En lo que va del actual gobierno, hemos visto que la política de atención al tema migratorio ha tenido sobresaltos y las autoridades han actuado de acuerdo a la coyuntura, sin que veamos una política pública bien definida, con claridad en los objetivos y una estrategia bien coordinada. Por el contrario es evidente una bipolaridad gubernamental, pues, al inicio del gobierno de López Obrador se planteaba una “política de brazos abiertos”, en la que incluso se alentaba la llegada de migrantes por la frontera sur, y meses después se implementa una “política de puño cerrado”, que busca a toda costa frenar esa migración.
El cambio de una política amiga hacia el migrante por una que lo rechaza, tuvo su origen en las presiones y la firma del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Fue a partir de ese acuerdo que las decisiones en materia migratoria sufrieron una metamorfosis, edificando el muro que tanto pregonó Donald Trump, ya no en la frontera norte, sino en la Frontera sur de México.
Con la Guardia Nacional en funciones de patrulla fronteriza, el gobierno federal se ha convertido en ejecutor de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos. Con ello, se perdieron muchas cosas: México dejó atrás la tradición de lucha por el respeto a los derechos de los migrantes y perdió calidad moral para defender los derechos de los migrantes mexicanos.
Las caravanas migrantes han sido un reto para las autoridades mexicanas, que se traduce en una evaluación del gobierno de Estados Unidos sobre el cumplimiento, por parte de México, sobre los términos del acuerdo que, en términos generales obliga al gobierno actual a contener los flujos Migratorios.
Esas mismas caravanas que, llevan consigo anhelos de progreso y refugio ante la violencia, también se han traducido en un verdadero crucigrama, al que el gobierno no encuentra solución, ya que cada caravana deriva en un conflicto que pone en la mesa de discusión la urgencia de una política migratoria de Estado, que deje atrás la improvisación y la aplicación de políticas de contención ajenas a nuestro país.
En este contexto los recientes acontecimientos, en los que poco más de mil mujeres, hombres y menores de edad ingresaron a territorio nacional, con el propósito de cruzar el país para llegar a Estados Unidos y que recibieron como respuesta el uso de la fuerza de la Guardia Nacional para frenar su paso, muestran la incapacidad institucional del gobierno mexicano para atender las demandas de ingreso, tránsito y destino de migrantes.
El desmedido interés por frenar las caravanas migrantes y con ello, quedar bien ante Trump ha llevado las acciones del gobierno mexicano a extremos inusitados, sólo comparados con las acciones que durante décadas ha realizado la patrulla fronteriza de Estados Unidos para detener a los migrantes mexicanos.
Sin duda, las consecuencias de esta acción en la frontera sur de México se verán reflejadas en la condena por las violaciones a los derechos humanos de ciudadanos de Centroamérica, como ya sucede a nivel internacional, y en la pérdida de calidad moral en la región.
Al interior del país, la incapacidad institucional para atender los flujos migratorios se reflejarán en conflictos de mayor envergadura, pues lo que acontece en la frontera sur de México es una crisis humanitaria que no se resolverá con más miembros de la Guardia Nacional, ni con muros, en tanto no se atienda con una política migratoria clara, sustentada en el respeto a los derechos humanos de las personas y que entienda el tema migratorio como un asunto regional que amerita la colaboración respetuosa, entre estados soberanos, para encontrar alternativas para una migración regulada.
Frente a la improvisación y la ejecución de acciones encomendadas desde la frontera norte, se requiere de la definición precisa de una política migratoria propia, con instancias con facultades claras y que permita la atención integral de esta problemática para evitar que cada nuevo episodio se convierta en una crisis institucional. La alternativa puede ser tener sólo una instancia, como una Secretaría del Migrante, que se aboque a la atención de la política migratoria del país.
Estamos ante una emergencia migratoria que no ha sido solucionada de fondo. Los sueños y las aspiraciones de una vida mejor para las personas que migran pueden ser una realidad. Trabajemos para que así sea.
Diputada federal
