En México se ha estado cultivando un escenario complejo y peligroso a la vez para los migrantes, que combina rezagos, inseguridad y violencia con un nivel de insensibilidad gubernamental que preocupa, sobre todo si consideramos que aún está lejos la recuperación económica de los países de la región y los flujos migratorios hacia la frontera norte, lejos de disminuir, van en aumento, como lo demuestran los datos del Instituto Nacional de Migración (INM), que estiman un aumento del 41 por ciento de personas migrantes detenidas que de 182,940 en 2019 pasó a 307,679 en 2021.
La situación de las personas migrantes oscila entre escenarios con difíciles condiciones de vida en sus países de origen y la búsqueda de mejores oportunidades, con un trayecto cargado con difíciles situaciones de violencia como la extorsión, secuestro y abusos.
A ese entorno adverso, se suman las concordantes políticas migratorias de Estados Unidos y de nuestro país, que tratan, a como dé lugar, de frenar a las personas migrantes que avanzan hacia Estados Unidos, y la cada vez más evidente indiferencia o de plano, manifiesto abandono, que lo mismo vemos en la frontera sur, con la ausencia de respuesta inmediata a las solicitudes de visa de migrantes que vienen de Centroamérica o en su espera en la frontera norte por una visa de trabajo o visa humanitaria de parte de Estados Unidos.
Sin duda existen acciones de gobierno, pero son limitadas y aisladas, ante la falta de una estrategia de atención integral a las personas migrantes, que no solo se circunscriba a establecer mecanismos de contención, que incluyen la dilación de los trámites ante las oficinas migratorias hasta el uso de la fuerza, con apoyo de funcionarios del Instituto Nacional de Migración e integrantes de la Guardia Nacional.
El paso siguiente, si las autoridades migratorias no actúan con celeridad, es una crisis humanitaria en las fronteras sur y norte de nuestro país, con sus secuelas, por los constantes flujos de personas migrantes.
En la frontera sur, las confrontaciones entre migrantes y autoridades, ha generado un clima de animadversión que es usado por las autoridades migratorias para retrasar los trámites y, peor aún, suspender los trámites de solicitudes de visas por razones humanitarias, como la suspensión de atención anunciada el pasado 18 de marzo, hasta nuevo aviso, en sus oficinas de Tapachula, Chiapas, argumentando que la violencia de personas migrantes no genera condiciones para ello.
Lamentablemente los trámites de solicitudes de visas humanitarias tardan demasiado, provocando que se acumule la cantidad de solicitudes y genere la desesperación de los migrantes que desean obtener dicha visa para poder transitar por territorio nacional rumbo a la frontera con Estados Unidos.
Tan solo en 2021, México deportó a más de 114 mil extranjeros (Secretaría de Gobernación, 2021), en tanto que el Instituto Nacional de Migración interceptó a más de 73 mil extranjeros con estancia irregular en territorio nacional, en el período comprendido entre el 10 de enero y el 8 de marzo de 2022. Por su parte la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), recibió poco más de 131 mil solicitudes de refugio durante el año 2021.
Lamentablemente durante la última década el Instituto Nacional de Migración se ha mantenido entre las cinco instituciones señaladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por actos violatorios de los derechos humanos. Como ejemplo, podemos mencionar que durante 2020, el 26 por ciento de las quejas (1,044), que recibió la CNDH, fueron en contra del INM, por violaciones al trato digno, integridad personal y a la protección a la salud.
El 18 de mayo de 2018, el presidente se comprometió a distanciarse de la política de criminalización y persecución de personas migrantes, afirmando que su política migratoria tendría un enfoque humanitario. A tres años de su gobierno, las acciones para contener la migración y el trato que las autoridades dan a las personas migrantes, particularmente los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, muestran lo contrario.
Los tiempos actuales son demasiado complejos en términos económicos y sociales, que ameritan un cambio radical en la atención del problema migratorio, comenzando por infundir en los servidores públicos encargados de un asunto tan complejo, un ánimo y sensibilidad en favor de las personas migrantes. Del gobierno en general se requiere de una estrategia de atención integral que brinde un trato humano a quienes hoy más que nunca merecen una atención digna.
