Si nos vamos más de 12 años atrás, recordaremos que las autoridades, juristas, doctrinarios y legisladores, lucharon por transformar el Sistema de Justicia Penal, el cual era predominantemente inquisitivo –prevalece la culpabilidad de los imputados-, por uno eminentemente acusatorio –impera la inocencia y los derechos humanos-.
Esto se logró en el año 2008 cuando se reformó nuestra Carta Magna para así adoptar un Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, poco a poco los estados fueron implementando dicho sistema hasta que en 2016 fue obligatorio para todos aplicar únicamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento que ahora se pretende modificar.
Dentro de los principio básicos y más trascendentes de dicho sistema se encuentran la presunción de inocencia –inocente hasta que se demuestre lo contrario-, la separación entre el juez que investiga y el que juzga –imparcialidad en juicio-, y el principio de no autoincriminación –derecho a guardar silencio-.
La reforma de 2008 es consecuencia de una constante lucha por respetar los derechos humanos de toda persona imputada y por acabar con medidas arbitrarias.
Así, el 15 de enero de 2020 al leer la iniciativa de reforma que presentó la Fiscalía General de la Nación en materia de justicia penal y de seguridad pública, lo único que pude sentir fue pánico.
Es increíble que después del avance que se ha logrado hasta el día de hoy, se pretenda regresar años atrás, restringiendo derechos en mayor medida que antes del 2008.
A manera de ejemplo, las reformas pretenden eliminar la figura del Juez de Control, quien ejerce funciones únicamente de investigación, con el fin de que sea un mismo Juez quien investiga y juzga.
Yo me pregunto, si el mismo Juez que investiga es quien emite la sentencia, ¿No estaríamos hablando de una condena garantizada? ¿En dónde quedó la imparcialidad del Juez de Enjuiciamiento? ¿Podrá ser un juicio justo?
El silencio del imputado ahora sería perjudicial para él, situación a todas luces absurda e ilegal pues en nuestro país prevalece el principio de no autoincriminación, pudiendo el imputado decidir libremente respecto de si declara en juicio o no.
Otra aberración que se pretende adoptar es que el imputado tenga acceso restringido a las constancias que integran la carpeta de investigación, es decir, el Ministerio Público decidirá qué partes del expediente le muestra, haciendo su derecho a una defensa adecuada nugatorio pues es claro que dicha autoridad podrá manipular a su antojo dicho expediente.
Si se aprueban estas reformas, medidas como el arraigo, la cual se ha intentado eliminar durante años al ser abusiva y violatoria de derechos, se podrá solicitar para cualquier delito y no solo para Delincuencia Organizada. ¿Ustedes se pueden imaginar la cantidad de abusos y corrupción que esto tendrá como consecuencia?
Estas reformas acaban con los derechos más básicos de toda persona imputada, regresando a un sistema dictatorial y arbitrario, llenando las cárceles de inocentes. Digamos no a estas reformas y no dejemos que México retroceda de esta manera.
