Este 5 de febrero se cumplieron 105 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fecha que si bien nos convoca a conmemorar el legado a favor de los derechos fundamentales de las y los mexicanos, así como la definición institucional y división de poderes de la República; también nos invita a reflexionar sobre su vigencia, su preeminencia y, sobre todo, su avenencia con la transformación que vive México.
Mucho ha cambiado, ha evolucionado la vida nacional desde el preclaro concilio de 1917 en el Teatro Iturbide (hoy Teatro de la República) de la ciudad de Querétaro, cuando a fin de preservar el cinco de febrero como el día de la Constitución, Venustiano Carranza impuso a los 219 diputados constituyentes, un plazo de dos meses para discutir y aprobar su contenido, sin imaginarse que se convertiría en referente mundial por su espíritu social y humanista.
Con gran visión, los constituyentes del diecisiete, supieron ir más allá de las garantías individuales consagradas en la Constitución de 1857 y editar un nuevo pacto social, con base en la justicia y la igualdad, –origen y destino de la Revolución Mexicana–, convirtiéndose así, en respuesta a las más sentidas demandas del pueblo de México.
Hoy, a más de un siglo de este ilustre episodio del devenir nacional, y prácticamente a la mitad del proceso de transformación iniciado por el Presidente López Obrador, es preciso cuestionarnos si ante los nuevos tiempos, ¿se requiere cambiar la Constitución? o ¿se necesita una nueva Constitución?
Nuestra longeva Carta Magna ha sufrido más de 700 reformas y se han promulgado más de 230 decretos, con el único objetivo de que evolucione acorde a la nación y a su pueblo; subsanando graves omisiones, como el derecho de las mujeres a votar y ser votadas; el respeto y trato igualitario a nuestros pueblos originarios y sus descendientes; o bien el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; entre otras.
Destacados constitucionalistas del país, han afirmado que “se expedirá una nueva Constitución cuando la realidad política y la social lo requieran”; luego entonces, es que surge la inquietud respecto a si la Cuarta Transformación de la vida pública de México, requiere o no de una nueva Constitución; y la respuesta obliga a considerar los riesgos tanto para el orden jurídico como para el andamiaje democrático, por lo que implicaría el debate tanto intelectual como político, entorno a la materia y al espíritu constitucional.
Asimismo, hemos de reconocer que una de las razones por las que la Constitución de 1917 ha perdurado, es porque por más de un siglo y a pesar de las enormes tensiones surgidas, ha sabido conducir las discordancias sociales y rupturas políticas, por la vía pacífica, constituyéndose precisamente, como el andamiaje institucional y marco jurídico que da paso al cambio al tiempo de anteponer la paz social.
Mi planteamiento no pretende, –ni podría ser– un postulado constitucionalista, ni un llamado al cambio del orden constitucional, sin embargo, es evidente que nuestra Constitución no es letra muerta, tiene vida y late en sintonía con los avances democráticos, de justicia social e igualdad de oportunidades, que por clamor popular y tras años de lucha política, se han impuesto en nuestro país.
Solo el tiempo dirá si hay que adecuarla, actualizarla, o bien trascender hacia un nuevo consenso; entre tanto, celebremos y reconozcamos que tenemos una gran Carta Magna, obra magistral que por su claridad, profundidad y trascendencia, vive con plena vigencia tras 105 años de regir la vida institucional de México y con ello, salvaguardando los derechos y garantías a favor de cada una y cada uno de los mexicanos.
