Cuando sonó el teléfono, Blanca Hernández llevaba casi 24 horas sintiéndose mal. Creía que tenía coronavirus y que se había contagiado cinco días antes. El 3 de julio fue a Álamo Temapache, al norte de Veracruz, donde entregaron casi 500 pagos de las becas Benito Juárez. Ya no era empleada del programa cuando viajó, pero no lo sabía.
Subió a una camioneta con otros compañeros y se trasladaron desde Tuxpan. Todo el día atendieron pobladores. En esa semana estuvo en otras seis localidades. Cada viaje era un riesgo de contagio, pero necesitaba su trabajo. En algún momento, pescó una infección. La noche cuando recibió la llamada —8 de julio— estaba en casa, aterrada porque se creía una enferma más de la pandemia
—Le llamo para informarle que ya no trabaja con nosotros, a partir del 30 de junio —dijo un hombre al teléfono. Se identificó como colaborador de la delegada local de la Secretaría de Bienestar.
—Pero hoy es 8 de julio, ¿por qué no me avisaron antes? ¿Y el pago de estos días y los viáticos que me deben desde marzo? —preguntó ella, sin entender por qué la despedían ahora y por teléfono.
—Llame a recursos humanos en Xalapa para que le resuelvan sus dudas. Recibí un correo electrónico con una lista de despedidos y usted está en la lista —replicó él, y colgó.
Unos minutos más tarde, el hombre tuvo una conversación similar con Laura Olivares, madre de tres niños, quien trabajó en el programa desde que se llamaba Oportunidades, en 2013 y luego cuando cambió su nombre a Prospera, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Llamé al día siguiente a Xalapa y el encargado de recursos humanos me dijo que no me avisó antes porque se le olvidó. Ahora estoy enferma y sin trabajo”, dice al teléfono, con la respiración agitada. No ha podido hacerse una prueba de Covid-19, pero afirma que tiene todos los síntomas.
Las mujeres comenzaron a recopilar información. Descubrieron que hay otros despedidos, también enfermos, cuyo único rasgo en común es que trabajaron en el programa desde gobiernos anteriores. Los despidos iniciaron cuando llegó a la delegación local María de Jesús Aguirre, quien estuvo antes en Pánuco, donde la prensa local registró también ceses repentinos y sin causa aparente. Al mismo tiempo que trabaja en Bienestar, Aguirre es suplente de la diputada federal de Morena por Nayarit, Carmina Regalado. No respondió a una solicitud de entrevista.
Hernández y Olivares dicen por separado que están convencidas de que está en curso una operación para sacar a empleados y contratar a operadores políticos de Morena. Y que como sus jefes se saben impunes, las despiden sin pagarles su media quincena, ni los viáticos, ni preocuparse por cómo se atenderán, aun si se enfermaron en el trabajo.
“Pero esas becas son el gran programa de esta administración. El presidente ha dicho que se está atendiendo a los pobres como nunca se hizo”, les digo. Las dos contestan: no es verdad, el programa ahora es un desastre y no tenemos viáticos, material de trabajo, ni nada.
Reviso las estadísticas oficiales y es casi imposible saber cuántos beneficiarios hay en el programa versus cuántos había en 2018. Pregunto con especialistas que siguen el tema. Dicen que antes había 5.9 millones de alumnos en becas de Prospera. Ángel Pérez Padilla, investigador de políticas públicas, me ayuda a procesar la base oficial, que ahora aparece en línea. Ahí aseguran que en 2020 hay 7.9 millones de beneficiarios en las nuevas becas Benito Juárez.
Ha crecido en más de dos millones las becas para jóvenes, de 1.5 a 4 millones de beneficiarios, mientras casi un millón de niños de primaria y secundaria se quedaron sin beca. “Les están dando el dinero a esos chicos de educación media superior porque el año que viene hay elecciones y muchos van a votar por primera vez. Es el mismo programa clientelar que siempre fue”, dice Blanca.
Ellas no creen que vayan a recontratarlas. Pero quieren su dinero y una explicación. Quieren que el gobierno que prometió transformar México no haga más de lo mismo que siempre dijo combatir.
@PenileyRamírez
