Cuando el 28 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaraba al COVID-19 una pandemia, jamás nos imaginamos que la reacción tardía y errática del gobierno federal nos conduciría a una crisis sanitaria de las proporciones que estamos viviendo que, además con las medidas de mitigación, agravaría la crisis económica que ya carcomía al país.
En esa fecha, los focos rojos estaban encendidos en el mundo, con 600 mil casos confirmados y 27 mil decesos. En México, aun sin el tema en la agenda gubernamental, teníamos 848 casos confirmados y 16 muertes.
En marzo, en otros países ya estaban en operación programas orientados a paliar la pérdida de empleos, apoyos para desempleados y destinaban fondos especiales para reforzar programas de salud. Es decir, delineaban una estrategia para enfrentar la pandemia.
En tanto en México, en esa fecha, era patente la ausencia de una reacción oportuna frente a una pandemia que ha puesto en peligro la vida de los mexicanos. Eran días en que el gobierno no asumía decisiones políticas para restablecer las condiciones mínimas de operación del sistema de salud, después de la precipitada decisión de desaparecer el Seguro Popular para imponer al INSABI, sin fondos ni infraestructura previa, cuyos efectos han sido palpables. Ni había comprado equipos, reactivos y medicinas, ni había adoptado medidas necesarias para evitar la propagación del virus, como establecer control en fronteras y aeropuertos o llamar al aislamiento. Nada.
Era un mes clave para asumir una estrategia seria y bien estructurada. Pero no. El presidente asumió medidas parciales e insuficientes, negándose a restringir vuelos y eventos masivos, alegando no actuar de manera precipitada. Tan solo el 12 de marzo, Hugo López Gatell señalaba que no había evidencia científica que probara que la restricción de viajes “pueda tener un papel relevante” para la protección de la salud pública.
Las autoridades han avanzado con los ojos vendados y con medidas que ni siquiera el presidente atiende: sin pruebas ni rastreo de contagios; sin uso de cubrebocas y mascarillas; con un monitoreo limitado y no representativo; sin la aplicación a tiempo de medidas de distanciamiento social; sin apoyo a las personas que decidieron quedarse en casa y, ahora, un regreso precipitado a las actividades.
Las consecuencias de la ligereza y la ausencia de una estrategia seria en la atención de la pandemia son contundentes. En salud: México tiene casi 44 mil muertes. Tan solo en los últimos 30 días han muerto 17 mil mexicanos. En economía: el PIB caerá por encima del 8 por ciento; en mayo, 12 millones de mexicanos se quedaron sin ingresos y, además, 12.2 millones de personas caerán en pobreza.
Por ello, urge un cambio estratégico en el orden económico que responda a la doble emergencia: sanitaria y económica. En la primera, se tiene que proteger como prioridad la salud de la población y fortalecer el sistema de sanitario.
En la emergencia económica, urge proteger los medios de vida, estimular a las pequeñas y mediana empresas para salvar empleos y garantizar un ingreso vital para quienes se quedaron sin ingresos.
Existen medidas que igualmente contribuyen a evitar los contagios y permiten se mantenga la actividad laboral. En ese sentido, junto con la Senadora Patricia Mercado, hemos presentado un par de propuestas. Con la primera, debemos estimular el teletrabajo en aquellas actividades que lo permiten para que las personas realicen su trabajo desde casa, al menos 2 días a la semana. Con ello, contribuiremos a que disminuya la movilidad de personas.
Igualmente, como segunda alternativa, tenemos que establecer esquemas que permitan un regreso escalonado a las actividades productivas . Ante la determinación precipitada de regresar a las actividades, los tres órdenes de gobierno deben implementar una estrategia sustentable que equilibre la protección de la salud de los mexicanos y la reactivación económica.
Es tiempo de actuar, pero con responsabilidad. De lo contrario, un rebrote será inevitable y un nuevo confinamiento tendría que ser implementado.
