En menos de cinco meses las y los ciudadanos hemos llevado a cabo dos masivas concentraciones en contra de lo que consideramos una reforma electoral que busca “descuartizar” al Instituto Nacional Electoral (INE), para dar un salto al pasado y con su contenido, dejar una autoridad electoral mermada en estructura, facultades y recursos, que le impidan cumplir con su función de contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y asegurar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político – electorales.
Este domingo 26 de febrero de 2023, cientos de miles de personas marchamos en más de 100 ciudades del país en defensa del INE y del voto, destacando la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, donde estimaciones de los organizadores calculan que cerca de 500 mil personas llenamos la plaza pública más importante del país y las principales calles del Centro Histórico.
Ha sido una concentración que defiende al INE, defiende el voto y, sobre todo, defiende la democracia en México, que busca impedir se de un golpe al mandato de la Constitución y que exige respeto a las libertades de todos.
Frente a la descalificación constante del presidente hacia quienes piensan distinto y, en este caso, hacia quienes marcharon, la población que salió a las calles en contra de su reforma electoral, aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, demandamos respeto a la autoridad electoral, al voto y a la vida democrática del país.
Después de la aprobación de dicha reforma electoral, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, la decisión final corresponderá a los 11 ministros que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que la Suprema Corte, como máximo tribunal del país, tiene como función central defender la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como condición indispensable para la preservación de los equilibrios entre los Poderes de la Unión y los órganos del Estado mexicano, la vigencia del Estado de Derecho y la observancia de los derechos humanos.
En el caso particular de la reforma electoral, los ministros de la Suprema Corte habrán de resolver, una vez que conozcan de las acciones de inconstitucionalidad en contra de dichas reformas, sobre la evidente contradicción existente entre lo que mandata la Constitución y el contenido de las normas generales que aprobaron los legisladores en materia electoral, con el propósito de preservar la supremacía constitucional.
Por ello, el llamado realizado durante la concentración, con un lenguaje de confianza y respeto, a defender también a la Suprema Corte ante las presiones del presidente para que se respete el contenido de la Constitución, la que se considera el mejor mecanismo para defender la democracia, conlleva la vigencia de frenos y contrapesos para quienes ostentan temporalmente el gobierno en el país.
Lo que en el fondo se vivió en esta jornada cívica fue la defensa de las instituciones democráticas del país, las cuales son producto de décadas de luchas sociales y políticas. Hoy decenas de miles de personas hicimos patente nuestro rechazo a todas aquellas decisiones políticas y de carácter legislativo que solo buscan perpetuar en el poder a una facción política que llegó a esa posición gracias al trabajo profesional, imparcial y autónomo de la autoridad electoral.
La reforma electoral del presidente vulnera la certeza de los procesos electorales por el riesgo de que pierdan el carácter de ser libres, equitativas y organizadas de manera imparcial, igualmente pone en riesgo el ejercicio libre del voto.
Las y los ciudadanos salimos a manifestarnos en contra del conjunto de leyes secundarias reformadas por los diputados y senadores afines al gobierno, sin debate y sin un análisis profundo, las cuales van en contra del desarrollo democrático de México, y a solicitar respetuosamente a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que frenen esa regresión y defiendan la vigencia de la Constitución.
No podemos admitir que, con una mayoría legislativa sometida a los caprichos del gobierno en turno, se pretenda imponer desde ahora la continuidad de un proyecto que ha demostrado su fracaso en la administración pública y en la aplicación de una mal llamada transformación que solo ha desarticulado instituciones que costó años construir. Aceptarlo sería una traición. En consecuencia, por el profundo amor que le tenemos a México, las y los ciudadanos defenderemos la democracia y todas aquellas instituciones que la mantienen y la fortalecen.
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