La ya difícil labor de protección y defensa de los derechos humanos en México se ha visto aún más obstaculizada frente a la emergencia por la pandemia del Covid-19. Además de las repercusiones sanitarias, económicas y políticas que han comenzado a tener lugar, nos encontramos ante una emergencia humanitaria sin precedentes en magnitud y forma, por lo menos en el último siglo. Si bien el virus no discrimina estatus socioeconómico ni zonas geográficas, sus efectos sí, puesto que éstos impactarán en los estratos de la población que generalmente sufren en mayor medida toda crisis. La vileza de la enfermedad no solo reside en su rápida transmisión, también en que sus consecuencias se agravan de acuerdo al grado de privilegio o de marginalidad de sus víctimas.
El derecho internacional marca las directrices que los Estados deben seguir cuando existen amenazas a la salud pública, tanto en garantías, como en restricciones. Éstas últimas cobran una especial relevancia si se toma en cuenta que el derecho a la salud es uno de los que encuentra mayor interrelación con otros. No se puede concebir una salud integral sin tomar en cuenta el ejercicio del derecho a la vivienda, a la alimentación, al trabajo, a la educación, a la igualdad, al acceso a la información, a la reunión, a la circulación, entre tantos otros. En las últimas semanas, el gobierno mexicano ha impuesto una serie de medidas que incluyen la suspensión de labores no esenciales, la prohibición de congregaciones de más de 50 personas y el resguardo domiciliario durante un mes, todo ello “en estricto apego a los derechos humanos”. Sin embargo, para que este apego sea sustantivo, se debe apostar por la dimensión positiva de las obligaciones estatales. Es decir, tomar todas las acciones correspondientes para evitar violaciones a derechos humanos que el Estado podía haber evitado. De lo contrario, se está imponiendo una carga desproporcionada a la población más vulnerable sin gestionar las medidas paliativas correspondientes.
En el caso de México, resulta positiva la inclusión de la perspectiva de no discriminación e igualdad de género en dos de las conferencias de prensa de la Secretaría de Salud ya que habla de una conciencia respecto a las repercusiones que estos dos ámbitos pueden tener. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha estado al frente de la atención a diversas quejas derivadas de la pandemia en su carácter de organismo autónomo de protección y defensa. Asimismo, México se posicionó en la reunión virtual del G20 a favor de una mayor cooperación internacional haciendo hincapié en el papel que tiene la ONU en facilitar el acceso global a medicinas, equipo y pruebas médicas. Sin embargo, la rápida propagación del virus exige una respuesta de igual velocidad. Por ello, resulta fundamental pasar del exhorto y el reconocimiento a una acción gubernamental coordinada y eficiente en esta materia.
El complejo y diverso tejido social demanda una respuesta interseccional a la crisis en donde impere una perspectiva multidimensional, integral, culturalmente sensible y en concordancia con el principio de igualdad. Si bien la cooperación internacional será fundamental en la salida a la pandemia, no se puede depender exclusivamente de ésta, puesto que la particularidad de cada región y país requerirá de una atención específica para cada escenario.
En este sentido, las circunstancias actuales han dado una lección sobre las consecuencias que tiene la austeridad y los recortes al sector público. El ya endeble ecosistema vital de protección social se encuentra pendiendo de una cuerda floja. En crisis de esta magnitud, no puede haber cabida a la austeridad. Por el contrario, el gasto público debe ser debidamente ajustado y redistribuido de tal manera que se puedan garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y se aminoren lo más posible las consecuencias adversas que se avecinan. La política económica y fiscal que promueva el gobierno no solo será fundamental para la macro y micro economía, sino que será literalmente vital para la supervivencia de millones de mexicanos. Para su supervivencia física, será necesaria la adquisición de bienes y la provisión de servicios de salud suficientes, accesibles y de calidad. Para su supervivencia económica, serán imprescindibles, por un lado, los estímulos fiscales y el diferimiento de pagos de deuda para pequeñas y medianas empresas y, por otro, los paquetes de protección social y subvenciones económicas para trabajadores informales, del sector de servicios y desempleados.
El actuar gubernamental debe asegurar cuestiones que por lo general no se toman en cuenta pero que tienen un gran impacto en el equilibrio de condiciones. En cuanto a acceso a la información, que los comunicados emitidos se difundan en distintos formatos que atiendan las necesidades específicas de las comunidades indígenas, personas con discapacidad, analfabetas y para la niñez, con la finalidad de que el grado de dificultad, el acceso a medios de comunicación y las barreras lingüísticas no sean un impedimento para el entendimiento de su contenido. Que se refuercen las plataformas educativas digitales disponibles para que el derecho a la educación no se vea afectado. Que se encuentre la forma de maximizar la atención a distancia para víctimas de violencia doméstica que se encuentran en cuarentena con su agresor. Que se garantice el derecho al agua para que sea posible acatar las medidas de higiene correspondientes y el derecho a la vivienda para que las personas en situación de calle puedan guardar el resguardo domiciliario obligatorio. Que se tomen medidas especiales de prevención en centros penitenciarios y en estaciones migratorias. Que antes de imponer una disposición se tenga en la mira las repercusiones que tendrá, sobre todo, en los más invisibles.
En su informe del domingo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que durante su administración “el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”. Sin embargo, el presidente no debe olvidar que el Estado es responsable tanto de las acciones en las que incurran sus órganos y agentes, como de sus omisiones y abstenciones. Los derechos humanos, generalmente considerados accesorios complementarios de discursos políticamente correctos, son una pieza central tanto en la atención a la crisis como en su mitigación. Su respeto determinará el éxito o fracaso de la respuesta a la pandemia en términos sociales y humanitarios. Por ello, hoy más que nunca se necesita de multilateralismo acompañado de acciones estatales contundentes; de unidad acompañada de responsabilidad; y de solidaridad acompañada de debida diligencia.
@rak_lpm
