A raíz de la reciente puesta en libertad de José Manuel del Río Virgen , Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, acusado sin fundamento por un juez en Veracruz de un delito que no cometió en abierta violación a sus derechos humanos, vale la pena reflexionar sobre el respeto a la ley por parte de los gobernantes y hasta qué punto se siguen presentando casos de encarcelamientos por consigna, así como la ausencia de una verdadera impartición de justicia en el país.
En su recomendación 59/2022 de marzo de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH ), acreditó que se cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad y acceso a la justicia, en agravio de José Manuel del Río Virgen, pues se realizó una detención arbitraria en su persona, se le imputaron hechos de forma indebida y se vulneró el debido proceso y la debida diligencia en su contra.
Con los suficientes elementos, la CNDH determinó que existían evidencias suficientes para establecer que hubo violación al derecho humano de acceso a la justicia, que derivo en la privación de su libertad por poco más de seis meses. Efectivamente, se violó el derecho al debido proceso y a la debida diligencia.
Se vulnero el derecho de acceso a la justicia de José Manuel del Río, en su modalidad de procuración de justicia, al realizar una deficiente valoración de las pruebas, desestimando la verdad de los hechos y creando una variante de la realidad abusando de sus facultades y del ejercicio del poder.
Pues a pesar de que la CNDH acreditó todas las violaciones anteriores, fue hasta el día viernes 17 de junio pasado, que José Manuel del Río Virgen recuperó su libertad, en lo que a todas luces parece ser una detención por motivos políticos.
Lamentablemente la figura de la prisión preventiva ha sido utilizada para la detención de personas transgrediendo sus derechos humanos, como la libertad personal, de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, entre otros. El uso abusivo de la prisión preventiva coloca a los acusados en estado de vulnerabilidad y de clara violación a sus derechos humanos, ya que no permite que el Ministerio Público investigue ampliamente y, por el contrario, provoca que la sola imputación de un delito amerite privar a la persona de su libertad, por lo que se ha vuelto común que cientos de personas se encuentren en prisión sin ser realmente responsables del delito del que se les acusa y sin tener sentencia condenatoria.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Unión ha cuestionado a la prisión preventiva oficiosa por ser inconvencional y contraria al principio de presunción de inocencia, y declaró inconstitucional los cambios legislativos que la ampliaban, su uso y abuso continúa porque quedaron fuera de discusión una decena de delitos.
Actualmente existe en el país un incremento considerable en el número de personas privadas de su libertad. A marzo de 2022, el total de personas recluidas en los centros penitenciarios del país sumaba poco más de 225,853 personas, pues el encarcelamiento creció a un gran ritmo ya que se estima que cada mes se suman mil personas más a la cifra total de personas privadas de la libertad (Secretaría de Gobernación). La lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa se triplicaron y con ello aumentaron significativamente la cantidad de personas en la cárcel, aunque no exista ninguna certeza de que sean culpables o inocentes de los delitos de que se les acusa.
De ese total de personas privadas de su libertad acusadas de cometer un delito, al cierre del primer trimestre, 92,736 se encontraban bajo proceso sin que tengan una sentencia que acredite que en realidad cometieron un delito. Esto es, el 41 por ciento de las personas que se encuentran bajo proceso no tienen sentencia con la que se confirme la comisión de un delito. En otras palabras, 4 de cada 10 personas privadas de su libertad en las cárceles del país son inocentes pero se encuentran bajo prisión preventiva.
El sistema de justicia en nuestro país hace parecer que el sistema funciona por el simple hecho de que hay más personas presas, sin importar si cometieron el delito o no.
Este oscuro panorama parece repetirse en las cárceles a nivel estatal, como en Veracruz, donde, según cifras del Movimiento por la Justicia, para febrero de este año, había mil 33 personas privadas injustamente de su libertad. Cerca del 45 por ciento de las personas recluidas en el penal de Pacho Viejo se encuentran presas injustamente.
Conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del INEGI , a nivel nacional de las personas que se encontraban privadas de su libertad, 43.9 por ciento señaló que el motivo de su reclusión actual fue por haber sido acusada falsamente o ser implicada en la comisión de un delito.
Es tiempo de debatir sobre la situación actual de nuestro sistema de justicia a nivel nacional y a nivel local. No es posible que se prive de la libertad a más personas por el simple señalamiento de la autoridad que, sin fundamentar ni justificar, pasa por alto el derecho a la presunción de inocencia. Menos podemos permitir que por razones políticas, en abierto abuso de poder, autoridades de cualquier nivel de gobierno, acusen a inocentes sin pruebas y los mantengan en cárceles sin sentencia que los condene. Hoy más que nunca debe prevalecer el Estado de Derecho y, en caso de violaciones, llevar ante la justicia a quienes acusen sin razón.
En México, te detiene la policía, te dicen que hay una denuncia penal en tu contra por un delito que merece prisión preventiva oficiosa, te meten a la cárcel y ahí te quedas. Ese fue el caso de José Manuel del Río Virgen.
