La complejidad vial del país nos presenta un escenario que demanda un cambio de paradigma en la visión del crecimiento de la infraestructura urbana y de la forma en que se debe dotar a las ciudades de una seguridad vial que frene los eventos de tránsito y, con ello, el lamentable número de muertes que cada día se presentan.
Lo cierto es que no es fácil coordinar una estrategia, cuando en México existen 401 ciudades, clasificadas en 74 zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos, en las que se concentran más de 92 millones de personas, es decir, poco más de 74.2 por ciento de la población total del país.
Lo anterior, exige a los gobiernos orientar claramente todas las estrategias en materia de ordenamiento territorial, movilidad y seguridad vial a las ciudades, particularmente a las áreas metropolitanas por concentrarse en ellas el mayor crecimiento poblacional.
En esta nueva visión, debemos pensar en ciudades donde se genere la integración del territorio, con zonas que reduzcan los desplazamientos, la urgencia de descentralizar los servicios y fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta y otros vehículos no motorizados.
Lamentablemente, la fragmentación del espacio urbano incrementó las distancias y los tiempos de traslado, induciendo el uso del automóvil para satisfacer las necesidades básicas y encareció en transporte público. Desde otra perspectiva, la expansión territorial, la falta de vivienda bien ubicada y las políticas que incentivaban el uso del transporte particular provocaron impactos negativos en la vida de las personas: congestión vehicular, mala calidad del aire, problemas de salud pública y segregación social.
En este contexto, la planeación de la movilidad y la seguridad vial han sido abordadas de manera limitada por la falta de instrumentos que ayuden a planear y regular las problemáticas que generan. Igualmente, los esfuerzos de las autoridades para mejorar la movilidad e incrementar la seguridad vial han sido insuficientes.
Por ello, con la claridad sobre la urgencia de implementar un esquema jurídico que permita la coordinación gubernamental e institucional entre los distintos niveles de gobierno, desde la anterior Legislatura en la Cámara de Diputados, impulsamos una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, principales promotoras de una legislación en la materia.
Afortunadamente, ese esfuerzo fue permeando en la sociedad y en los legisladores al grado de que hoy es casi una realidad que en los próximos días en el Senado de la República se apruebe la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que contribuya a reducir las muertes y lesiones ocasionadas por siniestros viales.
La aprobación de esta legislación en materia de movilidad y seguridad vial representará sin duda un cambio en el paradigma de la pirámide de la movilidad, pues privilegiará al peatón, el transporte público y los vehículos no motorizados por encima de los vehículos particulares.
Además, en materia de coordinación gubernamental e institucional, la ley contempla un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, donde participarán todas las dependencias y entidades vinculadas a estas problemáticas, con lo cual se podrá generar una política nacional y una estrategia en materia de movilidad y seguridad vial.
Con esta ley, además de dar cumplimiento a un mandato constitucional, se garantiza la implementación de mecanismos necesarios para el diagnóstico, información, seguimiento, evaluación y auditoria de políticas, planes y programas que ayudarán a reducir las muertes, lesiones y discapacidades provocadas por hechos de tránsito.
Este nuevo cuerpo normativo será resultado de los esfuerzos de todos los actores involucrados, que lograron plasmar una visión integradora de la seguridad vial, a partir de la realidad nacional y las necesidades de la sociedad.
Es claro que con este marco jurídico e institucional, la movilidad y la seguridad vial podrán ser atendidas de manera integral y permitirá avanzar en la atención de los compromisos y metas contenidos en el Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción Global para la Seguridad Vial 2021-2030, como que el cien por ciento de los ocupantes de vehículos utilicen cinturón de seguridad, que la totalidad de las personas que usen motocicleta utilicen casco de seguridad, se reduzcan las muertes por exceso de velocidad, y disminuyan a la mitad los traumatismos y muertes ocasionadas por conducir bajo los efectos del alcohol.
Por donde se le vea, la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, permitirá garantizar el derecho a la movilidad con seguridad vial. Con su aprobación serán muchas las muertes en siniestros viales que se podrán prevenir. Recordemos: No son números, son personas.
