Cuando escuchamos al Presidente de la República afirmar que la UNAM, el CIDE o el INE, por citar algunos ejemplos, se han “derechizado”, no está emitiendo una opinión personal solamente. Además del peso de sus palabras, por su calidad de primer mandatario del país, en el fondo emite una calificación que daña la reputación de esas instituciones y afecta el ánimo en la gente y, lo más peligroso, las coloca en la misma posición de lo que él llama sus “adversarios políticos”, generando un rechazo en parte importante de la población.
Es el mismo discurso que ha utilizado en contra de partidos políticos, opositores, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, feministas, la población de clase media, los organismos autónomos, movimiento feminista, emprendedores, empresarios o quienes ganan más que el propio presidente. Ser de derecha es estar en contra de él y de su proyecto y, por el solo hecho de pensar diferente, son denostados públicamente.
Son, sin duda, palabras que descalifican personas, debilitan instituciones y, en general, dividen a la sociedad. Es además, un discurso que distrae de los temas esenciales y permite al presidente eludir cuestionamientos, alejando cualquier demanda de transparencia y rendición de cuentas sobre el estado de la economía, el crecimiento de la inseguridad, el incremento de la inflación, el desabasto de medicamentos, el incremento de precio en los productos de la canasta básica, la fallida estrategia de combate al crimen organizado, el fracaso de la atención a la pandemia con su secuela de millones de contagios y miles de mexicanos fallecidos por el virus, entre otros.
Con el uso del discurso como arma, cada día apunta, sin pudor, contra quien muestra crítica a su gobierno como los políticos opositores; en contra de obras de otros gobiernos por estar cubiertas de corrupción, sin acreditar sus dichos, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco; contra instituciones educativas, como la UNAM o el CIDE, o contra periodistas, por ser “conservadores” o por “derechizar” su actuación, sin mayores argumentos; en contra de la clase media por ser “aspiracionistas sin escrúpulos morales”; o denostando al movimiento feminista, calificándolo de conservador y que intentaba afectar a su gobierno, sin pruebas; o en contra del INE, pese a que es consecuencia de todo un proceso democrático que permitió la transición política y hasta el reconocimiento a su triunfo.
Todo esto, mientras no vemos resultados efectivos que permitan apreciar una recuperación económica o que mejore la situación de los pobres del país. Tampoco han regresado los militares a sus cuarteles, ni han bajado los precios de las gasolinas, ni han disminuido los niveles de homicidios, ni se ha resuelto el problema de desabasto de medicamentos, tres años después de iniciado el actual gobierno, entre muchos temas más.
Pero, cabe preguntarnos, ¿por qué hemos llegado a este nivel de pasmo social? ¿qué tiene que pasar para que exijamos resultados a un gobierno que no atina a resolver ninguno de los principales problemas nacionales? ¿en qué momento aceptamos que los recursos públicos, nuestros recursos, se manejaran a discreción, de tal modo que la mayoría de las adjudicaciones se dan por asignación directa, sin licitación? ¿cómo permitimos que durante esta pandemia la mayor parte de los recursos se destinaran a obras de infraestructura en lugar de privilegiar al sector salud y a las personas que se quedaron sin ingresos? Después de tanto demandar a los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto no militarizar el país, ¿por qué permitimos que desde hace tres años sean más los militares los que realicen tareas de seguridad pública, construyan obra pública y contengan a los migrantes, con el riesgo que su actuación implica en materia de violaciones a los derechos humanos? ¿por qué aceptamos que una persona mande al diablo a instituciones que nos costó años construir? ¿Hasta cuándo permitiremos continúe el acoso a empresarios, académicos, investigadores, padres de familia, universidades, periodistas y a toda persona que piense distinto al presidente? ¿por qué aceptar que cotidianamente nos mientan sin el menor pudor?
La respuesta me parece clara: más que buscar a quien atribuirle la culpa, como a los partidos políticos opositores o a los gobiernos estatales, o a los propios políticos del partido gobernante, existe un abandono de responsabilidad por parte de los ciudadanos. Pertenecer a la denominada cuarta transformación, tener un cargo en el gobierno actual, recibir una beca o una pensión o no cuestionar la opacidad y la falta de resultados, no justifica tolerar el daño monumental que se está ocasionando al país, en este salto al pasado desmantelando lo que aspirábamos mejorara nuestro futuro como país.
La política ha sido, es y será el mejor mecanismo para seguir construyendo una vida social en armonía, que permita la gobernanza y la mejor organización de las personas. Para ello, necesitamos líderes capaces de representar los intereses colectivos y gobernantes íntegros, con principios, que defiendan los intereses de todos. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos para corregir el rumbo y recordar a quienes detentan el poder público que están en un cargo para servir a la población. Debemos recuperar el principio de que el poder público se instituye para servir al pueblo.
Es tiempo de poner a los ciudadanos en el centro de las decisiones. Si los ciudadanos asumimos como nuestra la corresponsabilidad en la solución de los problemas, sin duda alguna, los problemas del país se atenderían de otra manera. Por ejemplo, para la pandemia se habrían destinando más recursos; para quienes se quedaron sin un ingreso, habríamos destinado recursos para un ingreso vital, como proponía Movimiento Ciudadano, que les permitiera evitar contagios y no poner en riesgo su vida; sin pensarlo, asignaríamos recursos para que los niños con cáncer tuvieran sus medicamentos y tratamientos; y se hubieran mantenido los recursos para investigación, ciencia, estudios en el extranjero, deporte de alto rendimiento, cultura y más.
Es tiempo de exigir integridad en el actuar de los gobernantes. Ello redundará en tener buenos gobiernos y resultados favorables para el desarrollo del país.
