La militarización del país significa el traslado progresivo de facultades que son propias de la autoridad civil en materia de seguridad pública a las fuerzas armadas, lo que representa una decisión política por la que un gobierno civil involucra a los militares en asuntos que no le corresponden.
Andrés Manuel López Obrador
(26 de abril de 2010)
Este traslado de facultades en el combate a la inseguridad pública se fue convirtiendo en la alternativa planteada por los últimos gobiernos como una necesidad y alternativa única para regresar la seguridad a la población. Desafortunadamente en los hechos la estrategia ha demostrado no ser la vía para recuperar la paz y la seguridad en el país, y si, por el contrario, no ha disminuido los índices de violencia, sí ha generado el aumento en el número de violaciones a los derechos humanos y en consecuencia, debilitado a las instituciones encargadas de la seguridad de carácter civil.
Ese proceso progresivo de militarización de la seguridad pública en México con la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen, que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha profundizado, no puede darse de manera completa y sin controles, con una estrategia que pone en riesgo la construcción de un país más seguro.
Aceptarla conlleva muchas otras cosas, pero una de las más graves, es la normalización de la presencia del verde olivo o uniforme militar, por su exposición permanente, en el escenario nacional y su impacto sobre la violencia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en nuestro país.
Por ello, la determinación del gobierno federal actual de formalizar y extender el control militar de las tareas de seguridad pública representa una violación a la Constitución y constituye además una amenaza a los derechos humanos de las personas, sobre la cual han levantado la voz actores políticos y sociales.
Viola la Constitución porque en el texto del artículo 19, la naturaleza de la Guardia Nacional es claramente civil: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. El mismo artículo más adelante agrega: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional…” No hay espacio para interpretaciones.
Cuando la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del sábado 3 de septiembre pasado, la reforma a diversas disposiciones legales para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, lo que ha aprobado es la militarización de la seguridad pública, adscribiendo a esa Secretaría a 115 mil elementos de una institución que por mandato constitucional es de carácter civil.
Recordemos que la creación de la Guardia Nacional, se acompañó de un parlamento abierto donde expertos, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y legisladores coincidieron en establecer en la reforma constitucional, que la Guardia Nacional tendría un mando inequívocamente civil, además de que se fortalecerían las policías estatales y municipales.
Después, al contrario de lo prometido, el Presidente impulsó a un mando militar en retiro al frente de esa institución, ha postergado la inversión de recursos públicos para el fortalecimiento de las policías locales y continúa impulsando que las fuerzas armada se hagan cargo de la seguridad pública.
Contradiciendo sus reclamos a los anteriores gobiernos, de regresar las tropas a los cuárteles militares, viene ampliando el presupuesto, las responsabilidades y las funciones de las Fuerzas Armadas.
La propuesta del presidente ya fue aprobada por la mayoría que representa su partido político y sus aliados en la Cámara de Diputados. En los próximos días será presentada en el Senado de la República.
Es tiempo de frenar las decisiones que van en contra de la Constitución y que dejan a los ciudadanos indefensos ante los militares. Es tiempo de consolidar una estrategia de seguridad pública que avance en la construcción de corporaciones civiles, coordinadas y eficientes, que permitan efectivamente recuperar la paz y la tranquilidad del país.
