POR MÉXICO HOY / Carlos Lavore

En el curso de este siglo, México duplicó la cantidad de visitantes recibidos, pasando de 20 millones en 2000 a 42 millones en 2023, con la pausa por pandemia. Más de la mitad visitaron Yucatán y Quintana Roo.

El crecimiento exponencial del turismo mundial en los últimos años se debe a una combinación de factores económicos, tecnológicos, sociales y culturales vinculados a la globalización, apertura de fronteras, interconectividad, movilidad social, negocios, intercambios educativos y culturales, desarrollo tecnológico y digitalización de procesos, despliegue de plataformas y aplicaciones en red, con múltiples ofertas. Es un proceso cada vez más complejo que, en esencia, es dominado por el capital financiero y grandes empresas transnacionales, cuyo objetivo general es la ganancia, la utilidad, la renta.

Como parte del gran negocio está la ocupación y transformación del espacio físico, con infraestructura y equipamiento para transportes, cruceros, alojamientos, alimentación, recreación y servicios turísticos, en las costas, las selvas, las sierras, el campo, los desiertos, las ciudades y los pueblos. Las prioridades están determinadas por la industria turística global y a ella se subordinan las necesidades nacionales, locales, comunitarias, con la ilusión de un beneficio que no llega y un progreso que no es tal. Los gobiernos presumen la inversión, los habitantes resisten el despojo.

El turismo es una industria extractivista, colonialista y patriarcal, que se impone en el territorio con distintas escalas e intensidades, según se trate de grandes enclaves para sol y playa como en Cancún, Ixtapa-Zihuatanejo, Los Cabos, Huatulco y otros, o variantes del tipo turismo alternativo, de aventura, ecológico, cultural, urbano, rural, como en los Pueblos Mágicos, o Barranca del Cobre (Mogotavo y Wetosachi) en la Sierra Tarahumara; Peña de Bernal (San Antonio de la Cal y San Sebastián de Bernal) en Querétaro; la ribera del lago Chapala en Jalisco; Bacalar en Quintana Roo, por citar algunos ejemplos.

En ese sentido, la península de Yucatán, con gran riqueza natural, patrimonial y cultural, es un mosaico de experiencias turísticas de diverso tenor, entre las responsables y las extractivistas. El Tren y los Hoteles Maya se inscriben en estas últimas, detonando un profundo cambio en los usos del suelo para su construcción y para dar soporte físico a la potencial demanda turística, en el litoral caribeño y en la selva. En la Riviera Maya se intensifican los desarrollos inmobiliarios sin regulación, precedidos de apropiación de tierras, desplazamiento de población, especulación y encarecimiento. En conjunto, están teniendo fuerte impacto en las actividades productivas preexistentes, en las relaciones socioculturales y en el medio ambiente.

Los grandes enclaves y megaproyectos rompen ecosistemas, alteran las economías locales, subordinan a la población al empleo turístico mal pagado y son terreno fértil para el crimen organizado. Los proyectos de menor escala, ofrecidos como alternativos, son variantes de apropiación privada de ganancias, por mercantilización de la naturaleza y la cultura, explotación laboral y especulación del suelo. Las empresas turísticas que ofrecen visitas para disfrute de paisaje, artesanías y hábitos autóctonos, provocan una folclorización y degradación del arte, las costumbres y las personas, en desmedro de las comunidades, que van perdiendo identidad, pertenencia y razón de ser.

En las ciudades con vocación turística, el capitalismo de plataforma (Airbnb, Uber) está provocando desplazamiento de población, ruptura de tejido social, cambio de hábitos colectivos y encarecimiento de alquileres y bienes de consumo. Ya son frecuentes las manifestaciones de rechazo en distintos países.

Un enfoque racional del turismo debe partir del conocimiento sistémico de una actividad cada vez más compleja, con involucramiento de diversas disciplinas y, desde ese lugar, formular estrategias, políticas, planes y programas. Algo que hoy es materia en algunas universidades pero está lejos de la esfera pública.

Y debe partir de las personas, las comunidades, sus lugares y la naturaleza, entendidos no como mercancías, sino como protagonistas de un intercambio que respeta las culturas, las actividades, los espacios y las formas de organización. Los habitantes de cada lugar deben ser partícipes de la definición de proyectos, programas y modelos de negocio. Y beneficiarse de la renta que se genere.

Hay ejemplos destacables como Capulalpan de Méndez en Sierra Juárez y Geoparque Mundial UNESCO, Mixteca Alta, ambos en Oaxaca; la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Sierra Norte de Puebla. En Yucatán, puede mencionarse entre otros, la cooperativa U Kuchil Kuxtal en Ek Balam; la operadora de turismo comunitario Co´ox Mayab; la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario (APTC) integrada por 24 empresas sociales; el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil; la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc con cinco municipios mayas organizados para la autogestión.

Son algunas de muchas experiencias en que los propios colectivos controlan los términos de la actividad turística, a veces con apoyo de autoridades locales, organismos internacionales, fondos de fomento y universidades.

Un enfoque no sometido a los dictados del libre mercado, en favor de las necesidades del país, el medio natural y las poblaciones, requiere:

Revisar los grandes desarrollos turísticos que ya existen en función de la huella ecológica y social, es decir, las afectaciones que provocan y los beneficios que dejan a la población, para definir políticas de corrección y remediación de ecosistemas naturales como manglares, arrecifes de coral, fuentes de agua, bosques, grutas y cenotes, así como de restauración y fortalecimiento de tejidos sociales.

Formular un Plan Nacional de Turismo Responsable elaborado con participación social, es decir, con organizaciones territoriales, especialistas y universidades. También, Planes Regionales a partir de las características naturales, productivas y culturales, con involucramiento de la población.

Revisar los alcances funcionales y operativos de la Secretaría de Turismo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR), para poner la institucionalidad del sector en sintonía con una nueva visión del turismo.

Establecer un control riguroso sobre condiciones ambientales, ocupación de territorio, uso del suelo, desarrollos inmobiliarios, flujos humanos en zonas sensibles, a partir de planes y programas específicos elaborados con participación ciudadana. Determinar y respetar la capacidad de carga de los destinos turísticos para evitar la sobreexplotación y el deterioro de los recursos naturales y culturales.

Incrementar las áreas naturales protegidas y reservas de la biósfera con verdadero sentido de protección y no como coartada para variantes de turismo alternativo. Elaborar planes de manejo con participación comunitaria.

Regular la oferta y operación de las empresas promotoras de turismo, nacionales y transnacionales, masivas o selectivas, así como la operación a través de plataformas y aplicaciones digitales, en particular Airbnb y similares.

Fortalecer las actividades económicas colectivas (milpa, apicultura, agricultura local, manejo forestal). Respetar las relaciones comunitarias, pautas culturales, hábitos y costumbres. Garantizar protección social, laboral y salarial en actividades vinculadas al turismo.

Impulsar la investigación y desarrollo de conocimiento sobre turismo desde una visión compleja de la actividad, con la intervención de múltiples disciplinas (antropología, sociología, geografía, planificadores territoriales, etc.) y relacionando academia, gobiernos, empresas y comunidades.

Concientizar a servidores públicos y población en relación a los procesos que se despliegan desde la industria del turismo. Regular los contenidos publicitarios en los grandes medios de comunicación y las redes sociales.

La industria del turismo considera como mercancías al medio ambiente, los patrimonios, las culturas y las personas, a la par que implanta y naturaliza un proceso de colonización material y cultural para su aceptación como opción para el desarrollo y el bienestar. La realidad muestra que hay alternativas responsables desplegadas en el territorio, pero que se necesita una institucionalidad que las respalde e impulse, con normas, planes y políticas apropiadas, formuladas desde una racionalidad soberana, sustentable y participativa.

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