Cuando en septiembre de 2018 asumí la presidencia de la Cámara de Diputados para el primer año de la LXIV Legislatura, advertí en mi discurso de posesión que sin la regeneración del Poder Legislativo es imposible la Cuarta Transformación del país que decretó el mandato popular. Somos el órgano creador y reformador del Estado que determina el marco jurídico de los Poderes de la Unión. Por tanto, resulta urgente expedir la nueva Ley Orgánica del Congreso, como hicimos con la Ley Orgánica de la Administración Pública que nos envió en su oportunidad el presidente de la República.
A ese fin elaboré un proyecto, con el apoyo de un excelente grupo de colaboradores durante más de un año, y que está programada a dictaminarse por la Comisión respectiva el próximo 5 de febrero. La propuesta que formulamos está destinada a restablecer la división, independencia y cooperación entre los Poderes, necesaria para el establecimiento de una Nueva República que exige recuperar nuestra autonomía respecto del Ejecutivo y desterrar los excesos de una partidocracia pródiga en prebendas, “moches” y raterías, así como alcahueta de impunidades.
En esa dirección anteriormente procedimos a la reducción de las Comisiones Ordinarias y desaparición de las extraordinarias que en total sumaban casi 90 y fueron reducidas a sólo 46. Como se sabe, expedimos un reglamento de cabilderos, rebajamos el coste de la Cámara en un 38% y logramos mover sustancialmente la reprobación por la opinión pública a los legisladores de un 76% a un 32%.
La iniciativa por adoptarse instaura un Comité de Participación Ciudadana y otro de Parlamento Abierto dirigidos a la democratización de la Cámara con formulas semejantes a las que adoptamos en 2017 en la Constitución de la Ciudad de México. En el proyecto incorporamos también instrumentos de control para prevenir conflictos de interés, así como la obligatoriedad de presentar las declaraciones patrimoniales y fiscales de los legisladores. La transparencia y la rendición efectiva de cuentas son los objetivos que hemos perseguido.
Decidimos reforzar la separación de poderes autorizando al Congreso la facultad de publicar oficialmente los decretos o leyes que no hayan sido observados por el Ejecutivo en los plazos Constitucionales, para evitar con ello la nociva práctica del “veto de bolsillo”. Se reconfigura además la estructura y funcionamiento de los cinco Centros de Estudio de la Cámara de Diputados a través de su fusión y la creación en su lugar de un Instituto de Estudios Parlamentarios.
Cabe recordar que estos centros se concibieron originalmente como órganos independientes del Congreso para elevar su capacidad de análisis y la mejora en la calidad técnica de los trabajos congresionales, equivalentes cuando menos a los que dispone el Ejecutivo. Estaban destinados también a prestar un sólido apoyo técnico a las comisiones de la Cámara. Sin embargo no han alcanzado esos objetivos ya que algunos se convirtieron en fuentes de canonjías y espacio para las cuotas y cuates de los partidos.
Se ha decidido que la conformación del nuevo instituto se convertirá en el proyecto piloto de servicio civil de carrera que nos proponemos extender a todos los trabajadores de la Cámara, antes de que termine la actual legislatura. Para que esta gran reforma se concrete es necesario legalmente el voto de la Cámara de Senadores la que, en esta hora de renovación nacional, estoy cierto que comparte mayoritariamente con nosotros las mismas convicciones. Nuestro mayor deseo es promover un bicameralismo respetuoso, ágil y eficaz, así como la cooperación con los congresos de los estados por lo que hace a las reformas constitucionales.
El pasado 18 de septiembre de 2019 la Conferencia de la Cámara tuvo a bien nombrarme como presidente del Consejo Técnico —integrado por un representante de cada grupo parlamentario— y facultado para la reestructuración y fusión de los Centros de Estudios. Hasta el momento el Consejo se ha reunido en sesiones que revelan la cooperación de todos los grupos parlamentarios. Nos extraña por ello la actitud rijosa de dirigentes de la derecha que aparentemente se oponen a la 4T y la creación de una quinta que nos llevaría al precipicio como las constituciones conservadoras y centralistas de 1836 y 1843.
Diputado federal
