiares.
Ese debió haber sido un principalísimo asunto que resolver en su gobierno, la gran asignatura pendiente en materia de justicia. Pero la injusticia prevaleció con el encubrimiento del destino final de los cuerpos de los 43 jóvenes y de los autores intelectuales y materiales de su desaparición, la ejecución de otras seis personas (tres de ellos normalistas, incluido el que fue encontrado desollado) y al menos 40 heridos, algunos con lesiones que los discapacitaron de por vida.
De aquella violenta y sanguinaria noche de Iguala resultó un saldo total de 180 víctimas de violación de derechos humanos y otras 700 indirectamente afectadas como familiares de los agraviados, de acuerdo con el Centro Pro de Derechos Humanos.
Durante los 24 años que han corrido desde el 26 de septiembre de 2014, cuando se cometió la que acaso sea la más grave violación de los derechos humanos jamás ocurrida en México, las investigaciones han estado a cargo de autoridades estatales y federales que construyeron la llamada “verdad histórica” que, de la mano con el hoy prófugo exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (actualmente escondido en Israel), Tomás Zerón Lucio, y el exprocurador general, Jesús Murillo Karam (detenido en agosto de 2022 y beneficiado con prisión domiciliaria desde abril pasado), sostenía que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan, por narcos del cártel Guerrero Unidos protegidos por policías municipales, porque los confundieron con sicarios de otro grupo delictivo.
Expertos independientes (GIEI) auspiciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmontaron la “verdad” histórica y una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CVAJ), creada ya en el gobierno de AMLO (2019) y encabezada por el exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas apuntó hacia otras probables responsabilidades hasta que, como don Quijote con la Iglesia, topó con el Ejército, que sí abrió expedientes, al igual que la Marina, pero que se ha negado a proceder contra mandos del vigésimo séptimo Batallón de Infantería con sede en Iguala, presumiblemente cómplices en este crimen sobre el que las diversas instancias investigadores han concluido que “estuvieron involucradas altas instancias del Estado”, en complicidad con grupos del crimen organizado como Guerreros Unidos.
AMLO siempre ha sido reacio a profundizar en la presunta responsabilidad militar, presionado -al grado de descarrilar al propio Encinas y perder su interlocución con los padres de los 43- por el gran poder político que durante su gobierno dio a las fuerzas armadas, incluidas, por supuesto, sus tareas en la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia.
Ahí están los otros dos temas en lo que queda a deber y mucho: la inseguridad y el ofrecido regreso a sus cuarteles de los militares.
En inseguridad y violencia, a pesar de que argumente una tendencia revertida hacia la baja, las cifras de su sexenio son abrumadoras: 197 mil 816 homicidios dolosos, 49 mil 830 desaparecidos y no localizados y al menos 398 mil desplazados, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por otra parte, creció como nunca la participación militar en la vida civil del país y la Guardia Nacional, creada para preservar la seguridad pública desde el ámbito civil, ha quedado ya, tras reciente reforma constitucional, bajo el mando y control de la Sedena. Imposible negar una riesgosa militarización del país, a contrapelo de la promesa de regresar a sus cuarteles a los soldados.
Instantáneas:
1. TIRAR LÍNEA EN MORENA. Hoy se celebra a las nueve de la mañana en el WTC de la CDMX el séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena que renovará a su dirigencia nacional. La aún secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde llega prácticamente como candidata única para presidir a ese partido, con la línea de AMLO y el respaldo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Una vez que se elija a la persona que será la sexta presidenta nacional, deberán registrarse quienes aspiran a la secretaría general. AMLO y Sheinbaum han tirado línea a favor de Andrés Manuel López Beltrán “Andy”, segundo hijo del Presidente. Y en la lamentable tendencia de dar línea a los consejeros en un partido que en todo momento dice apostar por la democracia, está el caso de Citlalli Hernández, quien en chats internos y pláticas personales estuvo promocionando a Carolina Rangel para la secretaría general del partido, cargo que deja para incorporarse al gabinete de Claudia Sheinbaum. Rangel ni siquiera obtuvo el triunfo en su distrito y Citlalli, como plan B, también tiró línea en favor de Arturo Ávila, quien hasta un comunicado emitió. Morena es un partido que se debe a la gente (eso dice permanentemente), de ahí que tratar de imponer o promover a la mala a una figura, resulta contradictorio con la vocación democrática del partido. Citlalli Hernández debería dar ejemplo de imparcialidad y espíritu democrático, y evitar el estilo del viejo PRI para imponer ungidos.
2. DESBANDADA PANISTA. Si don Manuel Gómez Morín resucitara y viera lo que ocurre en el partido que fundó hace 85 años, seguramente se volvería a morir. La semana pasada el consejero del PAN del mismo nombre, Manuel Gómez Morín, nieto del fundador de Acción Nacional, convocó a iniciar lo que llamó un “movimiento disruptivo” para exigir la renuncia de su actual presidente y jefe parlamentario blanquiazul en el Senado, suspender la elección del nuevo comité ejecutivo nacional prevista para el 10 de noviembre próximo e iniciar un proceso de diagnóstico y reflexión para corregir el rumbo del PAN y renovarlo. Dijo que la inconformidad con la actual dirigencia blanquiazul y sus resultados, así como con el grupo que dijo lo tiene secuestrado (Cortés, Jorge Romero y Santiago Creel, entre otros) alcanza a 40 mil de los 300 mil militantes registrados en su padrón, que aseguró están dispuesto a dejar al PAN si el grupo de Cortés y Romeo (también conocido como los “padroneros” del cártel inmobiliario), mantiene su pretensión de continuar al frente de Acción Nacional. Gómez Morín dijo que sus malos resultados en las pasadas elecciones ponen al PAN en peligro de perder su registro en las próximas.
3. SANTA PRISCA. La emblemática parroquia de Taxco, Guerrero, de relevancia histórica, cultural y arquitectónica quedó completamente restaurada tras los graves daños que le causaron los terremotos de 1985 y 2017. Fueron restaurados en su totalidad sus cinco retablos dorados y rehabilitadas fachadas, cornisas y pináculos desprendidos durante esos movimientos telúricos. Esto se suma a las dos mil 699 acciones de reconstrucción de daños causados por los sismos. En el marco del Día Nacional de la Protección Civil el pasado 19 de septiembre, la gobernadora Evelyn Salgado dio cuenta de este informe vía enlace televisivo al presidente López Obrador.
@RaulRodriguezC
