Con la elección de la Ministra Norma Lucia Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abre una nueva etapa en el máximo tribunal de nuestro país, pues es la primera vez que una mujer ocupa esa posición.
Es además alentador porque con la sesión de pleno donde obtuvo los votos necesarios para encabezar al Poder Judicial, los ministros y ministras que lo integran dieron un paso importante en el fortalecimiento de la Suprema Corte.
Tras un breve episodio donde el máximo tribunal constitucional se ha visto acosado por las pretensiones de imponer una presidencia afín al Poder Ejecutivo Federal, este será presidido por una mujer con 34 años de una larga trayectoria judicial, siete de los cuales los ha desempeñado como ministra.
Vemos con gusto como el avance de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional es una realidad. Por ello, reconocemos la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la elección de una mujer como su presidenta. A reserva de ver su desempeño en tal cargo, vale la pena atender a dos elementos importantes en esta nueva etapa al interior del Poder Judicial: Primero, que se trata de una profesionista formada en leyes que ha trabajado toda su vida al interior del mismo, lo cual le permite tener un conocimiento claro de lo que tiene que hacer, y segundo, consecuencia de lo primero, dentro de sus propuestas se encuentra desempeñar sus funciones atendiendo a la columna vertebral de la encomienda constitucional de trabajar en favor de la independencia del Poder Judicial.
En su propuesta de plan de trabajo propone el fortalecimiento de la función jurisdiccional, que comprende la capacitación de excelencia permanente de las personas operadoras de justicia; incentivar y privilegiar el conocimiento por si mismo y no la mera acumulación de certificados; continuar y expandir la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales a través de publicaciones y actividades académicas y la actualización permanente de los cuadernos de jurisprudencia con temas fundamentales sobre derecho, acompañados de una amplia difusión y discusión en juzgados y tribunales de todo el país.
Otra importante línea de trabajo es la consolidación del combate a la corrupción con la aplicación de manera integral del Sistema Nacional Anticorrupción y la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción en el Poder Judicial de la Federación, garantizando a la sociedad que se sancione a todas aquellas personas servidoras públicas que incurran en alguna falta administrativa. De manera paralela, propone la ministra presidenta, someter a la consideración de los integrantes del Poder Judicial la emisión de normas que regulen las obligaciones de las personas servidoras públicas en materia administrativa y jurisdiccional, en materia de régimen de declaraciones patrimoniales y la emisión de un código de ética institucional, sin olvidar el servicio civil de carrera en las áreas administrativas tanto de la Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal.
En materia de paridad de género, propone la aplicación de la perspectiva de género en el Poder Judicial Federal, misma que para concretarse, desde su visión, requiere: valor para hacer frente al acoso sexual y a la violencia de género; paridad en puestos de alta responsabilidad que rompa con los techos de cristal; presupuesto suficiente para concretarse; pericia en la materia y respaldo administrativo para gestionar las políticas necesarias. Planea consolidar a la Unidad General de Igualdad de Género como un espacio de alto nivel de reflexión y conocimiento sistémico.
Es clara la intención de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de abordar los temas torales para el fortalecimiento del Poder Judicial, lo que denota un conocimiento claro de las fortalezas y debilidades del mismo, producto de más de tres décadas de trabajo ininterrumpido en su seno.
Tras su elección, el trabajo que desarrollará la primera mujer presidenta del máximo tribunal constitucional del país ha despertado grandes expectativas que, sin duda, conforme atienda los asuntos de gran interés nacional que habrá de resolver, podremos constatar su compromiso con el papel de la Suprema Corte como actor clave en el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero fundamentalmente como defensora de la Constitución como condición necesaria para la vigencia del equilibrio entre los poderes de la Unión y los órganos del Estado y la vigencia de los derechos humanos. Por lo pronto llega la primer ministra presidenta y la Corte se fortalece.
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