En el marco constitucional que dio origen al Instituto Nacional Electoral (INE), como organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales y llevar a cabo, en coordinación con los organismos electorales en las entidades federativas, las elecciones locales y las de la Ciudad de México, uno de sus propósitos ha sido que la autoridad electoral cumpla con sus principales fines: contribuya al desarrollo de la vida democrática, fortalezca el régimen de partidos políticos y asegure a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político – electorales, pero fundamentalmente que contribuya a incrementar la confianza ciudadana en la autoridad electoral, fortalezca los mecanismos de su participación y, con ello, fortalezca la democracia en el país.
En ese propósito, la autoridad electoral ha sido clave en la práctica y difusión de los valores y principios democráticos. Los procesos electorales organizados bajo la tutela del INE han demostrado su compromiso institucional a fin de que las elecciones se organicen con apego a la ley, con la participación ciudadana y el desarrollo de campañas electorales en un marco de libertad y pleno respeto entre todos los actores.
A punto de concluir el proceso electoral 2021, pues quedan aún pendientes de resolución las impugnaciones al mismo, el Consejo General del INE ha resuelto sancionar a Movimiento Ciudadano por supuestas irregularidades en la campaña de su candidato a gobernador en Nuevo León, Samuel García, por recibir apoyo de Mariana Rodríguez, esposa del ahora gobernador electo.
Es una determinación que va en contra de las funciones y del trabajo que durante todos estos años ha realizado el INE, ya que resulta claro que Mariana Rodríguez, youtuber e influencer, participó en la campaña de su esposo de manera libre, como lo hicieron miles de mujeres y hombres en Nuevo León.
Las publicaciones de Mariana Rodríguez en sus redes sociales, sobre su esposo, se realizaron en el ejercicio abierto y transparente de la libertad de expresión y constituyen además un legítimo apoyo al entonces candidato.
Lo que la autoridad está haciendo es cosificar a Mariana Rodríguez y le impone un precio al apoyo que le brindó a su esposo en la campaña por la gubernatura de Nuevo León. Es claro que lo que el INE pretende es cuantificar como si fuera un servicio comercial, lo que en realidad fueron mensajes de legítimo apoyo.
Lamentablemente esta situación no es nueva. La posición del INE ya se había presentado en el proceso electoral de 2018, cuando igualmente pretendió que se consideraran como gastos de campaña las publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez sobre Samuel García, en ese entonces candidato a senador de la República.
Afortunadamente prevaleció la justicia en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual falló a favor de Samuel García, sosteniendo el criterio de que las publicaciones protegidas por la libertad de expresión no constituyen irregularidades en la fiscalización ni un gasto que se debe reportar.
En ese entonces la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral estableció que “En ese sentido, es evidente que las publicaciones denunciadas sí corresponden con manifestaciones para mostrar su apoyo al entonces candidato, sin embargo, la sola publicación no constituye una irregularidad en materia de fiscalización o un gasto a reportar en el informe respectivo, pues no se observa que hayan sido promocionadas, es decir, objeto de pago para una difusión de mayor alcance”.
Por tanto, frente al ejercicio de una libertad y el apoyo legítimo a un cónyuge, no podemos aceptar que la autoridad electoral, sin claridad argumentativa ni legal, haya resuelto la imposición de la multa. Frente a la actual resolución del INE, al igual que en el caso citado de 2018, sin duda alguna, el Tribunal Electoral deberá hacer prevalecer la justicia y la razón.
En esta etapa del desarrollo democrático, en un contexto en el que el INE ha venido siendo cuestionado, uno de los mayores retos que enfrenta la autoridad electoral es la de consolidar la credibilidad en su actuar. Este tipo de determinaciones, poco abonan a su robustecimiento.
Confiamos en que el Tribunal Electoral corrija este despropósito. A fin de que México fortalezca su vida democrática, requiere de una autoridad electoral que cumpla cabalmente con sus fines institucionales. En ello va de por medio, la confianza en el INE y la mayor participación ciudadana.
