Con la visión del actual gobierno sobre el manejo del sector energético, que aprueba la predominancia de las empresas públicas, inició un debate sobre si las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LID), violaban la libre competencia.
Este debate generó señalamientos de los gobiernos de nuestros socios comerciales del norte, quienes cuestionaron la política energética del actual gobierno de nuestro país, hasta llegar al 20 de julio pasado, en el que el gobierno de Estados Unidos impugnó las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que prioriza la electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre la electricidad generada por los competidores privados.
Por su parte, el gobierno de Canadá expresó el 21 de julio pasado, su preocupación por el cambio en la política energética de México, afirmando que estaban de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que “estas políticas son incompatibles con las obligaciones de México bajo el T-MEC”.
Por tanto, existe la determinación de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá de iniciar etapa de consultas para revisar si el gobierno de México está o no violando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en materia energética, como una primera fase del mecanismo de solución de controversias que prevé el acuerdo comercial.
Este proceso de consultas tiene un término de 75 días para que las partes involucradas, en este caso los tres países firmantes del tratado, realicen consultas y lleguen a un acuerdo. En caso contrario, se podría solicitar la instalación de un panel de solución de controversias con el propósito de que enmiende las diferencias.
Aun cuando es un mecanismo comprendido dentro del tratado para superar las diferencias entre los tres países y que ya es la cuarta ocasión en que el mismo se utiliza, es la primera vez que México aparece como demandado por la presunta violación a las reglas pactadas en el T-MEC con sus normas locales en materia energética.
Nuestros socios comerciales afirman que México viola el T-MEC, en su artículo 2.3 porque otorga un trato menos favorable que el que da a productos similares de origen nacional con respecto a leyes, reglamentos y requisitos que afecten su venta interna, oferta para venta, compra, transporte, distribución o uso. Igualmente, se estaría violando el artículo 14.4 del tratado porque nuestro país no está otorgando a los inversionistas estadounidenses y canadienses un trato igual al que otorga a inversionistas mexicanos.
También consideran que México viola el artículo 2.11 de las normas del T-MEC en razón de que prohíbe o restringe las importaciones o exportaciones de algunos bienes. Nuestro país de la misma manera estaría vulnerando los artículos 22.5.2 y 29.3, ya que el organismo administrativo relevante no estaría ejerciendo su facultad regulatoria de manera imparcial y porque nuestro país no estaría aplicando su legislación de manera consistente, imparcial y razonable.
Lo que se encuentra en el centro del debate es que se otorga ventaja a la electricidad que produce la CFE, por encima de la energía generada por empresas privadas, sean nacionales o extranjeras. Actualmente la ley otorga a CFE una participación de al menos 54 por ciento en el mercado eléctrico nacional, cuando antes era del 38 por ciento, lo que en términos llanos significa que el Estado mexicano favorece a las empresas nacionales por encima de las extranjeras. Además se considera que esa ventaja también pasa por encima de energías limpias en el caso de Pemex, por la importación de gas y el plazo privilegiado que se le otorga para uso de diésel sucio.
Otro aspecto cuestionado tiene que ver con la facultad que tiene el gobierno mexicano de retrasar, rechazar o no actuar respecto a solicitudes de permisos de empresas privadas que desean participar en el negocio de energía y en cuanto a la facultad de revocar o suspender los permisos existentes o ya otorgados.
En todo este debate, el gobierno de nuestro país ha señalado que no viola las reglas asumidas por el Estado mexicano con la firma del T-MEC, sin embargo, en caso de perder la presente controversia, corresponderá a México pagar indemnizaciones a las empresas afectadas y, adicionalmente, existe la posibilidad de que el gobierno estadounidense imponga aranceles a las exportaciones mexicanas.
Resulta evidente que nuestros dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, coinciden en esa supuesta violación del tratado por parte de México, por la clara posición de ventaja en que son colocadas las empresas estatales, al verse favorecidas por encima de las empresas extranjeras.
Si la política energética de México es inconsistente con las obligaciones adquiridas con la firma del T-MEC, seguramente será durante la instalación del panel de solución de controversias cuando se resuelvan las diferencias. Deseamos que al final prevalezcan los acuerdos que deben existir entre socios comerciales.
