Nunca se me va a olvidar el día que estaba en los locutorios del Reclusorio Norte mientras al lado de mi se encontraba un defensor de oficio solicitándole a su cliente le firmara unas hojas “y ya con eso seguro salía”.
El cliente del abogado de oficio me solicitó leerle en voz alta lo que iba a firmar percatándome que era una confesión del delito que no había cometido.
Ese día me di cuenta de la enorme falta de defensores de oficio de calidad que existe en el país, porque como este caso existen miles día con día y ni siquiera me atrevería a culpar el actuar de dicho abogado al tener cientos de expedientes que atender y un ingreso miserable en comparación con la carga de trabajo.
Hablemos de algunas cifras, por poner un ejemplo, en el 2016 la Defensoría Pública patrocinó en el Estado de México 89,089 actuaciones de defensa1, existiendo un total de 329 abogados de oficio para dicho estado2, lo que se traduce a que cada uno tuvo que atender 270.
En el año 2017 existieron 362,805 asuntos penales en el país y 4,141 defensores públicos3, lo que significa que cada uno patrocinó aproximadamente 87.63 defensas, esto se traduce a que recibieron cada 4 días un asunto nuevo.
El gobierno presume que en los últimos años la Defensoría Pública ha tenido un incremento en la cantidad de asuntos patrocinados, sin embargo, me pregunto ¿de qué calidad son los servicios?
De nada sirve tener defensores públicos preparados si van a estar rebasados de expedientes y no van estar en posibilidad de atenderlos con el suficiente tiempo y dedicación que cada uno de ellos merece, el 40% de las personas acusadas de comer algún delito siguen esperando sentencia.
Esto, es todavía un problema más grande pues en México, la mayor parte de la población penitenciaria es gente de escasos recursos, provienen de ambientes de suma pobreza y violencia, haciendo que su situación económica les impida contratar a un abogado particular y se vean obligados a únicamente contar con uno de oficio.
Preocupante es si analizamos de qué calidad es el servicio que pueden brindar los defensores de oficio al tener cientos que casos que atender, cada uno diferente, con complejidades distintas, por un sin número de delitos de toda naturaleza.
Y si a eso le sumas el poco ingreso que reciben por su trabajo, ganando más un Ministerio Público cuando representa el otro lado de la balanza, deja esto la puerta abierta para que
exista una inmensa corrupción. No existe igualdad de armas entre la Representación Social y la Defensoría Pública.
Es una realidad que en México existen inocentes en la cárcel que por una defensa negligente están pagando una condena ajena, del 100% de los sentenciados únicamente el 5% obtienen condenas absolutorias4.
La misma importancia le debemos dar a la cantidad de inocentes que hay en la cárcel como a las personas que quedan impunes.
El gobierno debe de invertir en defensores de oficio, no solo a prepararlos sino aumentar el número para que no se vean rebasados y puedan brindar defensas de calidad, se debe de contar con el presupuesto suficiente para contar con personal especializado, pagar mayores salarios y mejorar la capacitación como herramienta de motivación.
Si queremos un Sistema de Justicia Penal efectivo, debemos de apostar por una Defensoría Pública suficiente y de calidad.
1https://idp.edomex.gob.mx/sites/idp.edomex.gob.mx/files/files/Estad%C3%ADsticas-Defensa-Penal.pdf
2 https://contralacorrupcion.mx/defensoria-publica-en-mexico/assets/pdf/defensoria-publica.pdf
3 Ídem.
4 Instituto de Estadísticas y Geografía
