Por: Emilio Pradilla Cobos[1]
El suelo rural y urbano no es producto del trabajo humano, por lo que no debería ser propiedad privada; pero en nuestra sociedad se incorporó al mundo de las mercancías, al igual que otros recursos naturales como el aire, el agua, el paisaje, el mar y otros, que deberían ser bienes comunes, colectivos. En nuestro desarrollo urbano se ha privilegiado a sus propietarios, en especial al capital inmobiliario-financiero y sus megaproyectos, aún en ciudades como la capital del país, gobernada durante varias décadas por progresismos de diferente cuño. Un ejemplo: hace poco (junio del 2024), el Congreso de la CDMX aprobó una Ley Ambiental que facilita el acceso de este capital al suelo de las Áreas Naturales Protegidas y otras reservas ambientales para sus desarrollos, sin consultar a las comunidades indígenas y campesinas, lo que ha sido criticado por sus organizaciones sociales.
Un México para Todos señala que es urgente establecer y aplicar normas regulatorias que garanticen una gestión equitativa del suelo.
El desarrollo urbano centrado en la captación privada de la renta del suelo y en la especulación, excluye a la población mayoritaria del usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Contribuye a la destrucción de su patrimonio ambiental, construido, productivo y paisajístico, a multiplicar la conflictividad social, en las áreas urbanas y en su entorno rural, e incrementa la desigualdad.
El suelo urbano está sujeto a las leyes del mercado, lo que fomenta la especulación, la segregación, la discriminación social y la expansión irracional de la ciudad. Las rentas -plusvalías- que genera la inversión pública y el desarrollo urbano son apropiadas por intereses privados, en especial inmobiliarios.
Pero el suelo es un bien común, central en la construcción y desarrollo incluyente y sostenible de las ciudades, por lo que su uso debe subordinarse al interés colectivo. Es responsabilidad intransferible del Estado gestionarlo, lo cual permitirá el ordenamiento territorial y del crecimiento urbano; y garantizar el derecho de los habitantes a un lugar adecuado y seguro donde vivir. Proponemos:
Reconocer en la legislación la intervención del Estado y sus gobiernos en los mercados de suelo; reconfigurar los derechos de propiedad; recuperar la función social y ambiental de la propiedad del suelo.
Diferenciar la propiedad y el derecho a edificar, el cual debe ser definido y regulado en función de la distribución equitativa de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad genera.
Desarrollar los instrumentos jurídicos, administrativos, fiscales, financieros y de participación ciudadana necesarios para asegurar la función social y ambiental del suelo y su propiedad, pues su ejercicio debe satisfacer necesidades individuales, pero está condicionado por los intereses de la colectividad.
Garantizar la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano mediante:
Propiciar que los organismos responsables de operar los programas de suelo y vivienda reconozcan e impulsen otras opciones de tenencia legal del suelo y la vivienda distintas a la propiedad privada, como el arrendamiento y la propiedad cooperativa de uso y goce, para atender la diversidad de necesidades, circunstancias y soluciones que requieren quienes carecen de una vivienda adecuada.
El Programa General de Desarrollo Urbano definirá las áreas no urbanizables por preservación ecológica, captación de acuíferos, alta productividad agrícola, vulnerabilidad ante fenómenos naturales y protección del patrimonio cultural e histórico. Se establecerán las regulaciones, incentivos y sanciones para mitigar riesgos y garantizar su preservación y mantenimiento.
El movimiento progresista tiene ahora mayoría calificada para legislar: debe demostrar su carácter aprobando y aplicando reformas sustanciales para el desarrollo urbano.
[1]. Miembro de Un México para todos