La figura legal de jueces sin rostro es una de las adiciones más recientes a la reforma judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de una modificación que ha causado controversia, pues ONGs, organismos internacionales y especialistas han advertido sobre riesgos a la imparcialidad de las personas juzgadoras y a los derechos humanos de las personas sometidas a proceso.
Establece que, en casos de delincuencia organizada, se podrán disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras.
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Dentro de Morena, Ricardo Monreal ha impulsado la idea de los jueces sin rostro desde, por lo menos, 2022. Ante la violencia en el país, el coordinador de diputados del partido oficialista argumenta que “como en muchos casos de situaciones extremas, se trata de elegir no entre una decisión buena o una mejor, sino la opción menos mala”.
El Partido Acción Nacional (PAN), en su propia propuesta de reforma judicial, también promueve la figura de jueces sin rostro cuando se trata de delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión y trata de personas.
En 2010, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó la propuesta de jueces anónimos. En su momento, dijo que las personas juzgadoras se encontraban desprotegidas ante “venganzas de criminales”.
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Aunque la figura legal tiene su origen en Italia, algunos países latinoamericanos con contextos de violencia han aprobado los jueces sin rostro.
Fue el primer país en hacer uso de los jueces sin rostro. El país europeo recurrió a la figura para juzgar a integrantes de mafias locales.
En 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori, creó los “tribunales sin rostro” poco después de disolver el Congreso y situar el poder judicial bajo el control del ejecutivo.
En 1991, Colombia también recurrió a jueces sin rostro debido a la violencia contra autoridades ejercida por delincuentes relacionados con el narcotráfico.
En 2022, en el margen del régimen de excepción, decretado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, se aprobó una reforma al Código Procesal Penal para incluir la figura de jueces sin rostro.
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La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que la figura de los jueces sin rostro es incompatible con los derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que los procesos con jueces sin rostro suelen conllevar irregularidades como la exclusión del público, el acusado y sus representantes del proceso judicial, así como restricciones del derecho a un abogado de propia elección y denegación del derecho del acusado a comunicarse con sus abogados.
El Comité concluyó que, en esas circunstancias, los tribunales con jueces sin rostro no satisfacen las normas fundamentales de un juicio con las debidas garantías, ni en particular el requisito de que el tribunal debe ser independiente e imparcial.
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La Corte determinó que los juicios con jueces sin rostro infringen el artículo 8.1 de la Convención Americana, pues impide a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación (posibles conflictos de interés).
De 1993 a 1996, durante la dictadura de Alberto Fujimori en Perú, Amnistía Internacional documentó al menos 700 casos de presos acusados falsamente de delitos relacionados con el terrorismo, los cuales fueron juzgados por jueces sin rostro.
El abogado Luis Eliud Tapia Olivares, especialista en derecho penal, señala que la figura de jueces sin rostro en la reforma judicial no sólo plantea un problema en términos de imparcialidad de los juzgadores, sino que parece contradictoria respecto al resto de los puntos de la reforma.
“Nos están diciendo que necesitamos más transparencia y que conozcamos mejor a nuestros jueces (...) y luego dicen que van a reservar su identidad… No tiene mucha lógica”, señala en entrevista el especialista.
Por otro lado, Tapia Olivares señala que sería difícil ocultar del todo la identidad de los juzgadores, dado que en la eventual votación para elegirles aparecerían sus nombres.