Los lamentables acontecimientos ocurridos el jueves 1 de septiembre pasado, cuando un numeroso grupo de personas migrantes intentó cruzar el Río Bravo a la altura de Eagle Pass, en el Estado de Texas, para ingresar a los Estados Unidos, con el triste saldo de 9 migrantes ahogados, nuevamente llama a la reflexión sobre las complejas y peligrosas condiciones en que actualmente se da la movilidad de personas.
Este hecho, como otros más que cada día se van presentando, que ponen en peligro la integridad de las personas que intentan llegar a territorio de nuestro vecino del norte, demandan una urgente reforma migratoria que aborde la problemática de los flujos migratorios, atendiendo de manera integral sus causas para encontrar alternativas que lleven a una migración segura y regular.
Durante décadas se ha comprobado que resultan innegables los efectos positivos que las personas migrantes generan para las comunidades locales donde se asientan. Su integración a una comunidad distinta a la de su origen se ve beneficiada con su contribución al crecimiento económico del país de destino; enriquecen la vida sociocultural con sus hábitos, tradiciones y creencias, y aportan su talento a la resolución de problemas en las comunidades a donde llegan con su participación cívica y política.
Las personas migrantes son excepcionales. Son personas de gran valor, pues dejar sus comunidades y familias no es fácil, es enorme su deseo de mejorar y cuentan con gran capacidad de desarrollo personal debido a los múltiples retos que han debido enfrentar.
Por ello, resulta fundamental que los gobiernos de los lugares de origen, tránsito, destino y retorno de las personas migrantes modifiquen la visión actual de las migraciones, a fin de entender que llegan a potenciar sus capacidades en una sociedad que los acoge, pues está demostrado que las comunidades que concentran una mayor población migrante en sectores económicos, tienden a ser más innovadoras, ya que contribuyen a la creación de empresas, generan empleos, fomentan la inversión, y el comercio, además de sus importantes contribuciones a la productividad y al desarrollo de sus comunidades de origen.
Los gobiernos locales deben aprovechar las capacidades, habilidades y el coraje de espíritu para potenciarlas en sus roles sociales, económicos, cívicos y políticos. Con esa nueva visión, sería posible, por parte de los Estados, lograr migraciones seguras, protegidas y ordenadas.
Los países, como México, deben superar la etapa de programas modestos, con escasos recursos, de apoyo a migrantes, no solo mexicanos sino de países de Centroamérica. Esto también implica pensar en programas que garanticen la seguridad de los migrantes durante su traslado a un país de destino, apoyos en su paso por territorio nacional, alternativas de empleo y servicios para quienes se queden en país, así como programas de reintegración con una visión integral.
En consecuencia, si queremos que los programas de gobierno de verdad atiendan a las personas que migran, debe pensarse en aprovechar de la mejor manera sus habilidades y capacidades.
Estos programas deben contemplar factores individuales, comunitarios y estructurales para crear entornos propicios para la migración, que promueva un enfoque integral por parte del gobierno, con la coordinación y cooperación en los distintos niveles de gobierno, la revisión del marco legal y el reforzamiento de los servicios, como la educación, salud, empleo y vivienda.
En ese sentido, se debe avanzar hacia sistemas de protección social de carácter universal en favor de las personas migrantes, promoviendo la regulación laboral, que permita su inclusión social y garantice sus derechos, estableciendo un marco jurídico integral que reconozca a las personas migrantes como titulares de derechos humanos y políticos, sin distinción de la población en general; asegurar el acceso a trabajo decente y de calidad para toda la población, incluida la población migrante; generar campañas informativas y asesoría legal para contribuir a favorecer una migración informada, segura, ordenada y regular; reconocer la identidad jurídica para todos a fin de que las personas migrantes cuenten con constancia oficial de su nacimiento y su registro, que también forma parte de los compromisos de la Agenda 2030; garantizar el acceso a la salud, por ser un tema sensible en todas las etapas de ciclo migratorio; garantizar el acceso al sistema educativo por los beneficios que representa en términos de inclusión e integración y apoyar a que las personas migrantes tengan acceso a una vivienda digna.
El objetivo 15 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se refiere a proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos, conlleva la obligación de los Estados miembros de velar por los migrantes, independientemente de su estatus migratorio en condiciones de seguridad.
Es lamentable, pero cierto, que las políticas migratorias son un reflejo del fracaso de los gobiernos en lo que debiera ser su propósito central: garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, incluidas las migrantes.
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