En toda democracia la vigencia de los derechos político – electorales son fundamentales para mantener y fortalecer la participación política, sin embargo, el ejercicio de esos derechos se ha visto obstaculizado por un trato desigual para ciertos sectores de nuestra sociedad, pese a que el artículo 1º de la Constitución señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
La comunidad mexicana en el extranjero tiene una larga tradición de lucha en favor del reconocimiento de sus derechos para ejercerlos plenamente en México. Desafortunadamente, al igual que otros sectores de la sociedad, se han visto excluidos con la consecuente limitación a recibir un trato en un plano de igualdad.
Por constituir aún un problema estructural, la desigualdad en diferentes poblaciones se traduce en obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos y libertades de la comunidad mexicana migrante.
Esa exclusión de ciertas poblaciones en el ámbito político cuando se les excluye de poder participar en la representación política con alguna candidatura a puestos de elección popular, demanda que sigamos impulsando, junto con la sociedad civil, mecanismos de nivelación y acciones afirmativas que permitan que la comunidad mexicana migrante participe en los procesos electorales para incidir en la integración de los poderes públicos.
En particular, las acciones afirmativas consisten en un sistema de trato preferencial que busca revertir la desigualdad y discriminación y permiten garantizar el acceso y la permanencia de las poblaciones que han sufrido discriminación o han estado subrepresentadas en cargos de elección popular.
En este sentido, para llegar a un sistema paritario, que obligaba la integración de candidaturas 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres en la postulación para diputados federales y locales, pasamos por la mera promoción de las mujeres en la vida política del país, después a la recomendación para incluir en los estatutos de los partidos políticos que las candidaturas a diputaciones y senadurías no excedieran el 70 por ciento para un mismo género y pasar a la obligación de que al menos el 40 por ciento de candidaturas propietarias fueran de un mismo género.
Ya en 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los partidos políticos que postularán candidaturas no podrían destinar exclusivamente a un género aquellos distritos en los que tuvieran porcentajes de población más bajos.
En 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se pronunció respecto a la adopción de acciones afirmativas a favor de personas jóvenes y de pueblos y comunidades indígenas en la integración de las listas de candidaturas a diputaciones a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, incluyendo al menos una fórmula de candidaturas de jóvenes y una de indígenas.
Es en 2021, cuando el INE estableció un conjunto de cuotas para garantizar que en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados tuviera al menos 30 personas indígenas, 8 personas con discapacidad, 4 personas afromexicanas, 3 personas de la diversidad sexual y 5 personas mexicanas migrantes y residentes en el extranjero por representación proporcional.
Esta determinación del INE permitió que de las 65 personas que ganaron elecciones por las acciones afirmativas, 36 son indígenas; 8 tienen alguna discapacidad; 6 son de origen afromexicanas; 4 son de la diversidad sexual y 11 son migrantes.
En otras palabras, el proceso del fortalecimiento de nuestra democracia, que abata las exclusiones y las discriminaciones, es resultado de la presión de movimientos sociales, de la adopción de medidas institucionales y de reformas al marco legal, como lo ha venido haciendo, por ejemplo, la comunidad mexicana migrante, cuyas luchas de décadas atrás ha contribuido a que actualmente exista un proceso de credencialización para mexicanos en el exterior, la implementación del voto a distancia y la lucha permanente por tener voz en los espacios de decisión con una real participación y la ampliación de su representación política.
Es en este marco, las acciones afirmativas han cumplido su propósito de corregir situaciones de discriminación y hacer efectivo el acceso a los mexicanos en el exterior a una igualdad real de oportunidades y a eliminar algunos obstáculos que limitan el ejercicio de sus derechos; pero que, por ser medidas especiales, específicas y de carácter temporal, ameritan su fortalecimiento.
En lo personal, como presidenta de la Comisión del Mexicano Migrante en Movimiento Ciudadano, desde 2014, iniciamos un proceso de trabajo conjunto con organizaciones y líderes migrantes en favor de la promoción y defensa de sus derechos. Con este esfuerzo logramos que Movimiento Ciudadano, independientemente de la Acción Afirmativa impulsada por el INE, postulara y contara con diputados migrantes desde la LXIII y LXIV Legislaturas y en la actual LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.
Continuaremos con el compromiso de alcanzar un cambio de visión sobre la forma en que se atiende la agenda migrante. En este sentido, como diputada federal en la LXIV Legislatura presente 3 iniciativas en apoyo a la comunidad mexicana migrante: 1. Iniciativa con la que se establece la figura de la Diputación Migrante, como un mecanismo que otorgue representación política y voz en los espacios de decisión a los migrantes; 2. Iniciativa con la que se establece dentro del Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE), la figura del Consejero Electoral Migrante, y 3. Iniciativa con la que se crea la Secretaría del Migrante a nivel federal para la atención del otro México que vive fuera de nuestras fronteras.
Desde la Comisión del Mexicano Migrante seguiremos trabajando para que en el país se creen disposiciones jurídicas e implementen políticas públicas para reducir la desigualdad en el goce y ejercicio de los derechos político – electorales de las personas migrantes.
