Le llamaban Juanito Pistolas. Cuando fue asesinado, tenía 16 años. Su cuenta de Facebook era un rosario de fotografías con armas y botellas de cervezas. Las de sus amigos, autonombrados La Tropa del Infierno, se asemejan. Fotos y fotos posando con metralletas, ocultando sus rostros con emoticons de caritas felices.
Dicen en Nuevo Laredo que su muerte desató una masacre, que mucha de la violencia que ha padecido la ciudad en los últimos meses, incluso en el último día de 2019, comenzó porque sus amigos, todos adolescentes, no perdonan al gobierno que haya matado a Juanito.
Un año antes, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo en Coahuila que hay 460 mil niños en México trabajando para organizaciones criminales. Dijo también: “No podemos dejar a esos niños como horizonte una vida de criminalidad”. En 2018, ingresaron a cárceles federales 101 mil menores; 270 casos fueron por asesinato, según el Inegi.
Ha pasado un año desde que Durazo tomó el cargo de secretario de Seguridad Pública y la situación no ha cambiado. El 30 de abril, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, decidió que darían prioridad a una estrategia para desmovilizar a los jóvenes que, voluntaria o forzadamente, trabajan para el crimen. Poco después, los funcionarios que estarían a cargo del proyecto fueron movidos a otras asignaciones, comenzó a priorizarse el despliegue de la Guardia Nacional y los niños fueron puestos en lista de espera. Funcionarios en el gobierno dicen que no hay trabas específicas a este tema, solo un desconocimiento rampante de su dimensión.
“La mejor forma de describir esta administración es omisión dolosa. Intencionalmente no han hecho lo que les corresponde. Este es un gobierno que hace más relaciones públicas que acciones”, dice Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México.
En los últimos meses, según fuentes federales, los únicos avances en este proyecto han sido la elaboración de un diagnóstico sobre cómo otros países, en especial Colombia, han desmovilizado a menores del crimen. Mientras tanto, las organizaciones civiles aseguran que el reclutamiento para la Guardia Nacional ha traído en el país, en paralelo, una leva reciente con la cual las organizaciones criminales pretenden también reforzar sus filas.
La historia conocida más reciente es la de Alfredo, un joven que fue secuestrado en Toluca con cuatro amigos, y llevado forzadamente a un campo de entrenamiento. Unos hombres, relata, los subieron a una camioneta, les taparon los ojos, los llevaron a una casa, luego a otra, y más tarde los movieron a Guerrero. Allí primero debía lavar camionetas. Luego, comenzaron a entrenarlos para “ganar una batalla”. Alfredo habla y le tiemblan las manos, las piernas. Sabe que está vivo por un hecho fortuito.
“Estábamos en un pueblito y llegó el gobierno. Estaba en el baño. Cuando salí ya ninguno de mis compañeros estaba. Al ver las camionetas del gobierno me desequipé de todo lo que me habían dado. Dejé todo en un árbol. Caminé hacia ellos. Les pedí ayuda”, relató al diario El Sur de Guerrero. Ocurrió en Zirándaro, un municipio cuyos habitantes llevan meses denunciando que 120 familias tuvieron que huir por la violencia.
Cuando le preguntaron a finales de noviembre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó que los jóvenes están en la mira del crimen. Dijo que los programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro están para alejarlos del reclutamiento. Revisé las bases de esos programas. Ninguno acepta integrantes menores de 18 años.
“Estamos muy lejos de ver resultados”, dicen, en voz baja, en los pasillos de Gobernación. Los niños, otra vez, tendrán que esperar.
@penileyramirez
