En vísperas de elecciones aparece recurrentemente el tema de la Planeación y se abren espacios en las campañas electorales para el planteamiento de ideas que surgen espontáneamente y pretenden dar solución a los grandes problemas nacionales, hay fogosas intervenciónes de los candidatos y aludes de promesas, la mayor parte de ellas imposibles de cumplir, a esto se le pretende cobijar bajo la palabra Planeación y de ahí surgen los “compromisos de campaña” que pretenden definir el camino de la administración que está por empezar pero cuyo único objetivo es llevar votos a las urnas.
No es para extrañarse entonces que con estos antecedentes se confunda la Gestión Pública con la puesta en práctica de ocurrencias geniales, coyunturales y sin fundamento que comprometen los recursos públicos, destruyen los bienes naturales y no se traducen en el mejoramiento significativo de las condiciones de vida de la población, ni se orientan a la construcción de un Proyecto de País democrático, equitativo y soberano, producto de la construcción de consensos para conciliar los intereses distintos y confrontados que surgen de un modelo de desarrollo depredador, impuesto desde el exterior, basado en la competencia, el individualismo, el consumismo y la corrupción.
Pocos meses después de la toma de posesión del nuevo gobierno se cumple religiosamente con el protocolo establecido en la Constitución para la presentación al Congreso de un documento más o menos amplio, según la preferencia de quien lo elabora, llamado Plan de Desarrollo (nacional, estatal o municipal, según sea el caso) y a partir de ese momento se ubica cuidadosamente en un librero donde duerme el sueño de los justos, hasta que se inicia una nueva campaña, en la que el candidato o candidata, señala en su primera intervención pública “lo que pasa es que no ha habido planeación” y a partir de ahí repite lo hecho por su antecesor
Esta lógica perversa nos ha llevado a crear tres marcos jurídicos paralelos para la planeación: El de la Planeación Democrática que desemboca en la asignación de recursos públicos; El del Ordenamiento Ecológico y el de la Planeación Urbana, los dos últimos a partir de un pacto no escrito pero respetado que reza así “la naturaleza empieza donde acaba el pavimento”. No se pueden ignorar los esfuerzos meritorios para buscar la vinculación entre estas tres visiones pero el hecho es que los tres marcos jurídicos siguen vigentes.
¿No sería más razonable entender la planeación como un proceso permanente e iterativo que parte de la evaluación rigurosa y sistemática de la compleja realidad en que vivimos a partir de dos visiones complementarias, la que va de arriba a abajo ofreciendo una comprensión general del conjunto y sus interacciones y la otra que surge de abajo a arriba que recoge las múltiples demandas y propuestas de la gran diversidad de actores e intereses de la sociedad y permite proyectarlas al futuro para identificar y evaluar los escenarios posibles, acordar con la sociedad el mejor común denominador alcanzable y definir las estrategias y acciones para lograrlo; actuar en consecuencia, aplicar una evaluación también continua y permanente que permita corregir errores y adecuar instrumentos sin perder de vista el objetivo acordado?
