Los fideicomisos fueron incorporados al ámbito público para gestionar recursos, con el fin de ejecutar de forma eficiente acciones de política pública encaminadas a satisfacer necesidades específicas de la población . Es decir, los gobiernos adoptaron ese esquema financiero capaz de otorgar flexibilidad en el manejo presupuestal e incrementar el control y la fiscalización de los recursos.
Este instrumento jurídico está asociado a la garantía y protección de ciertos derechos humanos consagrados en la Constitución y diversas leyes. No es un tema solo de pesos y centavos. Su fin es la protección de grupos vulnerables a través de un marco legal y financiero que permita las condiciones óptimas para un correcto ejercicio y defensa de diferentes derechos humanos, blindándolos de los vaivenes políticos del contexto en el que existen.
Por ello, la determinación de la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión, de desaparecer 109 fideicomisos violenta la Constitución.
Como diputada federal, asumí una posición de rechazo a tal determinación, que expresé con mi voto en sentido negativo por considerarla inconstitucional, en razón de que afecta derechos humanos, como la libertad de expresión, el derecho a la vivienda, a la cultura, al medio ambiente y otros.
Entre los fondos que desaparecen se encuentran, entre otros, el Fondo para el cambio climático, el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, el Fideicomiso que administra el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores, el Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de MiPymes y emprendedores, el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo Metropolitano y el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).
Con su desaparición, se materializa la violación a una serie de derechos, como el derecho a la educación del artículo 3º de nuestra Ley Suprema, el medio ambiente sano, el acceso a la cultura y disfrute de bienes culturales y la vivienda digna del 4º constitucional; y el derecho a dedicarse a una profesión lícita, contenido en el artículo 5º del mismo ordenamiento. Afectar a los fideicomisos es vulnerar la garantía de la protección a los derechos humanos, en términos del artículo 1º constitucional.
Además, el principio de seguridad jurídica es una protección que tienen todas las personas dentro del Estado Mexicano contra los actos que pueda realizar su gobierno de forma arbitraria y lesionen la dignidad y se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Al momento de desaparecer los 109 fideicomisos sumaban más de 68 mil millones de pesos, afectando a sectores tan diversos como ciencia y tecnología, deporte, emprendimiento, desastres naturales, apoyo a comunidades mineras, defensores de derechos humanos, periodistas, enfermos, seguridad pública y otros.
Existen, además, desde nuestra perspectiva, un vicio de origen, que derivo en violaciones por no observar el procedimiento legislativo a cabalidad.
Un elemento adicional es que se dice que los fondos obtenidos serán para hacer frente a la pandemia del COVID-19; sin embargo, no se establecen mecanismos que garanticen que los recursos serán usados para ese propósito, sino que el Transitorio Cuarto de la reforma establece un mecanismo de “redireccionamiento del gasto” hacia la Secretaría de Hacienda y, en términos del actual artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, dichos recursos se tomarían como excedentes y se usarían para gasto no programado.
Por tanto, considerando que pudiera ocurrir un daño irreparable a los sectores afectados por la disolución de fideicomisos, tales como la ciencia y cine nacional, aquellos afectados por fenómenos naturales, como lo son los afectados por las recientes inundaciones en Tabasco y Chiapas, o la realización de obras en materia de movilidad; a los defensores de derechos humanos y periodistas que pudieran ver en peligro su vida, entre otros, es que he promovido una acción legal en la vía de amparo para suspender los efectos de la desaparición de los fideicomisos.
Existe un daño inminente, ya que la eliminación de los fideicomisos causara una afectación a la economía nacional, trastoca de forma irreparable a diversos sectores de la sociedad y a la capacidad del Estado para atender de forma eficiente por afectaciones causadas por fenómenos naturales.
La defensa de los fideicomisos implica la atención de ciertos problemas particulares. Resulta verdaderamente grave que no existe claridad sobre quiénes serán los encargados de administrar los recursos en respuesta a necesidades tan variadas, pues en la mayoría de los casos la ventana de tiempo para atender las diferentes necesidades es limitada y la respuesta pública tiene que ser pronta y expedita.
