Se ha cumplido un año de un gobierno que generó expectativas de cambio para quienes creyeron que las promesas de campaña se traducirían en mejora para todos los mexicanos. En este período, al momento de realizar las evaluaciones, existe un ánimo de incredulidad frente a los resultados anunciados.
Ese sentimiento de desencanto, producto de la disociación entre el discurso oficial y la realidad social, tiene justificada razón cuando vemos que, las cosas no solo no mejoran sino es claro han empeorado. Esto es indubitable en el plano económico con un país sumido ya en los pantanos de la recesión y en la imbatible inseguridad que corre por las calles del país.
En el tema migratorio, la percepción no es distinta: El discurso de las autoridades habla de la defensa de los mexicanos en el exterior, pero en la realidad se sienten indefensos frente a la persecución y criminalización que sufren cotidianamente los mexicanos que residen en Estados Unidos.
En su Informe de Gobierno, el presidente asume la política migratoria como un asunto de soberanía nacional que, sin embargo, no ha sido capaz de desplegar un acuerdo bilateral que, como país soberano, fije una posición firme frente al gobierno de Estados Unidos que ponga freno al permanente discurso de odio de Donald Trump, el cual ha generado un ambiente de criminalización, persecución y, ahora, de agresión directa a la comunidad mexicana migrante, con la lamentable pérdida de vidas de connacionales.
Por el contrario, el gobierno federal se vio sometido y fue obligado a convertirse en el muro que tanto pregonó Trump, asumiendo los dictados de una política de contención migratoria que desplazo hacia la frontera sur de México las acciones persecutorias en contra de los flujos migratorios.
La política de protección a la comunidad mexicana migrante que vive en Estados Unidos, denominada “Estrategia de Protección al Migrante en EUA”, se resume en una serie de medidas de asesoría y asistencia legal en materia de derechos humanos, atención a grupos vulnerables y servicios consulares.
En tanto, como consecuencia del acuerdo con el gobierno estadounidense, la política hacia la migración proveniente de Centroamérica, pasó de los “brazos abiertos” a un muro de 15 mil efectivos de la Guardia Nacional. Además, el Informe ubica a México “como país de tránsito”, cuando en realidad somos también un país de destino, ya sea por voluntad de los propios migrantes o por la posición de Tercer País Seguro en que dicho acuerdo nos ha colocado.
Todos coincidimos en que era necesario atender de manera segura y ordenada la migración proveniente del sur del país que, según datos del Informe presidencial, actualmente llega a 24,092 migrantes centroamericanos; pero insistimos en que los déficits en vivienda, empleo, educación, etc., nos hacen pensar que es materialmente complicado alcance para los migrantes.
En consecuencia, el balance de la política migratoria es negativo, pues México debe avanzar en poner freno a la política depredadora de Trump, que ayer exigió una cosa, hoy otra y mañana será una diferente.
Nuestros connacionales merecen una política migratoria de largo plazo, que deje atrás acciones temporales, como servir de freno migratorio, para pasar a una política migratoria propia que contemple trabajo temporal legal y ordenado, que incluya a los gobiernos locales, en la recepción de flujos del sur del país, y desplegar un discurso distinto y firme ante Estados Unidos, que deje claro que la criminalización, el discurso de odio y el control fronterizo, no resolverán, más allá de lo coyuntural, la problemática migratoria.
