No obstante que el pasado jueves 7 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no desecho el modelo energético propuesto por el presidente de la República, al declarar constitucional los artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, aún queda pendiente la discusión y posible aprobación de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, que inicia este martes 12 de abril de 2022, en la Cámara de Diputados, para la cual se requiere de dos tercios de los legisladores que el partido gobernante por sí solo no tiene.
Durante los foros de Parlamento Abierto que se celebraron durante las semanas pasadas, legisladores, especialistas, académicos y funcionarios públicos expusieron las virtudes y las complicaciones de la iniciativa, en más de 138 ponencia expuestas en más de cien horas de parlamento, que debieron contemplarse en el análisis de las comisiones dictaminadoras en el proyecto de dictamen.
Lamentablemente, la iniciativa se mantiene intocada en lo esencial, solo con el ofrecimiento de incorporar ciertas propuestas de algunos grupos parlamentarios opositores, para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), genere el 54 por ciento de la energía eléctrica que necesita el país, pero reduciendo abiertamente la participación del sector privado al 46 por ciento de dicha capacidad de generación.
Igualmente, el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, de aprobarse en sus términos la propuesta del presidente, sería prestado exclusivamente por CFE y aun cuando se diga que la empresa estatal podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, lo cierto es que se propone la cancelación de los permisos de generación eléctrica y los contratos de compraventa de electricidad acordadas con las empresas, como también las solicitudes pendientes de resolución.
Por si no fuera suficiente, la iniciativa plantea que de ninguna manera se reconocerán los permisos de autoabastecimiento otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y que hayan sobrepuesto condiciones, así como cancelar los certificados de energías limpias.
Lo que es claro es que la iniciativa no se modificará en lo esencial, es decir, que el Estado mexicano asuma el control del sistema eléctrico del país, que la transición energética sea responsabilidad del Estado, que se cancelen los contratos y permisos otorgados, aunque se reconozca la inversión del sector privado. Nada más y nada menos.
La propuesta del presidente resulta en extremo preocupante no solo para la vida interna del país, sino de cara a la pérdida de confianza y desaliento a la inversión privada, nacional y extranjera, por la falta de garantías y una clara ausencia de certeza jurídica.
Actualmente, cuando la mayoría de los países apuestan a la transición a las energías limpias, que sean accesibles y permitan el autoabastecimiento en hogares y centros de trabajo, en paralelo a la reducción del uso indiscriminado de energías contaminantes, la iniciativa no apuesta a servir al combate al cambio climático y tampoco garantiza el acceso universal a la electricidad asequible en 2030.
En cambio, la propuesta tendrá graves consecuencias en materia de costos económicos, ambientales, de tarifas y a la salud. Estos costos implicarán afectación negativa a la competitividad en el sector al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas, y dañar al medio ambiente.
La reforma constitucional propuesta sin duda es un retroceso porque busca la preponderancia de CFE en el mercado nacional, al modificar el criterio de despacho de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional; cancelar permisos; revertir la separación horizontal y vertical de CFE; eliminar los Certificados de Energía Limpia (CEL); desaparecer la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos; incorporar el CENACE a la estructura de CFE para convertirlo en operador del mercado) y establecer la explotación exclusiva del litio para el Estado mexicano a través de CFE.
Por esto, tanto el contenido de la Ley de la Industria Eléctrica como la posible aprobación de la reforma constitucional, tendrá además consecuencias internacionales por la probable violación del contenido del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T- MEC), pues las empresas extranjeras podrían acogerse a los arbitrios en los tratados internacionales para garantizar sus inversiones, con base en el Capítulo 31 de Solución de Controversias del propio T-MEC.
Lo anterior, es viable ya que los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica y la posible aprobación de la reforma constitucional, modifican las reglas de inversión que llevarían, también a optar por un arbitraje internacional, con base al Anexo 14-B del T-MEC que hace referencia las expropiaciones indirectas, que además implicarían la violación a un trato justo y equitativo que afectarían los activos de inversionistas extranjeros.
Por tanto, las voces de especialistas alertan ya sobre la violación del T-MEC por parte del México y las eminentes represalias comerciales y demandas millonarias en contra del país, en virtud de que todo cambio constitucional, a leyes secundarias y reglamentos debe ser compatible con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano, salvo que se hayan establecido reservas específicas, es decir, medidas disconformes donde se hagan excepciones a la aplicación del tratado, situación que nuestro país no solicitó.
En consecuencia, México estaría vulnerando estipulaciones acordadas dentro de las negociaciones del T-MEC, particularmente las señaladas y las relativas a reglas de cómo se deben conducir las empresas comerciales del Estado, con un piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y no discriminación en favor de monopolios estatales, como se pretende establecer con la iniciativa a discusión.
La profunda crisis económica por la que atraviesa la economía mexicana y la difícil recuperación económica que no llega, obligan a una valoración seria de las graves consecuencias que la reforma traerá consigo en la confianza de inversionistas por el incumplimiento de compromisos adquiridos por México frente a sus socios comerciales, por ese afán de establecer la exclusividad del Estado en el sector eléctrico, sobre todo considerando que el actual gobierno federal participó activamente y concluyó las negociaciones del T-MEC.