Por Emilio Pradilla Cobos
La falta de vivienda adecuada para los sectores populares de trabajadores ha sido una constante en México y América Latina desde que la industrialización por sustitución de importaciones, la correlativa intervención del capital en el campo para adecuarlo a las nuevas necesidades y el crecimiento urbano acelerado debido al despojo de la tierra de los campesinos y su emigración hacia las ciudades, sobre todo después de la segunda guerra mundial: los recién llegados a las ciudades, sin empleo estable ni ingresos suficientes, tuvieron que hacinarse en las vecindades centrales o invadir terrenos y autoconstruir sus míseras e incompletas viviendas en las periferias urbanas.
En palabras de Ricardo Monreal Ávila, legislador de la 4T, “esta situación afecta principalmente a las y los trabajadores que, por diversas razones, no tienen acceso a una vivienda formal: su salario es insuficiente, no son afiliados al Infonavit, o no cumplen con los requisitos para acceder a un crédito hipotecario.” (EL UNIVERSAL, 23/12/24, negritas en el original).
Actualmente, el faltante de viviendas en México, según la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), es de 9 millones de unidades, de las cuales 4.5 millones deberán costar entre 480 mil y 600 mil pesos, “un rango accesible para el salario promedio de los mexicanos”, (EL UNIVERSAL, 26/12/2024). Nosotros hacemos la pregunta ¿y cuántos trabajadores reciben en México el “salario promedio”? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi) señala que, en 2024, el salario promedio “que recibe la mayor parte de los mexicanos” era de 11 mil pesos, y que solo el 6% de la población económicamente activa (PEA) recibe más de 15 mil pesos de ingreso, con el que los trabajadores tienen que cubrir muchas necesidades, de las cuales el adquirir una vivienda es solo una de ellas.
Recordamos también que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas (ONU), el 56.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país se ocupa en el sector informal de la economía, labora en condiciones precarias al sol y al agua y sin servicios sanitarios, no tiene seguridad en el empleo, carece de prestaciones sociales, y no está afiliado ni al Infonavit ni al Fovissste, por lo que no pueden acceder a un crédito hipotecario en los organismos de vivienda social; y que aún entre los afiliados al Infonavit hay cerca de 9 millones de trabajadores que no tienen las condiciones mínimas impuestas por el mismo organismo para acceder a un crédito.
Los gobernantes mexicanos, desde los años 1930, han buscado soluciones a esta situación, de acuerdo con sus diversas concepciones ideológicas, desde el intervencionismo estatal posrevolucionario, hasta el neoliberalismo de los panistas y priistas recientes, sin que se haya resuelto el problema de la vivienda en el país. Contradictoriamente, a mediados de los años 2010 había 5 millones de viviendas de interés social (VIS) invendidas, abandonadas, deshuesadas u ocupadas ilegalmente, lo que llevó a la quiebra a las mayores empresas privadas constructoras de ellas. Hoy, quedan muchas de ellas en esta situación.
La reforma constitucional aprobada ya en una de las Cámaras Legislativas es un nuevo intento, realizado ahora por la “Cuarta Transformación”, que tampoco resolverá las condiciones que impiden que los trabajadores mexicanos solucionen adecuadamente su necesidad de vivienda; no resolverá las causas que señala el legislador y que esbozamos antes, pues no actúa sobre ellas —ni tampoco otras medidas tomadas por el gobierno las resuelven—, sino sobre la operación institucional de los organismos.
Integrante de Por México hoy
