En la entrega pasada de esta colaboración, reflexionábamos sobre la urgente necesidad de cambiar el paradigma en la visión con la que hemos venido construyendo infraestructura urbana y de la forma en que se debe diseñar la seguridad vial en las ciudades del país, orientando las estrategias en materia de ordenamiento territorial, movilidad y seguridad vial particularmente en las áreas metropolitanas, donde se concentra el mayor crecimiento de la población.
En el cambio a una nueva visión debemos centrar los esfuerzos en lograr la integración territorial, la reducción de los desplazamientos, descentralizar los servicios y fomentar formas distintas de desplazamientos, con vehículos no motorizados.
En la pasada Legislatura, como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, subrayamos la necesidad de contar ya con un esquema jurídico que de paso a una mejor coordinación gubernamental e institucional entre los distintos niveles de gobierno.
Para alcanzar ese objetivo, junto con la Senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, comenzamos un esfuerzo coordinado en la construcción de una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, siempre de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, mediante Parlamento Abierto.
Las reuniones de dicha Comisión, los foros regionales celebrados en distintas entidades federativas y las incontables reuniones de trabajo con representantes de los más diversos actores de las organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de accidentes viales, permitieron que fueran estas últimas las que presentarán una iniciativa en la materia.
Afortunadamente, la tenacidad ciudadana y el compromiso de todos los que demandábamos tener una ley que contribuyera a disminuir considerablemente el número de muertes por eventos de tránsito, ha visto finalmente los frutos esperados.
En una de sus últimas sesiones, el 14 de diciembre de 2021, el Senado de la República aprobó con 104 votos a favor y dos abstenciones, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cumpliendo así en mandato constitucional y poniendo fin a la falta legislativa.
Con esta nueva Ley, serán muchos más los beneficios: Se establecen los principios que permitirán a las autoridades contar con las herramientas mínimas necesarias tan básicas como reducir la velocidad de los vehículos motorizados, prevenir que se conduzca bajo los influjos del alcohol, se utilice cotidianamente el cinturón de seguridad y que se vuelva común el uso de casco de seguridad en los motociclistas.
Las legislaciones locales que deriven de esta Ley general, serán un salto importante en favor del peatón y los ciclistas, porque además de reducir las velocidades y prevenir conductores ebrios y de promover la inversión en infraestructura que beneficie al peatón y a otros medios de transporte sustentables, servirán para poner orden en el uso del automóvil, ya que permitirá homologar los registros de conductores y regulará más claramente el otorgamiento de licencias y, algo fundamental, reconoce y garantiza los derechos a las víctimas de siniestros viales.
Nos congratula que se haya aprobado una legislación que contempla mecanismos y acciones en la gestión de factores de riesgo que ayudarán a reducir el número de muertes y lesiones graves a causa de accidentes viales porque prioriza la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad, además de garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad.
La demanda de las organizaciones de la sociedad civil y de la población en general, que giraba en torno a que las políticas de movilidad priorizaran a los más vulnerables, comenzando por los peatones, ciclistas y vehículos no motorizados, ha quedado incluida en la nueva ley.
Desde la perspectiva que se le vea, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, resultado de un largo camino que implicó una reforma constitucional y ahora la aprobación de la ley en el Senado, da forma normativa al derecho a la movilidad y establece con claridad que el espacio público es de todos. Estemos atentos a que sea aprobada también en la Cámara de Diputados, donde en la Legislatura pasada fue frenada.
Mi reconocimiento es a todas y todos los actores que, desde la sociedad civil y desde sus espacios de trabajo en el sector público aportamos un poco en la construcción de esta ley, pero con especial cariño a los familiares de víctimas y sobrevivientes de siniestros viales.
