Con la llegada del COVID-19 al Continente Americano, México y Estados Unidos viven un oscuro capítulo en su relación bilateral, por el desdén inhumano con que se trata la situación de miles de mexicanos y centroamericanos que, por diversas circunstancias, cruzaron la frontera común y al ser detenidos en territorio de nuestro vecino del norte, son retornados con violaciones a sus derechos humanos.
La situación actual contiene un ingrediente adicional, en extremo grave, por el daño que puede provocar a quienes son retornados: el COVID-19 y los contagios que ponen en riesgo la salud y la vida de los migrantes.
En este contexto, los refugiados, desplazados y migrantes en general, se convierten en una población aún más vulnerable. Pese a que organismos internacionales, como la ACNUR o Médicos Sin Fronteras, han hecho llamados para que los migrantes, desplazados y refugiados reciban un trato similar a que a cualquier nacional y sobre la situación de riesgo en que se encuentra esta población, pareciera no existir preocupación e interés por su seguridad ante la emergencia por el coronavirus.
En la frontera común entre México y Estados Unidos podríamos estar en presencia de una verdadera crisis sanitaria, en razón de que actualmente Estados Unidos se ha convertido en el país con el mayor número de contagios en el mundo y México se encuentra inmerso en el proceso de evitar crezca la cantidad de los mismos.
En esa lucha de los gobiernos en contra el COVIT-19, existe un espacio sin atención, un vacío en el que ninguna institución ha asumido el control: la salud de los migrantes, incluidos los que están a la espera de respuesta del gobierno de nuestro vecino del norte sobre su solicitud de asilo, por ejemplo.
Recientemente el gobierno de Estados Unidos ha anunciado un plan de medidas de apoyo a la población para hacer frente a la pandemia, ahora que ese país se ha convertido en el epicentro, sin embargo, esas medidas dejan fuera y en el desamparo a millones de migrantes no autorizados.
Hace unos días la organización Humans Right Wacht (HRW), acuso a Estados Unidos de poner en riesgo de contagio de coronavirus a miles de personas que están en espera de respuesta a su solicitud de asilo y los cuales en tanto son enviados a México.
Ese gobierno implementó una serie de medidas dirigidas a los migrantes pero viéndolos como posible foco de infección, con las que no aprueba solicitudes de asilo y los deporta a sus países de origen.
Del lado mexicano, existen denuncias de gobiernos locales, como el de Baja California y Tamaulipas, en el sentido de que Estados Unidos, en plena emergencia, está deportando a mexicanos de madrugada, sin trámite alguno y sin presencia de personal del Instituto Nacional de Migración, incluso sin practicarles protocolos para detectar el COVID-19.
Hasta ahora no tenemos conocimiento de medidas para atender a los deportados, sin importar la nacionalidad, ni se aplican protocolos para detectar posibles infectados, sobre todo considerando que vienen de un país con los más altos niveles de contagio. Saber que vienen bien de salud es necesario por ellos y por las personas con las que tienen contacto.
El trato inhumano de nuestro vecino y su desdén por la seguridad de los migrantes se vio reflejado claramente cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas en Colorado, confirmara el contagio de uno de sus agentes y dejara en libertad a un centenar de migrantes “por razones humanitarias” sin las mínimas medidas de control.
Formulamos una respetuosa pero enérgica solicitud a las autoridades mexicanas a fin de que tomen cartas en el asunto y eviten violaciones a los derechos humanos de la población migrante, sin distingo de nacionalidad, para que puedan transitar en condiciones de seguridad y se cumplan los protocolos para salvaguardar su salud y su vida.
