El pasado 7 de marzo, Samuel García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, presentó ante el Congreso Local, la iniciativa que crea una nueva Constitución local, acompañado de representantes de los poderes locales y de los alcaldes, que en sus 225 artículos plantea nuevas soluciones para una nueva realidad, “porque nuestro estado es otro, no tenemos los mismos problemas que ayer”.

La nueva Constitución para el nuevo Nuevo León permitirá que el estado cuente con las herramientas necesarias que permitan resolver problemas actuales como la escasez de agua por la sequía, la contaminación del aire e incrementar la seguridad.

Es una norma suprema local que da prioridad a temas que son del interés de la ciudadanía, como el derecho a la ciudad, el derecho a un medio ambiente sano, una convivencia con paridad, justicia cívica y educación, pero que además plantea principios de avanzada en materia de derechos humanos, equilibrio de poderes, el derecho a la educación superior obligatoria, el fomento del teletrabajo, garantizar el derecho a la paz y a un desarrollo en convivencia.

A nivel nacional y local, las cosas han cambiado desde hace 104 años en que aprobó la Constitución del Estado. Son otras necesidades, otros problemas que requieren de respuestas distintas. Con la globalización y la situación mundial actual, la humanidad presenta problemas de inseguridad, migración, corrupción, violencia, pobreza y crisis climática.

Nuevo León ha sufrido importantes transformaciones políticas y sociales. Con la nueva Constitución, se atenderá el presente, mirando al futuro. Es por ello, que con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se pueda hacer frente a las necesidades actuales y futuras, innovando en beneficio de la sociedad nuevoleonesa.

Esta nueva Constitución será resultado de un proceso en el que, con la voluntad y decisión de representantes de instituciones académicas y de todas las fuerzas políticas, se renovarán instituciones y el pacto social, para dar paso a una mejor cohesión en la convivencia mediante una reforma de Estado que refleje el pluralismo y los valores que caracterizan a Nuevo León.

Nuevo León enfrenta graves problemas de movilidad con calles, carreteras y transporte en malas condiciones, y un desarrollo urbano deficiente que ha generado mala calidad del aire, escasez de agua, viviendas en el abandono, desintegración familiar, violencia de género, entre muchas situaciones más.

En su artículo 34 la nueva Constitución establece que toda persona tiene derecho a un transporte de calidad, digno, eficiente, a precio asequible y con altos niveles de cobertura territorial. Con tal propósito, las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de ese derecho mediante la implementación de un sistema integral de movilidad enfocado en favorecer al usuario, incentivando el transporte de bajas emisiones contaminantes, con pleno respeto de los derechos de las y los usuarios más vulnerables, y generando los estímulos necesarios para incrementar la oferta y demanda de este servicio.

Por otra parte, en su artículo 39, instituye la obligación del Estado de garantizar el derecho a la ciudad, entendida esta, como el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.

Además en el artículo 42 el proyecto de Constitución incorpora el derecho a un medio ambiente sano, incluido el aire limpio y en su artículo 49 reconoce que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. En este sentido, en el desarrollo de políticas y obras públicas el Estado y los municipios, de acuerdo con la jerarquía de movilidad, darán prioridad a las y los peatones y conductores de vehículos no motorizados y se fomentará la cultura de la movilidad sustentable.

Igualmente, en el mismo precepto, se reconoce el derecho a gozar de ciudades sustentables que garanticen una adecuada calidad de vida. Corresponderá al Estado proveer lo necesario para garantizar ese derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes.

Se trata de una nueva Constitución que innova pero que recoge principios como el derecho a la movilidad, acorde con la reforma constitucional que reconoce ese derecho, que aprobamos en la LXIV Legislatura, de la cual formé parte, reconociendo además la jerarquía que pone en la cúspide de la pirámide de la movilidad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, el derecho a la ciudad y la gestión metropolitana a través de la coordinación entre autoridades en la planeación y regulación.

Es una nueva Constitución que ayudará para hacer de Nuevo León el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.

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