-Ya vamos para la casa, mamá. Estamos saliendo de la comandancia —dijo Luisa Carrera al teléfono. Luego vino el silencio. La llamada seguía conectada, pero no se oía ningún ruido ni voz.
Era la noche del 26 de octubre de 2019. Horas antes, Luisa pidió a su madre que cuidara a sus dos niños. “Tienen detenido a Joel”, le contó. Fue a la comandancia en Ixtaczoquitlán, un pueblo cercano a Orizaba, en Veracruz.
Joel Reyes, comerciante de ropa, había sido detenido por policías municipales. Iba en un taxi a Fortín, a dejar la mercancía para el tianguis del domingo. Lo acompañaban Daniel García, Humberto Gil y Ricardo Montesinos, tres de sus empleados. Acusaron al taxista por una falta de tránsito. Los llevaron a todos y los ficharon.
Luisa llamó a su abogado. Horas más tarde, pagaron una fianza. En los videos de seguridad, los detenidos y quienes acudieron en su auxilio se ven hablando afuera de la comandancia, cerca de las 9:30 PM. “El video está editado”, dicen los familiares. Añaden que no se ve cuando se van, está cortado en varias partes y les impidieron ver las cámaras de otros ángulos de la escena.
– A esa hora mi hijo me habló. Me dijo que nomás estaban firmando unos papeles y se venían –dijo Joel padre.
Nunca llegaron a casa. Fueron secuestrados metros más adelante. Las familias hallaron la camioneta donde iban en un corralón municipal.
Es el tercer caso documentado de desapariciones en Ixtazcoquitlán después de haber sido detenidos por policías municipales y estatales, en menos de seis meses. Las familias se amontonan al teléfono: soy Joel, padre de Joel y Jorge, de 43 y 41 años. Soy Belén, su hermana. Soy Victoria, mamá de Luisa, de 30 años. Soy Carla, esposa de Ricardo, de 20 años. Soy Daniel, padre de Daniel, de 25. Soy Angélica, madre de Fernando, de 18.
El 6 de abril, Luis Daniel González, de 27 años, quien lavaba camiones en la estación local de autobuses, Francisco Arellano y otro conocido, fueron detenidos por beber en un coche. Los llevaron a la comandancia. No han regresado.
Fernando Trejo, Ciro Álvarez y Martín Flores desaparecieron el 8 de octubre. La madre de Fernando, Angélica Aguilar, cuenta que varios testigos escucharon cómo ordenaban por radio a los policías que pararan la camioneta donde iba su hijo. Tampoco han vuelto.
–Operan igual. Acuden, pagan y a unos metros son levantados –dice Belén Reyes.
Las familias atribuyen a Octavio Pérez, director de gobernación municipal, haber ordenado las desapariciones. Él dijo para esta columna que la policía solo depende de él en el ámbito administrativo y no operativo, que las imputaciones le están causando un gran daño a su familia, que niega haber ordenado alguna desaparición y que se ha sumado como institución al esclarecimiento del caso.
El gobernador Cuitláhuac García anunció investigaciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja por desaparición forzada. Las autoridades a quienes las familias acusan siguen en sus puestos y con acceso a la investigación, reclaman ellos. Pérez añadió que el municipio ya entregó los videos completos, sin editar.
La hermana de Joel y Jorge, asegura que sus hermanos pagaban derecho de piso a un grupo criminal para poder vender en los tianguis y no tenían otra relación con el crimen.
– Ya ni mandaban a nadie a cobrar. Nos dieron un número de tarjeta y ahí les depositamos. Tenemos que pagar para que nos den permiso de ganarnos el pan de cada día –dijo.
Durante dos semanas, han visto el teléfono de su hermano conectado a WhatsApp. Las familias aseguran que las autoridades han demorado diligencias para localizarlo por GPS y obtener los registros de llamadas. La fiscalía dice que no darán entrevistas.
Inquiero a todos qué opinan de la actuación oficial. “Nos preguntan si andaban en malos pasos, si tenían amantes. Los malos mandan aquí, todo es una vil corrupción, siempre desaparece gente”, responden. Mientras, hablan de los suyos en presente, cuentan los días, las horas que han pasado sin respuestas.
@penileyramirez
