¿Por qué la búsqueda de un sueño de miles de personas migrantes que salen de países de Centroamérica, para tener una mejor vida, se vuelve una pesadilla al transitar por los caminos de México? ¿Por qué en su paso por territorio nacional, las personas migrantes deben sufrir violaciones a sus derechos humanos, desapariciones y muerte? ¿Qué hacen las autoridades mexicanas para evitar abusos, secuestros por parte de bandas del crimen organizado, que las mujeres sean víctimas de trata de personas, acabar con secuestros y muertes y en general, terminar con cualquier violación a los derechos humanos de las personas migrantes que ingresan al país por la frontera sur?
Las anteriores interrogantes ameritan de parte del gobierno mexicano de una respuesta puntual ante un escenario en el que se mantienen y aún se pueden incrementar los flujos de personas migrantes que vienen de países de Centroamérica en su paso rumbo a Estados Unidos, la innegable presencia del crimen organizado en las rutas migrantes y la implementación de políticas y medidas, como el uso de la Guardia Nacional, en la contención de aquellos flujos, que en su conjunto, colocan en la clandestinidad al migrante y acrecientan su nivel de vulnerabilidad.
En este escenario, vemos con preocupación que la economía continúa estancada, lo que no permite percibir una pronta recuperación en la caída de los ingresos y la pérdida de empleos para dar una alternativa al migrante que llega por la frontera sur. También nos preocupa la incapacidad del gobierno mexicano, pese a la militarización de la seguridad pública, para hacer frente a la delincuencia organizada y su falta de una estrategia puntual para garantizar la seguridad de los migrantes, a fin de disminuir los riesgos en sus rutas de paso hacia Estados Unidos.
A las anteriores, se suma una tercera preocupación: La incapacidad gubernamental para apoyar a familiares de centroamericanos desaparecidos en su tránsito por nuestro país. Esta omisión, tolerada o no, ha desencadenado una serie de iniciativas, desde la sociedad civil para ayudar en la búsqueda de esas personas y en evidenciar la responsabilidad del gobierno por la falta de sensibilidad ante esta tragedia.
Estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Abril, 2022), señalan que hay aproximadamente 2 mil migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano, en tanto que para la Organización Internacional para las Migraciones, el número de desaparecidos o muertos provenientes de Centroamérica alcanza los 3,359 personas. Se estima que tan solo en agosto del año pasado, autoridades de Estados Unidos detuvieron en su frontera sur a poco más de 37 mil guatemaltecos, a 12 mil salvadoreños y a 41 mil hondureños, es decir, personas que sí lograron cruzar territorio mexicano pero que fueron detenidos por autoridades estadounidenses y retornados.
El pasado domingo 29 de abril de 2022, como cada año desde hace casi dos décadas, ingresó al país “La Caravana de Madres de Personas Migrantes Desaparecidas” para reiniciar su búsqueda, después de que por la pandemia, la habían suspendido. A su ingreso por el estado de Chiapas, las madres anunciaron que la caravana visitará los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México, en este penoso andar para localizar e identificar a sus familiares desaparecidos.
Esta caravana de madres simboliza muchas cosas, entre ellas, son un ejemplo de valor y amor, pero sobre todo son mujeres y familiares de migrantes desaparecidos que, con su presencia, evitan que se olvide la corresponsabilidad del Estado mexicano sobre las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas que salen de sus países en Centroamérica y cruzan por México con la aspiración de llegar a Estados Unidos.
En México las personas migrantes son sujetos de derechos independientemente de su situación migratoria, además de que en nuestra legislación prevalecen los principios de no devolución, no discriminación, el interés superior del niño, la unidad familiar, la no sanción por ingreso irregular y la no discriminación.
Por todo lo anterior, jamás debemos permitir que migrar sea un delito o un peligro. Migrar es un derecho y las autoridades tienen la obligación de garantizar su ejercicio. Es tiempo de que las autoridades mexicanas asuman una atención integral al fenómeno migratorio, con especial atención a la localización de los migrantes desaparecidos y se dé apoyo y una respuesta clara y seria a las demandas de las madres integrantes de la caravana.
