Lucía Tadeo no ha hecho cuarentena. Lleva tres meses desplazándose cinco días a la semana en transporte público, desde Iztapalapa a la colonia Del Valle, para cumplir con sus guardias afuera de la agencia Notimex, donde por casi seis años fue redactora. Ha vivido la pandemia sentada en un campamento, en la banqueta del edificio. Le pido que pose para una fotografía. Se acomoda su cubrebocas y se planta frente a un cartel donde lleva la cuenta de sus días en huelga. Hasta ayer, eran 84.
Durante el proceso de elaboración de esta columna, envié a la directora de Notimex correos electrónicos, mensajes y le llamé por teléfono. Nunca hubo respuesta. Tampoco en la cuenta oficial de Notimex respondieron a una solicitud de entrevista. Martínez ha dicho que las protestas de los empleados se deben a resistencias luego de que ella ha combatido la corrupción en Notimex.
La agencia está en huelga desde el 21 de febrero, una semana antes de que se detectara en México el primer caso de coronavirus. De los casi 80 huelguistas, 7 de cada 10 son mujeres. Varias relatan que las acusan de corruptas, sin pruebas; dicen que han sido ofendidas, en redes sociales, con acusaciones de que tenían relaciones con sus compañeros, que eran amantes de los jefes.
Las huelguistas confiesan: no creyeron que México pasaría a la fase 2, a la 3, y ellas seguirían allí “aguantando lluvia, frío, calor, exponiéndonos al virus, poniendo en riesgo a nuestras familias”, dice Gloria Islas, reportera de política y huelguista. “Nosotros siempre pensábamos: claro, se va a arreglar, en una semana, dos semanas, pensábamos que en horas”, añade Adriana Urrea, secretaria general del sindicato y reportera de la agencia durante 17 años.
Han pasado tres meses y Notimex sigue produciendo cables diariamente. Las huelguistas aseguran que operan desde “una sede alterna e ilegal”, rentada. Este 13 de mayo, la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó a la agencia que paren labores. Reafirmaron una orden de marzo, que Notimex no ha cumplido, aludiendo que son argucias legales y chantajes de los trabajadores. Después de la orden de la Junta, a los reporteros activos les llegó una orden de trabajo, como un día normal, cuya copia obtuve para este texto.
En estos meses, Urrea asegura que han interpuesto más de 45 denuncias contra la directora ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Martínez ha dicho a la prensa que ella también ha puesto denuncias contra exempleados, por corrupción. La oficina de prensa de la SFP no respondió a una solicitud para confirmar esta información.
Gloria ha tenido que dejar a su hijo con su mamá para participar en la huelga. Tiene miedo de contagiarse, pero no piensa abandonar su puesto. “Nosotros vamos por la justicia y a enfrentar el poder, porque esta señora es periodista, pero también tiene el poder, y lo ejerce contra nosotros, nos acosa, nos difama. Ha sido horrible”.
@PenileyRamirez