En la revisión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de la autodenominada 4T, llama la atención un caso: el del subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, quien obtiene ingresos por 3 vías: su salario de la SEP, su pensión del IMSS y ¡la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores! Esto quiere decir que además del millón 274 mil pesos anuales, 106 mil 166 pesos mensuales después de impuestos, que cobra por su cargo; y de su pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 95 mil 334 pesos anuales, 7 mil 944 pesos mensuales; también recibe su pensión de adultos mayores. Aunque este es un ingreso mucho más modesto, de unos 16 mil 800 pesos al año, el “subse” no lo perdona. ¿Qué no se supone que ese programa se creó hace casi 20 años por el entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, para apoyar a quienes más lo necesitan? A este paso, no dude que pronto las benditas redes sociales acaben por designar a don Juan Pablo como #LordPensiones.
¿El INE nunca garantizó elecciones?
Y a propósito del Instituto Nacional Electoral que según el presidente Andrés Manuel López Obrador, “nunca garantizó elecciones limpias”, nos recuerdan que habría que hacer un poco de historia para poner en tela de juicio la opinión del presidente. Bajo las reglas y organización del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy INE, el mismo mandatario, entonces siendo líder del PRD, aseguró haber tenido 5 triunfos democráticos en gobiernos locales, y haber llegado en votaciones libres a segunda fuerza en la Cámara de Diputados, en 1997. Como dirigente perredista alzó la mano a Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno en 1997, al hoy senador de Morena Ricardo Monreal como gobernador de Zacatecas en 1998; a Alfonso Sánchez Anaya como mandatario en Tlaxcala ese año, y al hoy también morenista Leonel Cota como gobernador de Baja California Sur. Todos triunfos democráticos, dijo. En contraste, su partido, Morena, vivió elecciones tachadas de fraudulentas por los participantes, lo que llevó a su anulación. Hoy aún no se realizan, porque no hay ni padrón confiable.
Se concreta la renuncia, sigue la necesidad en la CEAV
Nos cuentan que aunque desde el jueves pasado se sabía de la salida de Mara Gómez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ayer dedicó su día a dar por terminados sus asuntos dentro del organismo y tener todo listo para la entrega del cargo. Este martes, Gómez presentará su renuncia ante el Senado de la República por lo que la CEAV deberá quedar al mando de un encargado de despacho que determine la Junta de Gobierno, que se reunirá el miércoles. Él, o la encargada de despacho, nos dicen, tendrá que comenzar a trabajar con un muy limitado margen de maniobra presupuestal, pues días antes de decidir su dimisión doña Mara dijo públicamente que la comisión no tenía para pagar las rentas de sus inmuebles, y ni siquiera para costear el uso de teléfonos para la atención de las víctimas. La comisionada se va, la necesidad sigue.
Analiza la Corte postergar regreso
Nos comentan que en los próximos días el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el ministro Arturo Zaldívar, analizará la posibilidad de ampliar la suspensión de sus actividades presenciales hasta el 1 de agosto. Los ministros deberán decidir en sesión privada si mantendrán su reapertura gradual para el 1 de julio o si pueden ampliar sus medidas un mes más, con lo que la Corte permanecería cuatro meses a puerta cerrada. Como se ha venido haciendo desde el inicio de la emergencia sanitaria, la decisión del alto tribunal puede provocar que el Consejo de la Judicatura Federal siga el ejemplo y mantenga también sus puertas cerradas al público otro mes más.
