Germán Ruiz fue asesinado el 28 de mayo en Colima. Tenía 15 años. Le dispararon por la espalda, mientras él estaba hincado, con las manos atrás, y no veía a los asaltantes de la tienda en la que era cajero. El video de seguridad captó el momento cuando se tendió sobre el suelo, sin resistencia, después del ataque.
Un mes después, en Sonora, los medios publicaron la historia de Adán Ricardo, de cuatro años, cuyo cuerpo inerte quedó tendido en el asiento del coche de su padre. Casi en la misma posición, en otro automóvil, en marzo, un niño de dos años había sido asesinado en Tabasco. Los medios no publicaron su nombre.
En abril, la Red por los Derechos de la Infancia en México increpó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dijeron que, según cifras oficiales, habían matado en promedio a tres niños cada día de su administración, y otros cuatro habían sido desaparecidos. Él respondió que tenía otros datos, que era una cifra exagerada y que, si así fuera, habría preocupación en su gobierno.
En junio, una niña de ocho años fue asesinada en su casa en Acapulco, con tres de sus familiares. La fiscalía informó que el cuerpo había sido encontrado en el suelo, aún con su uniforme escolar. No publicaron su nombre.
En septiembre, cuando presentó su primer informe, la administración obradorista estimó que en 2019 serían asesinados 415 niños de entre 1 y 15 años. Para entonces, según cifras oficiales, la realidad había superado la estimación: habían matado ya a 796 menores, entre enero y septiembre.
El informe de gobierno no diferenció la cifra de los asesinatos entre 15 y 17 años, y las agrupó con los adultos. Dicen las organizaciones que es porque en ese rango se concentra la mayor cantidad de los homicidios donde están, entre otros, quienes caen mientras trabajaban para bandas criminales, voluntaria o forzadamente.
Más allá de los discursos, la nota roja siguió reseñando la estadística. En octubre, Fernanda, de cuatro años, fue asesinada en Iztapalapa. Unos días más tarde, dispararon contra dos niños, de 8 y 5 años, frente a su madre en una esquina de Ecatepec. Regresaban a casa después de pedir calaverita.
Entre enero y diciembre, 263 niñas fueron asesinadas en el país, en casos considerados como feminicidios por la activista María Salguero, quien lleva años elaborando un mapa de este delito en todo el país.
Comenzó en enero con Camila, de 9 años, asesinada en Valle de Chalco y agredida sexualmente. Siguió todo el año. Los más recientes han sido de Lucía, 17 años, asesinada en Culiacán cuando iba a los festejos de la Virgen de Guadalupe, y de Nazareth, de 15 años, estudiante de preparatoria, cuyo cuerpo fue hallado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo antes de Nochebuena.
“Siguieron con la misma estrategia iniciada por Calderón, continuada por Peña Nieto y profundizada por esta administración, pese a todas las advertencias”, dice Juan Martín Pérez García, quien lleva tres sexenios sumando cifras y diciendo públicamente que el problema es grave y urgente.
Dice Pérez García que desde hace tres meses ya ni le contesta el teléfono la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ni el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. “Antes al menos respondían, ponían una carita o algo. Ahora, ya nada”.
En Palacio Nacional no han divulgado cuáles son los “otros datos” de los que habló el presidente en abril. Mientras llegan, siguen muriendo por arma de fuego 8 de cada 10 menores de edad asesinados. Y sigue diciendo el gobierno federal de su estrategia ahora es distinta, pacifista, mientras aumenta el presupuesto del Ejército, mientras engrosa a la Guardia Nacional, mientras hay más de 8,000 menores desaparecidos, además de los muertos.
@penileyramirez
