Algo muy complejo y peligroso se está convirtiendo en parte del diario acontecer en nuestro país: La impunidad y la aplicación selectiva de la justicia en beneficio del poder público .
México vive un nivel elevado de impunidad. El 94.8 por ciento de los delitos quedan sin resolverse. Esto muestra que pese a la promesa hecha de lucha contra la corrupción e impunidad, estas crecen cada día. Mientras las fiscalías se ahogan en el mar de carpetas de investigación, los Ministerios Públicos y peritos se ven rebasados y la inseguridad se mantiene, asesinar, secuestrar, extorsionar, desaparecer personas o acusar infundadamente es común en el país.
En este contexto, la implementación del nuevo modelo de justicia penal que pasó de uno “inquisitorio” a otro donde debe prevalecer la presunción de inocencia, se ve nulificado porque después de cinco años prevalecen las malas prácticas del anterior sistema.
A esta situación, debemos agregar que con la reforma constitucional que sumó nueve delitos al catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva automática, se ha puesto en riesgo la presunción de inocencia.
¿Cuál es el riesgo de la aplicación discriminada de la prisión preventiva? Pues que cualquier Fiscalía con tan solo reunir pocos elementos envíe a la cárcel a cualquier persona sin realizar previamente una investigación exhaustiva. Con ello se alienta la impunidad, porque se acusa y priva de la libertad a inocentes con solo indicios o simples señalamientos.
Los riesgos de la prisión preventiva son muchos pero sobre todo se le relaciona con regímenes autoritarios, porque no existe diferencia entre la autoridad que investiga y la que sentencia, es decir, no hay independencia de la autoridad judicial y las personas acusadas se encuentran indefensas y expuestas al ejercicio arbitrario del poder.
Esto es exactamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Vemos con preocupación cómo diariamente se conocen más casos de personas encarceladas por excesos y abusos del poder público, violando la ley y la Constitución, con abierta violación a las garantías y los derechos humanos en ellas contenidas.
En otras palabras, estamos hablando de detenciones de corte político realizadas desde el amparo del poder público.
Lamentablemente, existe una dinámica de actuación en el Estado de Veracruz que apunta a que la Fiscalía General de Justicia en el Estado actúa por consigna, es decir, sin independencia, en contra de adversarios del gobierno actual. Así, resulta por demás curioso, que desde hace tres años, en Veracruz se han dado una serie de detenciones en contra de personas de partidos políticos opositores: Tito Delfín del PAN, por abuso de autoridad y fraude; Gustavo Díaz del PRI, por portación de arma de fuego; Azucena Rodríguez del PRI, por participación en presunto homicidio; Gregorio Gómez del PRD, por portación de arma de fuego y Rogelio Franco del PAN, por presunta agresión a un policía.
A las anteriores, se suma una acción a todas luces ilegal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, con la que se privó de la libertad a José Manuel Del Río Virgen , Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.
Es grave que en Veracruz la justicia se haya pervertido y politizado, al grado tal que se den situaciones de abuso de poder en contra de opositores y civiles, con lo que se daña a la sociedad en general.
Este martes 28 de diciembre, el Juez que conoce de la causa de José Manuel Del Río Virgen, ratificó el despropósito de la Fiscalía General de Justicia del Estado y, sin la menor independencia, lo vinculó a proceso a pesar del cúmulo de irregularidades.
A pesar de ello, esperamos que la razón y la justicia prevalezcan, y que quienes han sido encarcelados ilegalmente, como José Manuel Del Río, pronto puedan recuperar su libertad. Deseamos que en Veracruz impere la ley y no los caprichos del poder, y que cese la persecución en contra de adversarios políticos.
