Una de las figuras más controversiales que crearía la reforma judicial es el Tribunal de Disciplina Judicial. Se trata de un órgano que sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal y que tiene la facultad de sancionar e incluso inhabilitar de forma permanente a jueces y magistrados. A continuación te explicamos cómo funcionaría este nuevo tribunal, cuáles son sus funciones y las advertencias de especialistas al respecto.
La administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de todo su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. El nuevo Tribunal podrá investigar y sancionar a quienes incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, excelencia y otros asuntos que la ley determine.
El Tribunal estará integrado por cinco personas magistradas electas por voto popular, durarán 6 años en el puesto y no tendrán posibilidad de repetir. La renovación en los puestos se harán de manera escalonada para asegurar experiencia en el órgano.
La presidencia en el Tribunal cambiará cada dos años y se asignará a la persona que haya obtenidos más votos en la elección.
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Funcionará con un pleno y en grupos de comisiones. El Tribunal podrá atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos y también resolver en segunda instancia, es decir, cuando no hay conformidad con una decisión anterior.
Puede comenzar investigaciones a personas juzgadoras por cuenta propia o tras una denuncia y aplicar diversas sanciones.
Se trata de una advertencia a la persona juzgadora.
Suspende a la persona juzgadora de sus funciones por un tiempo.
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Multa o reducción de salario.
Retira a la persona juzgadora de su puesto.
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Impedimento para trabajar en el servicio público.
Contará con una unidad de investigación para indagar y recolectar pruebas de los casos. La unidad puede citar personas a comparecer, pedir documentos, realizar inspecciones y solicitar medidas cautelares.
Puede colaborar con el Ministerio Público en sospecha de un delito e incluso pedir un juicio político contra personas juzgadoras a la Cámara de Diputados.
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Ministros, ministras de la Suprema Corte y personas magistradas electorales sólo podrán ser removidas de su cargo por el proceso que específica el Título Cuarto de la Constitución.
Las decisiones que tome el Tribunal son inapelables, no se pueden impugnar ni llevar a otra instancia.
El abogado Luis Eliud Tapia Olivares, especialista en derecho penal, cuestiona que los integrantes del Tribunal puedan ser elegidos a través de voto popular, pues señala que podría poner en riesgo la imparcialidad y autonomía del sistema judicial.
Por otro lado, el especialista advierte de un poder excesivo sobre el Poder Judicial, ya que al no poderse apelar sus decisiones, el Tribunal podría ser incluso más poderoso que la Suprema Corte. “Quien lo controle, prácticamente podría controlar todo el Poder Judicial”, advierte.
Por su parte, el abogado constitucionalista Andrés Alcántara Silva precisa que en un principio el dictamen de la reforma establecía como causas de investigación conceptos muy ambiguos como “interés público”. Aunque estos conceptos fueron eliminados a través de modificaciones en la Cámara de Diputados, Alcántara Silva asevera que persiste la preocupación por la discrecionalidad con la que pueden trabajar los integrantes del Tribunal.