La dicotomía de una realidad que no se ha querido enfrentar: Por un lado, Alex LeBarón le pregunta al presidente de EU, ¿Quiere ayudar?, le pide que reduzca el consumo de drogas en su país y que evite vacíos legales que inyectan sistemáticamente armas a México. Por otra parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoce que el calibre de los casquillos .223 de fabricación Remington es de procedencia estadounidense.
Vemos con tristeza como los campos fértiles de nuestro país que antes se veían cubiertos de flores y frutos, se han convertido en tierra fértil donde cada día se cosechan nuevas fosas, regadas con dolor y sangre.
En los últimos meses, este ambiente de violencia se ha intensificado, volviéndose comunes los asesinatos colectivos, que incluyen a gente inocente, como la masacre de la familia LeBarón, en el estado de Sonora.
A pesar de que el canciller Marcelo Ebrard afirmó que existe un grupo de alto nivel integrado por autoridades de México y Estados Unidos para detener el flujo de armas que ingresan al país y que son utilizadas en la mayoría de los eventos violentos dentro de territorio nacional, lo cierto es que el problema persiste.
Al interior del país, la decisión del gobierno federal de frenar la ofensiva en contra de los grupos criminales (“Abrazos en lugar de balazos”), parece no incidir en la disminución de la violencia.
El tráfico de armas es tan grave que, se estima, cada día entran a México 567 armas de fuego ilegales, que en la última década suman más de 2 millones de armas. ¿La consecuencia?: Tan solo en 2018 se registraron 35,964 homicidios en nuestro país.
La débil regulación en Estados Unidos para la compra, venta y posesión de armas, ha permitido que la mayoría de las armas adquiridas en la última década hayan ido a parar en manos de los cárteles de las drogas en México, pero también la débil postura de los gobiernos de nuestro país, ha permitido miles de muertes.
En un escenario de responsabilidad compartida, se requiere de la firme posición del gobierno federal para introducir en la Agenda Bilateral, además del tema migratorio, el freno al tráfico de armas, como medida para atender la seguridad fronteriza, que en el fondo debe servir como mecanismo para frenar el baño de sangre que vive México.
Mientras no exista voluntad política en ambos gobiernos, la frontera común continuará siendo tianguis donde se consigan armas sin mayor control. La organización Small Arms Survey estimaba en 2018, que había en manos de civiles en nuestro país, 16 millones de armas, 85 por ciento de las cuales era de procedencia ilícita.
Los esfuerzos deben enfocarse en impulsar acciones legislativas, tanto en México como en Estados Unidos, que frenen esos flujos de armas y el dinero de los grupos que las trafican.
La ausencia de acuerdos bilaterales y de una estrategia común, que permita a ambos países encarar el problema, deja abierta la puerta para que sigan llegando las armas de fuego al país.
Mientras esto no cambie, México continuará colocando los muertos y Estados Unidos pondrá las armas.
