El pasado 8 de septiembre, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, presentó una propuesta alternativa de reforma judicial. El proyecto plantea ideas como la Ley Nacional de Carrera Judicial, mayor presupuesto a poderes judiciales estatales, políticas públicas enfocadas a la “desmilitarización” de la seguridad pública y eliminar figuras como la prisión preventiva oficiosa.
La alternativa de Piña está detallada en dos documentos. El primero, titulado “Reforma integral al sistema de justicia en México, desafíos y propuestas”, hace un diagnóstico de los problemas de justicia en el país y propone posibles soluciones. El segundo, “La Reforma al Poder Judicial en Voz de la Judicatura”, recopila inquietudes y recomendaciones del Consejo de la Judicatura Federal sobre la reforma impulsada por el presidente de la república.
La Presidenta de la SCJN hizo públicos los documentos en medio del proceso legislativo que lleva a cabo el Senado para ratificar la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde Morena y aliados se encuentran a sólo un voto de pasar la reforma constitucional. Aquí te contamos algunas claves y diferencias entre las propuestas de la Ministra Norma Piña y del Presidente López Obrador.
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En lugar de elecciones, fortalecer carrera judicial
El diagnóstico del primer documento presentado por la Ministra Norma Piña señala que en los poderes judiciales del país la designación de personas juzgadoras (jueces y magistrados) está regulada de manera variada y dispar. De hecho, reconoce que las designaciones de magistraturas en tribunales superiores estatales se realizan, en la mayoría de los casos, bajo consideraciones políticas.
Con el objetivo de estandarizar las normas para acceder a un cargo en el sistema judicial, se propone crear una Ley Nacional de Carrera Judicial que establezca procesos y requisitos mínimos para la promoción dentro de la carrera judicial en el fuero local y federal.
En contraste, la iniciativa del presidente López Obrador pretende llevar a cabo la designación de cargos judiciales federales por voto popular. Para el caso de los poderes judiciales locales, la reforma sólo señala que los estados del país tendrán que adecuar sus constituciones para llevar a cabo sus propias elecciones de jueces y magistrados.
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Mayor personal y presupuesto para poderes judiciales locales
Según el primer documento presentado por Piña, el promedio de jueces por cada 100 mil habitantes en el mundo es de 17.83. En México es de tres. Con la meta de garantizar el acceso a justicia pronta y expedita, se propone la creación de más órganos jurisdiccionales (juzgados y tribunales) especialmente en aquellas entidades que tienen las tasas más bajas de jueces por habitante o territorio extenso.
Sumado al aumento de los órganos jurisdiccionales, se propone implementar modelos de gestión judicial y el uso de herramientas tecnológicas con el fin de agilizar y automatizar procesos. Para llevar a cabo estos cambios, el documento establece que el presupuesto de los poderes judiciales estatales debe ser igual o mayor al aprobado el año anterior y representar al menos 2.5% del presupuesto general de cada entidad.
Por su parte, la reforma que impulsan Morena y aliados no propone cambios en la distribución del presupuesto de los poderes judiciales estatales. Sin embargo, en materia de recursos, indica que el Poder Judicial Federal no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.
Autoridad independiente y transparencia contra la corrupción
El diagnóstico del sistema de justicia realizado en el primer documento reconoce que el Consejo de la Judicatura Federal no ha logrado eliminar las prácticas de corrupción y nepotismo y que ha tenido resultados ambivalentes. De hecho, señala que el 37.4% de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación mantienen relaciones familiares.
Se plantea que es necesario impulsar reformas que garanticen que los procedimientos disciplinarios contra personas juzgadoras estén a cargo de una autoridad independiente de otros órganos con facultades de gobierno judicial. También se propone hacer públicas las resoluciones y sanciones impuestas a las personas juzgadoras.
Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el órgano responsable de vigilar el comportamiento de las personas que integran el PJF. La reforma del titular del Poder Ejecutivo pretende reemplazarlo con el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes serían electos por voto popular, un método que, según especialistas, podría poner en riego la imparcialidad de sus decisiones.
Una revisión integral de la seguridad pública
En materia de seguridad pública, la contrapropuesta de reforma judicial presentada por la Ministra Norma Piña, aborda el impacto de diferentes delitos en la sociedad mexicana (homicidios violentos, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, privaciones arbitrarias de la libertad) y sugiere diversas propuestas para hacerles frente.
Por ejemplo, se propone derogar figuras que propician la privación arbitraria de la libertad, tales como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. También se plantea establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales para contar con estándares de profesionalismo, eficiencia y respeto a los derechos humanos. En el caso de las fiscalías, se sugiere implementar un plan de carrera y certificación para hacerlas más eficientes en sus labores de investigación.
Otra propuesta es la Ley General de Defensorías Públicas, que buscaría aumentar el personal en estas dependencias, así como fortalecer su autonomía. El documento, también indica que es necesario reorientar las políticas de seguridad pública para disminuir la operación de las fuerzas armadas y así promover la “desmilitarización” en México.
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En gran medida, esta revisión se posiciona en una visión apuesta a la de la administración del Presidente López Obrador sobre seguridad pública. Por ejemplo, en el sexenio se ha impulsado un mando militar en la Sedena para la Guardia Nacional y la aplicación de la prisión preventiva oficiosa se ha extendido a una mayor cantidad de delitos, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado a México por utilizar esta figura.
