Muchos políticos, al igual que algunos médicos, son atinadísimos al diagnosticar un problema o enfermedad, más no lo son cuando prescriben una posible solución o tratamiento, a grado tal que no solo no resuelven ni curan, sino que complican y ponen en riesgo a la sociedad o al enfermo, según sea el caso.
Esto es lo que ha pasado con el gobierno de AMLO y el desabasto de medicamentos. Buen diagnóstico: un mercado concentrado en pocas manos y amplios márgenes para la corrupción público-privada; pero mal tratamiento: romper con una industria farmacéutica nacional a la que asumen corrompida en su totalidad, más por cuestiones ideológicas que técnico-económicas, sin reparar en que es la que tiene la capacidad de producir para garantizar el abasto.
El dramáticamente real desabasto de medicamentos oncológicos para los niños que nos afecta desde principios de 2019 cuando el gobierno de la 4T cambió sin alternativa viable el esquema de compras consolidadas del sector público, es apenas la punta del iceberg de un problema mayor que ya afecta también a adultos con cáncer o con otras enfermedades.
El gobierno ha señalado a la empresa mexicana Laboratorios PiSA como la principal culpable, acusándola de monopolio. PiSA era el principal productor de medicamentos oncológicos. Pero además de ese laboratorio de la familia Álvarez Bermejillo, existen otras 17 empresas con 31 registros sanitarios vigentes para la manufactura de ese tipo de fármacos, entre ellas –según datos de la Cofepris– Asofarma, Zurich, ULSA Laboratorios ULTRA, Sanofi, Novartis, Pfizer y Baxter. La mayoría de ellas, sin embargo, no los producen por cuestiones de rentabilidad, lo que dejó casi la totalidad de su manufactura a PiSA.
En medio del debate sobre el nuevo esquema de ventas consolidadas al sector salud, el actual gobierno ratificó en 2019 la orden a ese laboratorio de suspender su producción de metotrexato (fármaco de quimioterapia anticancerosa), dictada por el anterior en mayo de 2018. Lo hizo –ahora vemos que sin pleno conocimiento de las necesidades del mercado– argumentando mala calidad del producto, causal que fue desmontada por el acta de verificación sanitaria 19-MF-3309-01748-MO que solo refería “discrepancias administrativas de carácter documental”. Aun así, la Cofepris ordenó el retiro de más de 17 mil piezas de metotrexato y ratificó la suspensión de la planta de PiSA en la ciudad de México que hasta la fecha se mantiene.
En medio de la presión social generada por las protestas de los padres de niños con cáncer, la Cofepris informó en agosto y septiembre de 2019: 1. Que cinco empresas fabricantes e importadoras de metotrexato, de las que no precisó sus nombres, contaban con registros y permisos sanitarios vigentes hasta 2020, lo que equivalía a 35 millones de unidades del fármaco y corroboraba que había medicamento; y 2. Que el abasto estaba garantizado, pero (¡otra vez!), que las compañías mexicanas no podían producir oncológicos porque no cumplían con la certificación de buenas prácticas de manufactura.
Para desmontar tales señalamientos, PiSA ha puesto al día su planta de producción en la ciudad de México y construido una en Jalisco con lo más nuevo en tecnología: alta contención, Farma Digital y Farma 4.0, lo que garantiza procesos herméticos, digitalizados, en los que no interviene la mano humana.
A pesar de ello, la Cofepris le ordenó el 14 de febrero de 2020, mediante el oficio COS/DEDS/193300ES-021703/193300ES-021775/203300ES-02071/2020, la destrucción de las materias primas de productos oncológicos asegurados con la fajilla No.4442, según confirmó una fuente de la comisión de autorización sanitaria.
Esa materia prima importada desde China e India sigue siendo escasa en medio de los ajustes que esos países han tenido que hacer por la pandemia. Por eso, Alfonso Romo –todavía al frente de la Oficina de la Presidencia– buscó cabildear la no destrucción de esa materia prima que PiSA, incluso, ofreció regalarla al gobierno. Nada se consiguió, la materia prima, hasta donde sabemos, no ha sido destruida y cada día se acerca a sus fechas de caducidad, ya que sus periodos de vida van son de tres a cinco años, según la OMS.
El asunto de las compras consolidadas del sector público a través de la ONU (UNOPS) parece haber fracasado, ya que solo ha adquirido 55% de las claves requeridas. Urge entonces un replanteamiento. ¿Será el que anuncie la 4T la semana próxima? Más allá de intereses políticos y/o económicos, se trata de un asunto que obliga a reactivar la producción farmacéutica nacional por razones de soberanía sanitaria. Solo falta la voluntad del gobierno.
Instantáneas:
1. COMPADRES. La FGR y la ASF parecen decididas a mantener en prisión a Rosario Robles. Ayer se supo que impugnaron la orden del juez Augusto Octavio Mejía Ortega de que se revise la medida cautelar impuesta a la exfuncionaria, quien solicita el beneficio de la prisión domiciliaria. En medio de esto, Sergio Arturo Ramírez hizo público ayer que renunció a la defensa de Robles porque no proporcionó información que le permitiera apegarse a la figura de criterio de oportunidad o testigo colaborador como ocurre con Emilio Lozoya Austin en el caso Pemex-Odebrecht. Al paso salió Mariana Moguel Robles, hija de la acusada de ser partícipe de la llamada “estafa maestra”, quien dijo que desde hace meses su madre le pidió a Ramírez que dejara de representarla, ya que llevaba mucho tiempo sin siquiera tener contacto con él. Ahora han surgido versiones de que Sergio Arturo Ramírez fue impuesto como defensor de Robles, más en busca de que su clienta aceptara acogerse al criterio de oportunidad a cambio de que implicara a otros funcionarios de alto nivel del gobierno de Peña Nieto, sobre todo al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray con quien el abogado presumía cercanía. La versión no resulta tan descabellada al saberse de los fuertes vínculos de Ramírez con personajes de la 4T como René Bejarano y Martí Batres. De este último –dicen los que saben– es compadre.
2. LASTRE. El PRI opera para quitarse de encima un viejo lastre. El presidente de la Comisión de Honor y Justicia del tricolor, Fernando Elías Calles ya tiene en sus manos el documento que contiene los argumentos requeridos para la expulsión de sus filas del exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. Ahí se documentan graves señalamientos y acusaciones cometidos por Ruiz durante el conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007. Le atribuyen la represión a maestros y a activistas de la APPO mediante los cuerpos de seguridad de la entidad, pero también con grupos paramilitares a los que los oaxaqueños conocieron como las “caravanas de la muerte”. Aquellos hechos –se asegura– tuvieron un saldo de 80 muertos y cientos de heridos, razón por la cual a Ruiz han apodado “el carnicero de Chalcatongo”, lugar donde nació. También de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y enriquecimiento inexplicable. ¿Bastarán para su expulsión del PRI?
3. JUEGO SUCESORIO. Ya lo hizo Ebrard y ya lo hizo Sheinbaum. Ayer lo hizo Ricardo Monreal a través de Radio Fórmula. En entrevista con López Dóriga, el líder de los senadores de Morena dijo: “Voy a estar en la boleta (electoral de 2024), espero estar con Morena y con el Presidente López Obrador”. Eso quiere decir que, si no es con Morena y con AMLO, lo abanderará otro partido. Monreal, por lo pronto, realiza un road show mediático para ratificar su aspiración, y en él incluye a periodistas y medios abiertamente críticos del actual gobierno y de quien lo encabeza. Con ello busca contrastarse de las voces ultras que piden cerrazón y ataques a la prensa, al grado de considerarla inmunda, y abrirse en todos los espacios informativos. Es el esbozo de un posicionamiento político: no todo es blanco y negro, y hay que abrir conductos de conciliación, frenar la polarización y entender que la política debe ser incluyente.
4. OPCIONES. Otro que se ha sumado al juego sucesorio, pero de parte de la oposición, es el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. En redes y en medios digitales como “La Revista Peninsular” dijo que buscará ser una opción para una eventual candidatura de la alianza PAN-PRI-PRD. El hijo del expresidente De La Madrid dijo que habría que empezar a “transformar la coalición opositora en coalición propositora”.
5. FANTASMAS DEL PASADO. La FGR abrió una carpeta de investigación a Isabel Miranda de Wallace, directora de la asociación Alto al Secuestro. Es la respuesta a denuncias presentadas en su contra en noviembre de 2020 y mayo de 2021, y en las que se le acusa de tortura y falsas declaraciones en relación con el secuestro y desaparición de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en julio de 2005. De acuerdo con el expediente FED/CDMX/SPE/2676/2021, Wallace simuló a través de un trabajador la renta de un departamento, para poder plantar una gota de sangre, una licencia de conducir y otros indicios, para acusar a los señalados por el secuestro y homicidio de su hijo. También se le acusa de simular que Carlos León Miranda (presunto padre biológico de Hugo) era José Enrique del Socorro Wallace, con la finalidad de que el dictamen de genética coincidiera. En otra denuncia se le acusa de torturar a Brenda Quevedo Cruz, señalada como partícipe del secuestro de Hugo.
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