El año 2020 será recordado en los libros de historia como el comienzo de una nueva era, aunque no se modifique el calendario gregoriano como el año cero en que nace la cristiandad. Si la sociedad humana y sus dirigentes tienen el talento y la imaginación para entender que la pandemia y la crisis económica que desató, están enterrando una concepción global llamada neoliberalismo; ideología intelectualmente pobre apoyada sólo en cifras “macroeconómicas” sesgadas, que generó una disparidad abismal entre los países, las clases sociales y las personas. En términos rotundos: No hay mal que por bien no venga. Estamos obligados a reconstruir un mundo que se acaba y cuyo destino es incierto.
Es hora de revisar las teorías del cambio, empezando por las geopolíticas que tratan de explicar las transiciones históricas de la humanidad, hasta las más radicales que no lograron concretarse por que no estaban creadas las “condiciones materiales” para ello. Algunos hablan de la exterminación de los pensadores “zombis” que no se han percatado de la muerte de su Dios: el mercado. Paul Krugman diagnostica que la intervención de los gobiernos y la inyección masiva de liquidez en la economía emergen como la única receta posible. Aconseja ir más allá de las políticas keynesianas en las que hoy se atrincheran los capitalistas perdedores y los tecnócratas moderados.
Los organismos internacionales sugieren adoptar una “economía de guerra”. Hay consenso sobre medidas drásticas como la estatización de industrias estratégicas, la conversión de los centros médicos privados a favor de un sistema sanitario público universal, el ejercicio de una presión fiscal sobre las rentas más altas y el abandono al temor de la deuda, bajo el lema “el crédito nos hará fuertes”. Comenzamos a variar en ese sentido. El proyecto enviado anteayer por la Secretaria de Hacienda al Congreso de la Unión, se llama Pre-criterios 2021.
Documento que adelanta algunos cambios estratégicos, cuyos detalles se conocerán en el paquete económico para el próximo año. El escrito habla de un choque drástico sobre la economía mexicana y del mundo. Insiste sobre las “medidas sanitarias necesarias” para la contención del virus. Habla de la incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros y destaca una fuerte caída de la demanda de petróleo y otras materias primas. Contempla con pesimismo el mercado petrolero exacerbada por la “guerra de precios” entre Arabia Saudita y Rusia, lo que hoy resulta inexacto ya que con la intervención del gobierno estadounidense el pasado día jueves llegaron a un acuerdo para disminuir la oferta y estabilizar los precios a la alza. Esto ocurrirá con o sin nosotros. México debiera intensificar su relación con los países productores y considerar seriamente nuestro ingreso a la OPEP en que participan la mayoría de los países exportadores con intereses semejantes a los nuestros, los que nos han invitado explícitamente desde 1975.
De todas maneras seguiremos comprando el 75% de la gasolina a precio de mercado durante algún tiempo mientras no se realizan cuando menos los proyectos de Dos bocas y la reconfiguración de las otras seis refinerías existentes. Decisión que debe inscribirse en el renglón de emergencia y concebir nuevos proyectos. Se ha recomendado también desgravar a Pemex de cuando menos una tercera parte de los impuestos que el gobierno le cobra, a fin de que pueda reinvertir: mayor producción, más capitalización y mejor calificación para adquirir crédito. Olvidan a veces los propios funcionarios que este sexenio lleva apenas 15 meses: la cuarta parte de su mandato.
La propuesta hacendaria reconoce el imperativo de una política contracíclica, pero bajo un “escenario prudente” fundado en que la estimación actual del crecimiento del PIB por parte de “organismos internaciones” así como “analistas del sector privado” oscila entre el -3.9% y el 0.1%. Subsiste la obsesión del superávit primario —ingresos totales menos egresos—, fórmula anacrónica de no gastar lo que no tienes, olvidando que mediante el uso responsable del crédito se recapitaliza la empresa y se obtienen mayores ganancias. La CEPAL propone un “frente de expansión económica” que apoye de modo contundente la inversión en infraestructura, construcción y vivienda, combinada con el aumento sostenido del salario. Estima que con estas y otras medidas complementarias podríamos crecer en un ejercicio anual al 2% y el año siguiente al 4%. Con estas tasas aumentaría sustancialmente los ingresos tributarios y por lo tanto el gasto social y los programas que se han elevado a rango constitucional. Inesperadamente el año pasado la inversión pública representó sólo el 2.3% del PIB, la cifra menor de los últimos 13 años.
Los hechos no mienten. El gobierno norteamericano plantea un aumento de su déficit del 16% del PIB para hacer frente a la crisis nacional y mundial, mientras que la Unión Europea se propone un 14%. La cuestión fundamental es ¿cuánto déficit fiscal debe aceptar el gobierno mexicano? La SHCP hace una estimación del 3%, economistas más avanzados proponen el 6% cuando menos para enfrentar simultáneamente la crisis y la reconstrucción. La OCDE habla de un Plan Marshall y nosotros de la Cuarta Transformación del país, que de no tomar grandes decisiones podría quedar en terapia intensiva.
Desde el encierro informático he estado en contacto con el grupo de economistas que le enviaron hoy un documento con el que coincido en lo esencial y al que he añadido 8 prioridades inmediatas que tengo a su disposición. Ellos hablan de un Pacto de Estado a la altura de las circunstancias. Otros de un Acuerdo Económico y Social para el Desarrollo. Cualquiera que sea el nombre sería presidido por el Ejecutivo Federal con la participación de sus dependencias y ser ratificado por el Congreso de la Unión. El sector privado involucraría a diversos niveles de empresarios y a sus organismos representativos, y no sólo a los grandes capitales cuya petición ha sido siempre las exenciones fiscales a cambio de la creación de empleos; cuando la micro, pequeña y mediana empresa generan el 80% de los empleos formales del país.
Quisieran igualar su fuerza a la del Estado, por lo que en ningún caso este acuerdo debe ser bilateral como en la época en que el gobierno era el “comité administrador de los intereses privados”. Por todas las razones expuestas nos corresponde actuar como representantes del pueblo y de la nación.
Diputado federal
