Por: Félix Hernández Gamundi y Pola Grijalva
Los miembros de Por México Hoy hemos analizado por décadas con detenimiento y objetividad científica, el comportamiento de un sector fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país: el sector agroalimentario. Nos proponemos ahora publicar una serie de reflexiones alrededor de este tema toral, teniendo como referencia la definición de los programas y presupuestos para 2025 en el PEF y la renegociación del TMEC.
Según datos de Inegi y Conagua, para 2023, el sector agropecuario se desarrolla en 26.1 millones de hectáreas (ha) y del 24% de esta superficie (6.2 millones de ha) proviene el 65% de la producción nacional. Ellas contribuyen significativamente con la producción de maíz, arroz, trigo, frijol y sorgo que son los granos básicos para la dieta de nuestro pueblo. Y aunque en los últimos 5 años se ha incrementado el gasto en los programas de “Sembrando Vida” y los subsidios directos a las pequeñas unidades de producción de temporal, en realidad el gasto en la infraestructura hidroagrícola, el crédito refaccionario y de avío, los programas para el precio de garantía y los subsidios para fertilizantes, el gasto en asistencia técnica e investigación dedicada al campo y otros insumos se ha mantenido en niveles consistentemente decrecientes, lo que provocó la importación masiva de granos básicos en los últimos 20 años.
En el caso de la balanza comercial agroalimentaria, México ha llegado a tener saldos positivos, pues ha aumentado la exportación de frutos rojos, aguacate, cerveza, entre otros, pero ha aumentado paralelamente la importación de maíz amarillo, maíz blanco, arroz, trigo, frijol y sorgo. Llama la atención que Estados Unidos ha exportado a México del orden de 25 millones de toneladas de granos en 2023 para atender el 50% del consumo nacional, sin embargo, sabemos que esta importación está altamente subsidiada con cifras que rondan los 50 mil millones de dólares por año en promedio (cifra consistente para los últimos 15 años). Siendo así, nuestros productores compiten a contracorriente frente a los precios bajos e incluso con un margen de dumping que se calcula en 10-15% aproximadamente. Como sabemos, dichos granos básicos quedaron incluidos en el TLCAN-TMEC, y con este tratado se ejerce una presión consistente para el desmantelamiento de los subsidios en México y prácticamente las políticas de apoyo a este sector vital se han minimizado.
Según el PEF de 2025, la Conagua contará con un presupuesto de 20,000 millones de pesos para inversión en infraestructura en general, monto muy por debajo del mínimo indispensable para sostener la cobertura de este servicio a nivel nacional, pues incluye agua potable, saneamiento, riego y conservación de presas. En particular el Plan Nacional Hídrico propone la modernización de 200,000 ha de riego en 2025 (el 3.2% del total), esto significará una inversión entre 10,000 y 12,000 millones de pesos de acuerdo con los estándares conocidos, a este ritmo se requieren 30.5 años para alcanzar la meta. Alternativamente podríamos programar en los siguientes 15 años una inversión total de 300,000 millones de pesos para rehabilitar la totalidad de la superficie de riego del país.
En aras de nuestra suficiencia alimentaria y la soberanía nacional tenemos que modificar y corregir estas políticas, utilizando toda clase de medidas compensatorias que incentiven la productividad en la producción de granos básicos y como primera medida, éstos deben salir del TMEC.
En paralelo necesitamos una política de largo plazo para la inversión compartida, crédito de fomento, seguros, modernización y transferencia de tecnología para el desarrollo sostenible del campo mexicano.
Hoy estamos ante un contexto geopolítico internacional amenazante contra los países emergentes, por ello la soberanía alimentaria es un tema que debe tratarse con profunda seriedad para prevenir posibles panoramas de emergencia nacional.
Miembros de Por México Hoy.
