La compleja situación que envuelve a los flujos migratorios a escala mundial, ha estada marcada por una visión restrictiva que deja de lado las causas que originan las migraciones para centrarse en mecanismos de freno al tránsito de personas.
Si bien, en lo inmediato, se mantiene la política de detener las migraciones provenientes del sur, con medidas que inhiban su paso hacia territorio de Estados Unidos, la actual administración de ese país avanza en la aprobación de parte de sus compromisos de campaña, con algunas acciones que permiten pensar en una nueva era en el trato al tema migratorio.
En efecto, el Senado de Estados Unidos aprobó un par de reformas migratorias del presidente Joe Biden, de una serie de acciones que anunció realizaría a su llegada a la presidencia, que permitirán otorgar la ciudadanía estadounidense a los denominados “dreamers” y estancia legal temporal a jornaleros agrícolas indocumentados.
El primero de los proyectos aprobado en el Senado estadounidense, Dream and Promise Act, abriría la puerta para otorgar la ciudadanía a los “dreamers”, es decir, a menores de edad que llegaron con sus padres de manera indocumentada, con el cual se beneficiaría a poco más de un millón y medio de jóvenes, de los cuales aproximadamente 750 mil son mexicanos.
El segundo de los proyectos aprobados, Farm Workforce Modernization Act, permitiría la legalización temporal de poco más de un millón de jornaleros agrícolas indocumentados que, además, incluiría a sus esposas e hijos, quienes después de cuatro a ocho años, podrían obtener la residencia legal permanente.
En este contexto, un grupo de Congresistas ya se encuentran trabajando y cabildeando un nuevo proyecto de ley que, de aprobarse, otorgaría la ciudadanía a aproximadamente 5 millones de migrantes que carecen de documentos, pero que son considerados trabajadores esenciales ya que se desempeñan en sectores fundamentales, como salud, agricultura, sanidad y alimentos, entre otros.
Este proceso continúa con la más ambiciosa reforma migratoria de las últimas décadas, el cual no estará ajeno a obstáculos y presiones políticas. Por ejemplo, del lado de los republicanos, se han alzado voces que mantienen el discurso antiinmigrante del gobierno anterior, enarbolando argumentos como una posible crisis fronteriza.
Nos queda claro que una reforma de tal envergadura será resultado de un proceso que implicará, en su tránsito por las Cámaras del Congreso de Estados Unidos, la presión hacia el gobierno de Joe Biden para que ponga freno al incremento de personas que cruzan la frontera de manera irregular. Pero aún hay algunas dudas, ¿Entre las medidas que estarán en la discusión, se encontrará la solicitud para que México mantenga su política de contención al tránsito de migrantes desde su frontera sur y mantenga su posición en la frontera norte de recibir a migrantes que estarían a la espera de su solicitud de asilo?
Parece que para frenar o en su caso lograr disminuir los flujos migratorios provenientes de centroamérica, el gobierno de los Estados Unidos necesitaría que nuestro país continúe con algunas de las políticasque se implementaron de control fronterizo.
Sin duda, una de las acciones positivas que ha implementado Biden es el no expulsar a migrantes menores de edad no acompañados, pero esto ha traído como consecuencia que el número aumente potencialmente pues son cientos los menores que cruzan todos los días provenientes de Centroamérica en su gran mayoría.
En lo que se refiere a las solicitudes de asilo, son miles de personas tanto mexicanos como centroamericanos quienes presentaron la solicitud, de hecho, están en revisión 25,000 solicitudes; sin embargo, Roberta Jackobson declaró que la mayoría serán rechazadas.
Lo cierto es que de aprobarse la reforma migratoria integral propuesta por el gobierno de nuestro vecino del norte, se generaría un beneficio económico de 3 billones de dólares, a lo largo de diez años, para las economías de México y de Estados Unidos, como consecuencia del incremento de la productividad de poco más de 11 millones de migrantes, en caso de ser regularizados, conforme a la investigación del North American Integration and Development Center (NAID), de la Universidad de California.
Además, la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos, incluye medidas para atender las causas de la migración de países de Centroamérica, como un plan de cuatro años y destinar cuatro mil millones de dólares en la zona.
Desde donde se vea, las medidas adoptadas hasta ahora desde la presidencia de Estados Unidos, hacen pensar a la comunidad mexicana migrante que estaríamos en el paso de una visión más humana en el trato y que a futuro tendríamos una migración mejor regulada y ordenada.
Por nuestra parte México tiene una gran tarea y responsabilidad, por un lado, continua la deportación de migrantes por parte de los Estados Unidos, por el otro, cientos llegan por la frontera sur con la esperanza de llegar al vecino país. No podemos dejarlos a la deriva de los grupos delincuenciales, recordemos que son familias enteras que lo único que buscan es una mejor vida y en muchos casos, el simple hecho de vivir.
